“Este 3J no marchamos sólo por memoria: marchamos por respuestas, por presupuesto, por refugios, por justicia y por una vida libre de violencias para mujeres, niñas y diversidades.”
El 3 de junio no es una fecha más en la Argentina. Es una herida abierta. Es memoria, es denuncia y es también una forma colectiva de decir que no aceptamos vivir con miedo. Desde aquella primera movilización masiva de Ni Una Menos en 2015, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, niñas y diversidades venimos poniendo el cuerpo en las calles para gritar una verdad que el Estado todavía no termina de asumir: la violencia machista mata, y cuando las instituciones llegan tarde, cuando minimizan, cuando desfinancian, cuando niegan o cuando abandonan, también son responsables.
Este 3J nos encuentra otra vez con dolor. Nos encuentra con bronca. Nos encuentra pronunciando un nombre que no debería estar escrito en una noticia policial: Agostina.
Agostina era una niña. Tenía 14 años. Tenía sueños, vínculos, una historia, una familia, amistades, una vida por delante y el derecho elemental a vivir. Durante una semana la buscaron. Durante una semana su familia, sus seres queridos y una sociedad entera exigieron que se actuara con urgencia, porque cada hora importaba. En los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, el tiempo no es un detalle administrativo: el tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Agostina apareció asesinada.
No alcanza con decir que la mató su femicida. También hay que mirar de frente el entramado de responsabilidades que hace posible que las violencias lleguen hasta sus consecuencias más extremas. La violencia de género no empieza con el asesinato. Empieza mucho antes: en los avisos que nadie escucha, en las denuncias que no se toman, en las búsquedas que no se activan con celeridad, en las niñas que no son protegidas, en las familias que tienen que gritar para que las escuchen, en los funcionarios que se esconden detrás de discursos burocráticos y en una sociedad que todavía discute si la violencia machista existe.
Cuando una niña aparece asesinada, no puede hablarse de operativo exitoso. No puede haber triunfalismo institucional. No puede haber conferencia de prensa para ordenar el relato antes de ordenar las responsabilidades. No se puede premiar a perros, posar ante las cámaras ni transformar el horror en gestión comunicacional. Una familia perdió a una hija. Una comunidad perdió a una niña. Y el Estado debe dar explicaciones.
En el caso Agostina, las preguntas son urgentes: ¿qué se hizo durante los primeros momentos de la búsqueda?, ¿qué protocolos se activaron?, ¿qué señales fueron ignoradas?, ¿por qué se llegó tarde?, ¿quiénes deben responder políticamente?, ¿quiénes deben responder judicialmente? La indignación social no surge de la nada: surge de la experiencia acumulada de ver, una y otra vez, cómo las instituciones fallan cuando se trata de proteger a mujeres, niñas y adolescentes.
Por eso el reclamo de renuncia del ministro Quinteros y del fiscal Garzón no es un gesto vacío. Es una exigencia política frente a la falta de respuestas. Cuando las instituciones no están a la altura, no alcanza con lamentar. Hay que asumir responsabilidades.
Ni Una Menos: una consigna que sigue vigente
Ni Una Menos nació como grito colectivo frente a los femicidios. Pero con el paso de los años se convirtió también en una denuncia mucho más amplia: contra todas las formas de violencia que atraviesan nuestras vidas. La violencia física es la más visible, pero no es la única. La Ley 26.485 reconoce distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. También reconoce modalidades como la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática, contra la libertad reproductiva, en el espacio público y pública-política.
La violencia física aparece cuando el cuerpo es golpeado, empujado, quemado, lastimado o amenazado. La violencia psicológica aparece en la humillación, el control, el aislamiento, los celos excesivos, la manipulación, el descrédito, la vigilancia y el miedo. La violencia sexual aparece cuando se vulnera el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, la vida sexual o reproductiva, incluso dentro de una pareja. La violencia económica aparece cuando se controla el dinero, se limita la autonomía, se impide trabajar, se destruyen bienes, se retienen ingresos o se paga menos por igual tarea. La violencia simbólica aparece en los discursos, imágenes, mensajes y valores que naturalizan que las mujeres valemos menos. La violencia política aparece cuando se obstaculiza nuestra participación en la vida pública o se nos castiga por intervenir, opinar, militar o exigir derechos.
Estas violencias no funcionan aisladas. Se combinan. Una mujer puede estar sufriendo violencia doméstica, económica y psicológica al mismo tiempo. Una trabajadora puede padecer violencia laboral y económica cuando es precarizada, hostigada o despedida por reclamar. Una madre que cría sola puede ser violentada por un Estado que le quita recursos, no le garantiza vivienda, no le asegura alimentos y la obliga a elegir entre pagar el alquiler o comer. Una niña puede ser víctima de violencia institucional cuando su desaparición no activa todos los mecanismos de búsqueda de manera inmediata y seria.
La violencia machista no es solamente el golpe. Es también el abandono.
Las cifras muestran una emergencia
A once años del primer Ni Una Menos, los números siguen siendo insoportables. Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. En ese mismo período hubo un femicidio cada 31 horas. No son números fríos: son vidas arrancadas, familias destruidas, infancias sin madres, comunidades enteras atravesadas por el dolor.
En lo que va de 2026, el panorama también es gravísimo. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo hubo 99 víctimas fatales de violencia machista: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 travesticidios/transfemicidios. Además, el informe señala que en el 85% de los casos registrados en estos once años el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, y que el 63% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor.
Esto confirma algo que el feminismo viene diciendo hace años: muchas veces el lugar más peligroso para una mujer no es la calle, sino su propia casa. Y por eso las políticas públicas no pueden ser optativas ni decorativas. Se necesitan refugios, asistencia económica, patrocinio jurídico gratuito, equipos interdisciplinarios, botones antipánico que funcionen, tobilleras, seguimiento real de las denuncias, capacitación obligatoria, fiscalías especializadas, acceso a vivienda y respuestas rápidas.
MuMaLá también relevó que entre enero y abril de 2026 hubo 90 femicidios y 356 tentativas. Es decir: además de las mujeres que fueron asesinadas, hubo cientos que sobrevivieron a intentos de femicidio. Sobrevivieron, en muchos casos, con lesiones, miedo, secuelas físicas, psicológicas, económicas y familiares. La violencia extrema no termina en el hecho: continúa en los procesos judiciales eternos, en la revictimización, en la falta de reparación y en la ausencia de acompañamiento estatal sostenido.
El Estado es responsable cuando abandona
Decir “el Estado es responsable” no significa negar la responsabilidad penal del agresor. Significa comprender que el femicidio no ocurre en el vacío. Ocurre en una sociedad desigual, con instituciones que muchas veces no previenen, no protegen, no investigan con perspectiva de género y no garantizan condiciones materiales para que una mujer pueda salir de una situación de violencia.
El Estado es responsable cuando una denuncia no se escucha. Es responsable cuando una medida de protección no se controla. Es responsable cuando una mujer pide ayuda y la mandan a su casa. Es responsable cuando una niña desaparece y la búsqueda no se activa con la urgencia necesaria. Es responsable cuando las víctimas tienen que peregrinar por comisarías, fiscalías, juzgados, hospitales y oficinas públicas para que alguien crea en su palabra. Es responsable cuando se desmantelan políticas públicas.
Y en este punto hay que decirlo con claridad: el gobierno de Javier Milei profundizó un retroceso gravísimo en materia de políticas de género. No se trata solamente de un discurso hostil contra el feminismo. Se trata de decisiones concretas. El cierre o vaciamiento de áreas, el desfinanciamiento de programas, la eliminación de partidas identificables y la reducción de dispositivos de atención impactan directamente sobre la vida de las mujeres.
El Programa Acompañar, que había sido creado para brindar apoyo económico y acompañamiento a personas en situación de violencia de género, sufrió un recorte brutal. La Línea 144, principal canal de atención para situaciones de violencia, perdió recursos y trabajadoras. La desaparición de partidas específicas vuelve más opaco el presupuesto: si no se sabe cuánto se asigna y cuánto se ejecuta, también se dificulta exigir rendición de cuentas. La opacidad también es una forma de abandono.
A la violencia directa de los agresores se suma la violencia económica que produce el ajuste. Porque cuando un gobierno recorta alimentos, salud, educación, asistencia social, jubilaciones, discapacidad, programas de acompañamiento, acceso a la justicia y políticas habitacionales, quienes más lo sufren son las mujeres y las infancias. Las mujeres somos mayoría en los hogares monomarentales. Somos quienes sostenemos gran parte de las tareas de cuidado no remuneradas. Somos quienes muchas veces trabajamos en condiciones más precarias, con salarios más bajos, informalidad y dobles o triples jornadas.
La violencia económica no es una metáfora. Es no poder irse de una casa violenta porque no alcanza para alquilar. Es seguir conviviendo con un agresor porque no hay refugios suficientes. Es depender del dinero de quien violenta. Es no tener trabajo formal. Es no poder pagar transporte para ir a denunciar. Es no tener quien cuide a los hijos para asistir a una audiencia. Es endeudarse para comer. Es criar en soledad mientras el Estado se retira.
Por eso, cuando hablamos de violencia de género, también hablamos de salario, vivienda, alimentos, salud, educación, trabajo, cuidados y presupuesto. Sin autonomía económica, muchas mujeres quedan atrapadas en círculos de violencia. Y cuando el Estado ajusta sobre esas condiciones materiales, no es neutral: profundiza la desigualdad.
El refugio desalojado por Jorge Macri: una postal del abandono
En la Ciudad de Buenos Aires, el desalojo del histórico Refugio Mariquita Sánchez durante la gestión de Jorge Macri es una imagen concreta del rumbo político actual. Un refugio no es un edificio cualquiera. Es un dispositivo de protección para mujeres, disidencias e infancias que atraviesan situaciones extremas de violencia. Es, muchas veces, la diferencia entre seguir con vida o volver al lugar del riesgo.
Las trabajadoras denunciaron vaciamiento, reducción de plazas, precarización laboral y traslado compulsivo a un espacio más chico. En un país donde los femicidios no bajan y donde muchas víctimas no tienen redes ni recursos para escapar, desalojar o reducir la capacidad de un refugio es una decisión política gravísima. No hay discurso de eficiencia que pueda justificar el debilitamiento de espacios de protección.
La pregunta es simple: si una mujer tiene que huir esta noche de su casa porque su vida corre peligro, ¿adónde va? Si tiene hijos, ¿quién la recibe? Si no tiene plata, ¿quién la sostiene? Si no hay refugios, si no hay programas, si no hay equipos, si no hay asistencia, si no hay acceso real a la justicia, entonces la consigna “denunciá” se vuelve una trampa cruel. Denunciar sin red de protección puede dejar a la víctima aún más expuesta.
Por eso no alcanza con campañas de sensibilización. Se necesitan políticas públicas con presupuesto. Se necesitan refugios abiertos, cuidados, fortalecidos y con trabajadoras reconocidas. Se necesita una red federal de asistencia que no dependa de la voluntad política del funcionario de turno. Se necesita entender que cada recorte puede traducirse en más riesgo.
La violencia institucional también mata
La violencia institucional aparece cuando los organismos del Estado obstaculizan, retardan o impiden el acceso a políticas públicas. En materia de género, esto se ve todos los días: comisarías que no toman denuncias, fiscalías que no investigan con urgencia, juzgados que dictan medidas que nadie controla, hospitales que revictimizan, municipios que no acompañan, funcionarios que minimizan y gobiernos que desarman dispositivos.
El caso de Agostina duele porque vuelve a poner en el centro una pregunta insoportable: ¿qué pasa cuando una niña desaparece y el Estado no llega a tiempo? No podemos naturalizar que las familias tengan que convertirse en investigadoras, comunicadoras, abogadas, buscadoras y voceras del dolor para que el caso avance. No podemos aceptar que la búsqueda dependa del ruido público. No podemos tolerar que después del peor final las instituciones intenten administrar el relato.
La sociedad no necesita funcionarios preocupados por la foto. Necesita funcionarios capaces de prevenir, actuar, proteger, investigar y responder. Necesita fiscales que trabajen con perspectiva de género y niñez. Necesita fuerzas de seguridad que no subestimen las desapariciones. Necesita protocolos reales y no papeles archivados.
Cuando una niña aparece asesinada, no hay operativo exitoso. Hay fracaso institucional.
Contra el negacionismo de la violencia de género
En los últimos años creció un discurso peligroso: el que niega la violencia de género, ridiculiza al feminismo, habla de “ideología”, instala la idea de las “denuncias falsas” como problema central y cuestiona la figura del femicidio. Ese discurso no es inocente. Tiene consecuencias. Si se niega el problema, se desfinancian las respuestas. Si se ridiculiza a las víctimas, se desalienta la denuncia. Si se instala sospecha sobre la palabra de las mujeres, se fortalece la impunidad.
El femicidio no significa que la vida de una mujer valga más que la de un varón. Significa reconocer que hay mujeres que son asesinadas por razones de género, en contextos de desigualdad, dominación, control, odio, posesión o violencia machista. Nombrar el femicidio permite entender el fenómeno, medirlo, investigarlo, prevenirlo y sancionarlo. Lo que no se nombra, se oculta. Y lo que se oculta, se reproduce.
Negar la violencia de género en la Argentina, con miles de mujeres asesinadas desde el primer Ni Una Menos, no es una opinión: es una forma de complicidad política.
Este 3J volvemos a las calles
Este miércoles 3 de junio volvemos a marchar. Volvemos por Agostina. Por las que faltan. Por las que no aparecen porque la policía no las busca. Por las que denunciaron y no fueron protegidas. Por las que no pudieron denunciar. Por las que viven con miedo. Por las madres que buscan. Por las hijas que quedaron sin madre. Por las trabajadoras precarizadas. Por las niñas abusadas. Por las mujeres en situación de calle. Por las migrantes. Por las jubiladas. Por las mujeres con discapacidad. Por las lesbianas, travestis, trans y no binaries que también son víctimas de violencias específicas y muchas veces invisibilizadas.
Marchamos porque no queremos más discursos vacíos. Queremos presupuesto. Queremos refugios. Queremos justicia. Queremos asistencia económica para salir de la violencia. Queremos patrocinio jurídico gratuito. Queremos salud mental. Queremos acceso a vivienda. Queremos que la Línea 144 funcione con recursos suficientes. Queremos que se cumpla la Ley Micaela. Queremos que se cumpla la Ley 26.485. Queremos que el Estado deje de mirar para otro lado.
Marchamos también contra la violencia económica a la que nos somete este modelo de ajuste. Porque no hay libertad posible si una mujer no puede alimentar a sus hijos. No hay libertad si una madre no puede pagar un alquiler. No hay libertad si una trabajadora cobra menos, trabaja más y encima sostiene tareas de cuidado invisibles. No hay libertad si una víctima tiene que elegir entre seguir viva o quedarse en la calle.
Este 3J la consigna vuelve a ser urgente: Ni Una Menos. Pero también decimos: vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
Agostina no es un expediente. No es un caso más. No es una placa roja. Agostina era una niña. Y una sociedad que no puede proteger a sus niñas tiene la obligación de interpelarse hasta el fondo.
Hoy nos duele Agostina.
Nos duelen todas las pibas que ya no están.
Nos duele la indiferencia, la negligencia y la impunidad.
Pero también nos sostiene la memoria colectiva de un movimiento que no se calla. Porque frente al abandono, organizamos cuidado. Frente al ajuste, exigimos derechos. Frente al negacionismo, respondemos con datos, con nombres y con cuerpos en la calle. Frente al miedo, construimos comunidad.
Este miércoles 3 de junio salgamos a marchar en cada plaza, en cada barrio, frente a cada municipio, en cada ciudad del país.
Por Agostina.
Por las que faltan.
Por las que seguimos buscando.
Por las que vienen.
Ni Una Menos.
El Estado es responsable.
