En el Honorable Concejo Deliberante de Luján se tratará un proyecto de resolución que expresa beneplácito por una iniciativa legislativa nacional que propone endurecer las penas por falsas denuncias, incluyendo aquellas vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género.
El proyecto local fue presentado por concejales vinculados a La Libertad Avanza, entre ellos Florencia Price, Noelia Etlis, Micaela Belén Varela y Alexis Emanuel Hasen.
El texto sostiene que existe una “proliferación de denuncias falsas” que estaría afectando la credibilidad del sistema judicial y propone acompañar el endurecimiento de sanciones para estos casos.
Sin embargo, el proyecto ya genera un fuerte rechazo desde sectores jurídicos, académicos y de defensa de derechos humanos, que lo consideran regresivo, inconstitucional en su enfoque y peligroso para las infancias.
Un cambio de paradigma que el proyecto intenta revertir
El núcleo del problema es claro: el proyecto invierte la lógica de protección.
Mientras el sistema jurídico argentino —en línea con estándares internacionales— evolucionó hacia la protección activa de las víctimas, esta iniciativa vuelve a colocar el foco en la sospecha sobre quienes denuncian.
Esto no es menor.
El sistema de protección integral establecido por la Ley 26.061 reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, garantizando su integridad física, psíquica y sexual, y obligando al Estado a intervenir ante cualquier situación de vulneración.
En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13.298 refuerza este esquema, estableciendo la prioridad absoluta del interés superior del niño.
Ambas normas son de orden público.
No son opcionales.
Tratados internacionales: obligaciones que el Estado no puede eludir
El proyecto también colisiona con obligaciones internacionales asumidas por Argentina.
La Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados el deber de proteger a las infancias contra toda forma de violencia, incluyendo el abuso sexual.
La Convención de Belém do Pará establece que la violencia contra mujeres y niñas es una manifestación de relaciones de poder desiguales y obliga a actuar con debida diligencia.
La CEDAW, a través de su Recomendación General 35, exige respuestas reforzadas frente a la violencia de género.
Esto implica algo clave:
el Estado no puede adoptar medidas que desalienten la denuncia o debiliten la protección.
Por qué el abuso sexual infantil es de instancia pública
Uno de los puntos más importantes que ignora el proyecto es la evolución normativa.
Con la Ley 27.455, Argentina modificó el Código Penal y estableció que los delitos contra la integridad sexual son de instancia pública cuando la víctima es menor de edad.
Esto responde a una realidad estructural:
- los abusos ocurren en ámbitos privados
- las víctimas dependen de sus agresores
- muchas veces no pueden denunciar
Delegar la denuncia en la víctima o su entorno implicaba garantizar impunidad.
Por eso el Estado asumió la obligación de actuar de oficio.
Retroceder en este punto es jurídicamente inadmisible.
El mito de las falsas denuncias
El discurso central del proyecto se apoya en una idea que no tiene respaldo empírico sólido: la supuesta proliferación de denuncias falsas.
Los datos de UNICEF Argentina muestran lo contrario:
- 1 de cada 10 mujeres sufrió abuso sexual en la infancia
- más del 70% de los agresores pertenece al entorno cercano
- la mayoría de los casos no se denuncia
El problema no es el exceso de denuncias.
Es el silencio.
Impunidad y revictimización: el verdadero problema
Los niveles de impunidad en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes siguen siendo extremadamente altos.
Pero no por denuncias falsas.
Sino por:
- dificultades probatorias
- falta de perspectiva de género
- prejuicios judiciales
- revictimización
El Ministerio Público Fiscal y organismos especializados advierten que muchas víctimas son sometidas a múltiples declaraciones, evaluaciones innecesarias y procesos que reproducen el trauma.
El problema del sistema no es el abuso de denuncias.
Es su incapacidad para responder adecuadamente.
El uso de teorías sin sustento: el falso SAP
El proyecto se inscribe en una línea discursiva que suele apoyarse en conceptos como el “síndrome de alienación parental”.
Este concepto ha sido ampliamente cuestionado.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual advirtió que carece de sustento científico y que su uso vulnera derechos de niñas, niños y mujeres.
Su aplicación en contextos judiciales ha sido señalada como una forma de desacreditar denuncias de abuso.
Lo que dicen los especialistas
Las principales voces en la materia coinciden en el diagnóstico.
Rita Segato explica que la violencia sexual responde a estructuras de poder, no a conflictos individuales.
Sonia Vaccaro denuncia el uso de herramientas judiciales para invalidar relatos de víctimas.
Liliana Hendel sostiene que el problema es la violencia real, no denuncias inexistentes.
Jorge Garaventa advierte que el ámbito familiar no es necesariamente seguro.
Y Carlos Rozanski ha señalado que la impunidad en estos delitos es estructural y alarmante.
La contradicción política
El discurso sobre las falsas denuncias también presenta inconsistencias políticas.
Dentro del propio espacio de La Libertad Avanza existen antecedentes de dirigentes imputados por violencia de género y delitos sexuales.
Esto no implica culpabilidad —que debe ser determinada por la justicia—, pero sí evidencia una contradicción en el uso selectivo del argumento.
Un proyecto peligroso
Lo que se discute en Luján no es una cuestión menor.
Es si el Estado va a seguir protegiendo a las infancias o si va a retroceder hacia un modelo que las deja expuestas.
Este proyecto:
- debilita la protección integral
- desalienta denuncias
- reproduce estereotipos de género
- ignora evidencia empírica
- contradice normas nacionales e internacionales
No fortalece la justicia.
La debilita.
Y en delitos donde el silencio es el principal aliado del agresor, cualquier medida que genere miedo a denunciar no es neutral.
Es funcional a la impunidad.
