Cada miércoles, un grupo de jubilados y jubiladas se autoconvoca frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Lo hacen para reclamar una vejez digna: mejoras en sus jubilaciones, el poder adquisitivo perdido y el respeto a sus derechos previsionales. Lejos de obtener respuestas favorables, estas manifestaciones pacíficas se encuentran semana tras semana con un megaoperativo policial dispuesto por el gobierno de Javier Milei a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El resultado ha sido una preocupante escalada de represión, con detenciones, heridos –incluso periodistas golpeados– y escenas de violencia estatal que evocan tiempos oscuros de la Argentina. A continuación, explicamos desde cuándo y por qué protestan los jubilados, cuáles son sus demandas, cómo las políticas de ajuste del gobierno afectan a los adultos mayores, y por qué la respuesta represiva ha desatado fuertes críticas.
Orígenes de la protesta: ¿por qué marchan todos los miércoles?
La movilización de los jubilados cada miércoles no nació de la noche a la mañana ni únicamente por la coyuntura actual. Tiene raíces históricas en la Argentina: ya en la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, referentes como Norma Plá encabezaron protestas de jubilados exigiendo “¡Basta!” a las míseras jubilaciones que pagaba el Estado. Esa tradición de lucha perseveró en distintas formas y, desde hace algunos años, tomó la forma de marchas semanales en el Congreso. De hecho, “el grupo de jubilados que sostiene desde hace años el reclamo de los días miércoles por mejoras en sus haberes volvió a manifestarse” recientemente en Plaza Congreso. Es decir, antes de la asunción de Milei ya existía esta movilización periódica. Sin embargo, la situación económica actual y las políticas del nuevo gobierno han intensificado el conflicto y sumado urgencia y participantes a la causa.
¿Quiénes son y qué piden? Principalmente son jubilados y pensionados autoconvocados, muchos nucleados en organizaciones como la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) y la histórica Mesa Coordinadora de Jubilados. Junto a ellos suelen apoyar sindicatos, movimientos sociales e incluso grupos inesperados como hinchadas de fútbol solidarias con “los abuelos”. Todos confluyen en el Congreso para visibilizar las penurias de la tercera edad en Argentina y exigir soluciones. Sus demandas centrales incluyen: una jubilación mínima equivalente a la canasta básica (para no vivir en la pobreza), recomposición de haberes para compensar la inflación, restitución de beneficios recortados (por ejemplo, acceso a medicamentos gratuitos) y, en esencia, el cumplimiento efectivo del derecho a una vejez digna consagrado por la Constitución.
Estas marchas de los miércoles se caracterizan por su persistencia y espíritu pacífico. Cada semana, decenas –a veces cientos– de adultos mayores, algunos de 70 u 80 años, se congregan con carteles, banderas argentinas y bastones, entonando consignas frente al Parlamento. “Insistentes, molestos, rebeldes, inoxidables”, así los describió un cronista, destacando que esta tradición no es nueva: es la continuidad de décadas de lucha de “los viejos” por no ser olvidados. Actualmente, bajo el gobierno libertario de Milei, su reclamo se ha vuelto aún más simbólico: los jubilados de los miércoles se han convertido en el síntoma de un descontento social más amplio, sumando en sus columnas a otros sectores afectados (médicos, docentes, científicos, movimientos piqueteros e incluso barras de clubes de fútbol). Todos ellos ven en la causa de los jubilados una causa común: la defensa de los derechos sociales básicos ante el avance del ajuste.
Ajuste económico y derechos vulnerados de los adultos mayores
La razón de fondo que explica por qué los jubilados continúan marchando cada semana es sencilla y a la vez indignante: sus derechos previsionales y sociales están siendo vulnerados por las políticas de ajuste económico. Desde que Javier Milei asumió la presidencia (diciembre de 2023), los adultos mayores se convirtieron en una de las principales “variables de ajuste” de su plan de shock liberal. Según Página/12, “desde que asumió la gestión de Javier Milei, [los jubilados] es uno de los sectores más bastardeados por las políticas libertarias”. ¿En qué se traduce esto en la vida cotidiana de un jubilado? A continuación, repasamos las medidas y la realidad social que los empuja a la protesta:
- Jubilaciones de miseria: Las jubilaciones mínimas están muy por debajo de la canasta básica de un jubilado. Actualmente el haber mínimo jubilatorio ronda los $320.000 (más un bono “extraordinario” de $70.000), sumando alrededor de $390.000 en total. Sin embargo, esta cifra dista de cubrir el costo de vida: la mayoría de los jubilados cobra la mínima o apenas por encima, mientras la canasta básica para un adulto mayor supera ampliamente esos montos (considerando gastos de alimentos, vivienda, medicamentos, etc.). En otras palabras, la gran mayoría de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza, y muchos “no llegan a fin de mes” con la mínima. De hecho, un porcentaje cada vez mayor de personas mayores debe seguir trabajando para sobrevivir: aproximadamente el 17% prolonga su vida laboral por necesidad económica, ante ingresos insuficientes para retirarse. Esta situación vulnera el derecho a la seguridad social y a una calidad de vida adecuada en la vejez.
- Inflación y pérdida de poder adquisitivo: La Argentina enfrenta una inflación elevada, que erosiona mes a mes el valor real de las jubilaciones. Si bien existe una ley de movilidad jubilatoria, sus incrementos trimestrales muchas veces quedan rezagados frente a la suba de precios. Por ejemplo, en 2025 hubo trimestres con ajustes bajísimos (1,6% en un período) mientras la inflación mensual los superaba. Los jubilados denuncian que “reclaman un ingreso que alcance para cubrir el costo de vida”. La pérdida acumulada del poder adquisitivo desde años anteriores es enorme, y ningún bono esporádico compensa ese deterioro estructural. Según los manifestantes, se les niega en la práctica el derecho a una jubilación móvil y justa.
- Recortes en medicamentos y salud: Uno de los primeros golpes del ajuste de Milei fue la quita de subsidios y programas de medicamentos gratuitos para jubilados. Durante el gobierno anterior existía cobertura total de ciertos medicamentos esenciales a través del PAMI; esa política fue reducida o eliminada, obligando a muchos mayores a pagar de su bolsillo remedios costosos o, peor, a no poder comprarlos. La salud de los adultos mayores –un derecho básico– quedó así supeditada a su capacidad económica, empeorando su situación sanitaria.
- Eliminación de la moratoria previsional: Otra medida de alto impacto social fue la cancelación de la moratoria previsional. Esta herramienta permitía jubilarse a personas (en su mayoría amas de casa u trabajadores informales) que no habían llegado a reunir los 30 años de aportes, comprando años faltantes. Su eliminación dejó sin posibilidad de acceso a una pensión a decenas de miles de adultos mayores que dependen de ese ingreso para subsistir. En especial afectó a mujeres de más de 60 años que habían cuidado familias y no tenían aportes suficientes. Para muchos, esto significa envejecer sin jubilación ni cobertura médica, una violación flagrante al derecho a la seguridad social.
- Veto a mejoras jubilatorias por “déficit cero”: Lejos de aliviar esta situación, el Poder Ejecutivo bloqueó iniciativas legislativas destinadas a los jubilados. Un caso resonante fue cuando el Congreso (con mayoría opositora) aprobó en 2024 una ley para recomponer las jubilaciones con una nueva fórmula de movilidad más favorable. Milei la tachó de “una estafa moral” y anunció que la vetaría para mantener su objetivo de déficit fiscal cero. Efectivamente la vetó, negando a los jubilados un aumento que había sido aprobado casi por unanimidad. Esto desató mayor indignación: “la marcha de este miércoles tuvo una mayor convocatoria luego del anuncio presidencial de que vetaría la movilidad jubilatoria”, reportó la prensa en aquel momento. En suma, el gobierno priorizó el ajuste de las cuentas fiscales por sobre el bienestar de las personas mayores, considerando el gasto previsional como un gasto “excesivo” a recortar.
Esta combinación de pensiones de indigencia, alta inflación, recortes en beneficios básicos y desdén oficial ha empujado a los jubilados a sentirse vulnerados en sus derechos fundamentales. Derecho a la seguridad social, a la alimentación adecuada, a la salud, e incluso el derecho a la vida digna en la tercera edad: todos están en juego. Por eso los miércoles de protesta no son mera obstinación caprichosa, sino un grito de desesperación y dignidad. Los jubilados marchan para reclamar aquello que debería serles garantizado sin tener que salir a la calle: un retiro decente tras toda una vida de trabajo.
El protocolo antipiquetes y la respuesta represiva del gobierno
Lejos de atender los reclamos justos de los jubilados, el gobierno de Milei ha optado por una respuesta de mano dura. Desde inicios de 2024 puso en marcha un “protocolo antipiquetes” liderado por Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) para abordar las protestas sociales. En la práctica, este protocolo se ha traducido en operativos policiales desproporcionados contra cualquier manifestación que intente cortar calles o acercarse al Congreso –incluyendo las de jubilados, pese a ser marchas pacíficas y relativamente pequeñas.
Cada miércoles, la escena se repite: un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad rodea la zona del Congreso antes incluso de que lleguen los manifestantes. Participan agentes de la Policía Federal, Policía de la Ciudad de Buenos Aires e incluso Gendarmería o Prefectura, dependiendo el caso. Se instalan vallas que bloquean accesos (irónicamente, es el propio operativo el que “corta” el tránsito más que los manifestantes), y se ubican camiones hidrantes y motos policiales listas para dispersar. En total, se han llegado a ver unos 300 efectivos armados frente a apenas 100 jubilados marchando. El objetivo declarado es “impedir cortes de calles y avenidas”, pero el resultado ha sido una serie de episodios de violencia policial que muchos consideran injustificable y hasta inconstitucional.
Las organizaciones de derechos humanos y observadores independientes han denunciado que el operativo de seguridad es desmedido y provocador. “Nuevamente se registró un despliegue excesivo e innecesario de las fuerzas de seguridad federales y locales, frente a la magnitud y carácter pacífico de la manifestación”, señalaron veedores sobre una de las recientes marchas. En efecto, los jubilados no representan una amenaza violenta; aun así, se los ha reprimido con métodos de dispersión típicos de disturbios graves: gases lacrimógenos, gas pimienta, bastonazos, empujones y detenciones arbitrarias.
Un ejemplo elocuente ocurrió el 29 de agosto de 2024: ese día, los jubilados protestaban contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. La Policía Federal, bajo órdenes de Bullrich, desplegó el protocolo antipiquetes y cerró el paso de la columna. Cerca de las 16 horas comenzaron los incidentes: ante el intento policial de obligarlos a subirse a la vereda, hubo forcejeos y rápidamente los agentes lanzaron gas pimienta sobre la multitud. “Tengo 75 años, viví la época de Videla y esto ya parece lo mismo –nos tiraron gas en los ojos, es tristísimo”, declaró con impotencia uno de los manifestantes de aquel día. La comparación con la dictadura no es azarosa: ver a ancianos tosiendo por los gases o sangrando por golpes en plena democracia resulta estremecedor. Aquella jornada dejó varios heridos y mostró la tónica de lo que vendría.
Detenciones y violencia contra manifestantes y prensa
Otra cara alarmante de la represión es la detención de manifestantes y periodistas sin causa clara. Semana tras semana se repiten arrestos durante o al finalizar las marchas. Muchas veces son detenciones al azar o por “portación de cartel”, según denuncian los presentes. Por ejemplo, en la movilización del 8 de octubre de 2025 –motivo de esta nota– la policía detuvo a cinco personas: “el jubilado Víctor Amarilla (habitual participante de estas marchas semanales) y los fotógrafos Fabrizio Fisher y Cristian Balderrama” entre otros. Fisher fue reducido mientras cubría la protesta con su cámara. Horas más tarde cayeron otros dos manifestantes (Mateo Roldán y Osvaldo Mansilla), completando los cinco detenidos del día. Las imágenes de televisión incluso mostraron cómo apuntaban con un láser rojo al jubilado Amarilla para marcarlo y luego derribarlo y esposarlo en el piso. También se vio a agentes demorando e impidiendo trabajar a periodistas en plena cobertura, lo que generó el repudio de sindicatos de prensa y organismos de derechos humanos.
Las modalidades de detención han sido particularmente crueles. Testigos relatan que la policía implementa tácticas de “caza de piraña”: forman un cordón, dejan entrar a algunos manifestantes, y de pronto abren un pasillo por donde salen grupos de choque que rodean y “cazan” a quien tengan enfrente. Así agarran desprevenidos incluso a quienes ya se estaban retirando. En palabras de un cronista, *“cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente”*. De este modo, han terminado detenidos jubilados de más de 60 o 70 años simplemente por no correr a tiempo, o jóvenes solidarios que acompañaban la marcha. Las acusaciones que se les imputan suelen ser “resistencia a la autoridad” o “atentado contra la autoridad y daños”, justificativos genéricos para convalidar arrestos arbitrarios. En la mayoría de los casos, tras unas horas o un día, los detenidos son liberados sin cargos graves (a veces gracias a la presión social y legal de abogados de derechos humanos). Pero la experiencia que sufren es traumática y aleccionadora: buscan infundir miedo para que dejen de protestar.
Cabe destacar la brutalidad contra personas claramente vulnerables. Se han registrado casos indignantes, como una jubilada de más de 80 años que fue derribada y pisoteada por efectivos durante una represión, al punto que “parecía que la mataban porque la empezaron a pisar y no querían frenar” según denunció un abogado presente. Otra mujer mayor quedó tendida en el suelo tras recibir gas pimienta en el rostro; la foto de esa abuela asistida por compañeros dio la vuelta por redes sociales. En la marcha del 2 de octubre de 2025, la jubilada María Rosa Ojeda cayó al pavimento por los empujones y solo la rápida intervención de otros manifestantes y rescatistas evitó una tragedia: “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, relató luego, señalando que su única “arma” era un bastón con la bandera argentina. Historias como esta ilustran la desproporción de la respuesta estatal.
Paradójicamente, mientras el gobierno afirma que su prioridad es mantener el orden y la libre circulación, muchos episodios represivos han ocurrido cuando la marcha ya terminaba o se desconcentraba. Testimonios indican que cuando queda poca gente, la policía aprovecha para avanzar con mayor violencia: “cuando estamos solos aprovechan para pegar; cuando viene más gente a apoyarnos, se esconden”, comentó una manifestante refiriéndose a la actitud de las fuerzas. Esto sugiere un patrón de hostigamiento deliberado: castigar a los jubilados para desalentarlos de volver.
La justificación oficial: estigmatización y mano dura
Frente a las críticas por reprimir a adultos mayores indefensos, el gobierno de Milei ha respondido minimizando el problema y estigmatizando la protesta. Voceros de la Casa Rosada insisten en que las marchas de los miércoles no son tan espontáneas ni legítimas, sino que estarían “fogoneadas” por la oposición política. Incluso cuando hinchas de fútbol de distintos clubes anunciaron que se sumarían para proteger a los jubilados (luego de ver a un abuelo con camiseta de Chacarita ser golpeado por la policía), el oficialismo intentó deslegitimar esa solidaridad tildándola de movimiento político. “No nos preocupa [la convocatoria masiva]. Son barrabravas que tienen en su mayoría vínculos con el narcotráfico”, dijeron fuentes oficiales, intentando asociar la presencia de hinchadas con delincuencia. Bullrich fue aún más lejos, advirtiendo que aplicaría “medidas especiales” contra los hinchas que asistan a la marcha. “Ya tenemos el derecho de admisión. Les vamos a encontrar algo más si comienzan a ir”, amenazó la ministra, trasladando la lógica de controlar la tribuna del fútbol a las calles. También vinculó abiertamente a los simpatizantes de clubes con sectores opositores: “Ahora está la izquierda, algunos kirchneristas y 50 jubilados, esa es la realidad. Todos los demás son militantes políticos, y no los vamos a dejar pasar”. Estas declaraciones revelan la postura oficial: tratar la protesta social como una puesta en escena “subversiva”, exagerar la presencia de infiltrados y justificar así la mano dura.
Organismos de derechos humanos han rebatido esta visión, subrayando que aunque otras organizaciones se solidaricen, el núcleo del reclamo es genuino y está compuesto por jubilados reales que sufren necesidades. Lejos de ser “50 jubilados y el resto infiltrados”, cada miércoles se ve a numerosos adultos mayores de carne y hueso, con bastones, andadores o sillas de ruedas, aguantando los gases y palos. Decir que son pocos o que “los usan” es desconocer su propia autonomía y su dolor. “Somos la primera línea de la marcha y somos el grupo que más castigos recibimos”, afirma Ricardo Ullé, jubilado de 68 años que acude todas las semanas desde el conurbano. Junto a otros compañeros –que se hacen llamar irónicamente “los doce apóstoles”– encabezan las columnas y ponen el cuerpo en cada represión. Ullé responde a la retórica oficial con claridad: “Estos muchachos [por las autoridades] han equivocado el camino, aplican un protocolo que no tiene visos de constitucionalidad ni es democrático. (…) Creen que a través de los golpes y los bastonazos nos van a disciplinar. Están re locos, bajo ningún aspecto”. Sus palabras resumen el sentimiento general de los jubilados: no se van a dejar amedrentar.
El caso Pablo Grillo: símbolo de la brutalidad represiva
Entre todos los hechos de violencia en estas marchas, uno se volvió emblemático por su gravedad: la herida casi mortal sufrida por el fotógrafo Pablo Nahuel Grillo. Ocurrió el 12 de marzo de 2025, durante una de las movilizaciones de los miércoles que cobró mayor volumen por el apoyo de hinchas de fútbol. Aquel día, la presencia policial fue masiva y hubo enfrentamientos fuertes. En medio del caos, un cabo primero de Gendarmería –Héctor Jesús Guerrero– disparó su escopeta lanzagases en forma horizontal apuntando hacia los manifestantes. Un cartucho de gas lacrimógeno calibre 38 mm voló directo hacia donde Pablo Grillo, de 32 años, estaba agachado tomando fotografías. El proyectil atravesó una barricada en llamas e impactó de lleno en la cabeza de Grillo, provocándole fractura de cráneo expuesta, hematomas cerebrales y lesiones gravísimas. El reportero gráfico cayó al suelo con la cara ensangrentada; compañeros y manifestantes lo asistieron desesperados mientras la represión continuaba.
Grillo fue trasladado de urgencia al hospital Ramos Mejía, donde ingresó con riesgo inminente de muerte. Sufrió múltiples cirugías neurológicas y pasó meses en terapia intensiva luchando por su vida. Las imágenes de su herida generaron conmoción en la opinión pública: un joven periodista casi asesinado por ejercer su trabajo en una protesta de jubilados. La indignación creció al saberse que el gendarme había disparado seis veces fuera de protocolo, es decir, violando todas las normas de uso de armas no letales. Aquella jornada del 12 de marzo, que pretendía ser una demostración de fuerza del gobierno ante la alianza inédita de jubilados e hinchadas, terminó convertida en escándalo nacional.
A seis meses del hecho, Pablo Grillo seguía en estado crítico, con severo deterioro cognitivo y físico (postrado, sin poder hablar ni alimentarse por sí mismo). La Justicia Federal, tras recopilar abundante evidencia de videos y fotos –se identificó al tirador por la inscripción “Picha” en su casco y su uniforme caqui distinto, además de la reconstrucción audiovisual hecha por organismos y medios– procesó al cabo Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas agravado. La jueza María Servini concluyó que el accionar del gendarme puso en concreto peligro la vida de Grillo y violó las regulaciones vigentes sobre uso de la fuerza en manifestaciones. Si bien el proceso judicial avanza, el daño ya está hecho: la represión hirió salvajemente no solo a un individuo sino también a la libertad de prensa y al derecho a la protesta.
En cada marcha siguiente, el nombre de Pablo Grillo resuena como bandera. Sus colegas fotógrafos realizaron “camarazos” en el Congreso exigiendo el fin de la violencia contra la prensa, y los jubilados dedicaron una movilización especial en su honor. Grillo se volvió un símbolo de hasta dónde puede llegar la crueldad estatal para acallar un reclamo. Recordar su caso es fundamental: evidencia el costo humano irreparable que tiene reprimir protestas sociales. “De esta forma hirieron a Pablo Grillo” –hay que repetirlo–: con el mismo protocolo y la misma lógica de excesos con que hoy empujan, golpean y gasean a nuestros mayores.
La legitimidad de la protesta y la urgencia de un cambio de rumbo
Las marchas de los jubilados de los miércoles son, ante todo, un clamor legítimo y necesario en defensa de derechos vulnerados. Lejos de ser una molestia menor o un acto “politizado” sin razón, como pretende el gobierno, encarnan el sufrimiento real de un sector de la sociedad que debería ser prioridad y orgullo de cualquier país: nuestros adultos mayores. Después de trabajar toda la vida y aportar al desarrollo del país, millones de jubilados argentinos hoy se ven empujados a la pobreza, la desesperanza o el abandono. Que deban salir a la calle –incluso con su salud frágil– para reclamar una jubilación y atención médica dignas es una derrota moral para la nación. Y que encima sean recibidos con bastonazos y gas pimienta es un síntoma alarmante de regresión democrática.
En una democracia sana, los conflictos sociales se resuelven con diálogo y políticas públicas, no con represión policial. El gobierno de Javier Milei ha optado por el camino equivocado: aplicar un ajuste económico extremo sobre los más vulnerables y, cuando éstos protestan, tratar el tema como un asunto de “seguridad” en vez de reconocerlo como lo que es –un asunto de justicia social. La fuerte crítica a las políticas de ajuste y a la represión no proviene solo de la oposición política, sino de amplios sectores de la sociedad civil, la prensa y la ciudadanía común que observa con espanto cómo se golpea a los abuelos que podrían ser sus padres o sus futuros yo. No hay argumento que justifique que la respuesta estatal a un jubilado que pide comida y medicamentos sea tirarlo al suelo y esposarlo.
Incluso estratégicamente, la represión parece haberse vuelto contraproducente para el propio gobierno. Cada miércoles de violencia policial genera imágenes y testimonios que erosionan la autoridad moral del oficialismo. Golpear a jubilados mientras en el recinto del Congreso se debate limitar los superpoderes del presidente (como ocurrió este 8 de octubre) solo refuerza la percepción de un gobierno acorralado y débil, que recurre al “circo” de la fuerza para tapar sus derrotas políticas. Como señaló un artículo, es pan y circo pero “sin pan y a puro circo”: mucho show represivo y nada de sustancia para quienes no llegan a fin de mes. A su vez, la sociedad reacciona: lejos de amedrentarse, más sectores se solidarizan. La presencia de hinchadas de fútbol, de gremios docentes, de médicos y otros en torno a los jubilados indica que la empatía y la unidad van en aumento. Las abuelas y abuelos de los miércoles se han vuelto un símbolo, una causa común que une generaciones y tribus urbanas en defensa de lo esencial.
Es urgente, por tanto, un cambio de rumbo. En lugar de criminalizar la protesta, el gobierno debería escuchar el mensaje claro que se repite cada semana en Plaza Congreso: basta de ajuste a los jubilados. Esto implica revisar la política previsional –aumentar las jubilaciones por encima de la inflación, restablecer derechos quitados como la moratoria y los remedios gratuitos, asegurar que ningún mayor viva en indigencia–. Implica también cesar inmediatamente la violencia institucional: derogar o suspender ese protocolo antipiquetes que se ha mostrado inhumano e ilegal en los hechos. Ningún protocolo puede estar por encima de la Constitución, que garantiza el derecho a peticionar y a manifestarse pacíficamente. Y, ciertamente, ninguna sociedad puede aceptar que se “discipline” a golpes a sus mayores como método de gestión.
Los jubilados han dado muestras de sobra de su fortaleza y convicción. “La lucha debe continuar porque estos tiranos han elegido a los compañeros como la cláusula de ajuste de un sistema perverso que castiga al pueblo argentino”, declaró un veterano manifestante, resumiendo el sentimiento de resistencia colectiva. Ellos no se retirarán de las calles mientras sus reclamos no sean atendidos. La pregunta es si el gobierno persistirá en el error de enfrentarlos con violencia –con el costo humano y político que ello conlleva– o si abrirá los ojos y cambiará de actitud.
Las marchas de los miércoles nos interpelan a todos. Defienden principios básicos: que una persona mayor pueda vivir con dignidad, que la economía esté al servicio de la gente y no al revés, que la protesta social sea respetada y no acallada a palos. Son causas justas en las que está en juego la esencia misma de una democracia con justicia social. Hoy son los jubilados; mañana podría ser cualquiera de nosotros reclamando por nuestros derechos. Por eso es imprescindible defender y apoyar estas manifestaciones, y criticar duramente –como lo hemos hecho aquí– tanto las políticas de ajuste que las originan como la represión que busca sofocarlas. Solo rectificando el rumbo podremos evitar que los “viejos de miércoles” sigan siendo noticia por ser reprimidos, y que, en cambio, sean escuchados y honrados como se merecen, con políticas que les restituyan la tranquilidad y el respeto en la etapa final de sus vidas.os jubilados marchan porque el hambre y la injusticia los obligan a hacerlo, y seguirán haciéndolo hasta ser escuchados. Reprimirlos no solo es inmoral y anticonstitucional, sino también inútil: su causa es legítima y cuenta con la empatía creciente del pueblo. Ha llegado la hora de que el gobierno abandone el garrote y tome conciencia de que un país que maltrata a sus abuelos está condenado a su propia deshumanización. Los “viejos” de los miércoles nos están dando una lección de dignidad y coraje; depende de nosotros, como sociedad, estar a la altura respondiendo con solidaridad y exigencia de cambios, no con indiferencia ni miedo.
