Por momentos, la escena parece repetida. Una mujer en el suelo, rodeada de uniformes, manos que sujetan, voces que ordenan. Pero esta vez hay un detalle que incomoda más que otros: la mujer tiene discapacidad motriz. No puede defenderse con la misma rapidez. No puede escapar. No puede siquiera incorporarse con facilidad.
Ocurrió en Flores, en la intersección de Nazca y Avellaneda, uno de los corredores comerciales más intensos de la Ciudad de Buenos Aires. Un operativo de control sobre la venta ambulante terminó con una mujer golpeada brutalmente por efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público. Las imágenes circularon rápido. Y con ellas, una sensación difícil de disimular: algo ahí no cerraba.
No se trata solo del uso de la fuerza. Se trata de contra quién se ejerce.
La escena y lo que muestran las imágenes
Los videos que se difundieron muestran a la mujer siendo empujada y luego inmovilizada. Está en el suelo. Hay al menos dos agentes interviniendo directamente. No hay una amenaza evidente. No hay violencia previa visible por parte de ella. Sí hay un operativo. Sí hay decomiso de mercadería. Sí hay tensión.
Testigos señalaron que la mujer se desplazaba con dificultades y que intentaba evitar que le quitaran sus pertenencias. La secuencia, breve pero contundente, abre interrogantes sobre la proporcionalidad del accionar.
En operativos de este tipo, la normativa es clara: el uso de la fuerza debe ser el último recurso, progresivo y adecuado a la situación. La presencia de una persona con discapacidad, además, obliga a extremar cuidados. No es un detalle. Es un principio.
Lo que dice el derecho y lo que ocurre en la calle
Argentina no solo reconoce derechos en abstracto. Tiene compromisos concretos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada con jerarquía constitucional, establece la obligación de garantizar la integridad física y el trato digno, especialmente frente a intervenciones estatales.
También la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 23, obliga a adoptar medidas de acción positiva para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, las personas con discapacidad.
Sin embargo, la distancia entre el marco normativo y la práctica cotidiana aparece, otra vez, en primer plano.
Porque la pregunta no es únicamente si el procedimiento fue legal. Es si fue legítimo.
El trasfondo: vender en la calle para sobrevivir
Para entender lo que pasó en Flores, hay que correrse un poco de la escena puntual. Mirar alrededor. Mirar el contexto.
Las pensiones no contributivas por invalidez representan hoy el 70% de una jubilación mínima. En números concretos, eso se traduce en ingresos que, aún con refuerzos extraordinarios, quedan lejos de cubrir necesidades básicas. A eso se suma la dificultad estructural de acceso al empleo formal para personas con discapacidad.
El resultado es visible en las calles: más personas vendiendo, más personas buscando generar ingresos por fuera del sistema formal, más exposición a controles y operativos.
No es una elección libre en muchos casos. Es una salida posible dentro de un margen cada vez más estrecho.
Control urbano y zonas grises
La Ciudad de Buenos Aires sostiene desde hace años una política activa de ordenamiento del espacio público. En barrios como Flores, donde la actividad comercial es intensa, los operativos son frecuentes.
El argumento oficial apunta a garantizar la circulación, evitar la competencia desleal y ordenar la actividad económica. Pero en la práctica, estos procedimientos suelen desplegarse sobre los eslabones más débiles: vendedores informales, muchos de ellos en situaciones de alta vulnerabilidad.
Ahí aparece una tensión difícil de resolver: entre el control y el cuidado.
¿Hasta dónde llega la necesidad de ordenar? ¿Dónde empieza la obligación de proteger?
Violencia institucional: una categoría que vuelve
Distintas organizaciones calificaron el episodio como un caso de violencia institucional. El concepto no es nuevo, pero tampoco es menor. Refiere a prácticas del Estado que, en lugar de garantizar derechos, los vulneran, especialmente cuando hay abuso de poder o uso desproporcionado de la fuerza.
En este caso, la condición de discapacidad agrava la situación. No solo por la vulnerabilidad física, sino por el estándar reforzado de protección que exige el derecho internacional.
La escena, entonces, deja de ser un hecho aislado. Pasa a ser un síntoma.
El silencio oficial y la construcción del relato
Hasta el momento, no hubo un informe detallado por parte de las autoridades sobre lo ocurrido. Tampoco precisiones públicas sobre el estado de salud de la mujer.
Ese vacío también construye sentido.
Porque en ausencia de una versión oficial clara, lo que queda es la imagen. Y las imágenes, en estos casos, suelen ser más elocuentes que cualquier comunicado.
Más allá del caso: lo que interpela
Lo que ocurrió en Flores no se agota en una intervención puntual. Interpela algo más profundo: la forma en que el Estado se vincula con quienes quedan en los márgenes.
Una persona con discapacidad, en la calle, intentando sostener un ingreso mínimo, frente a un operativo estatal que termina con esa persona vulnerada. La escena condensa múltiples capas: desigualdad, fragilidad, control, poder.
Y también una pregunta que excede a este caso:
¿Qué tipo de respuesta construye una sociedad frente a quienes no logran sostenerse dentro de las reglas formales?
Entre la norma y la realidad
Las leyes son claras. Los tratados también. La obligación de proteger, de cuidar, de no dañar, está escrita.
Pero en la calle, en el momento concreto, en la decisión de un agente, todo eso se pone a prueba.
Y no siempre sale bien.
Una escena que queda
La mujer en el suelo. Los uniformes alrededor. El decomiso. La calle que sigue.
La escena ya circuló. Ya generó rechazo. Ya abrió debate.
Lo que queda por ver es si también genera algo más: revisión, cambios, o al menos, una discusión incómoda pero necesaria sobre cómo se ejerce el poder en lo cotidiano.
Porque a veces, en esos segundos donde alguien es brutalmente golpeado por las fuerzas policiales, se ve más de un sistema que en cualquier discurso.
