Milagro Amalia Sala (San Salvador de Jujuy, 1964) es una reconocida dirigente social e indígena argentina. Fue fundadora y Secretaria General de la Organización Barrial Túpac Amaru de Jujuy y fue elegida diputada provincial en Jujuy (2013-2015) y parlamentaria del Mercosur. Su trayectoria incluye la puesta en marcha de programas sociales muy significativos: construcción de viviendas sociales, creación de fuentes de trabajo y servicios básicos (vivienda, salud, educación) para barrios empobrecidos. Por ejemplo, al cierre de 2015 la Tupac Amaru había construido 8.000 viviendas y generado 4.500 empleos, además de inaugurar fábricas (ladrillos, metalmecánica, textil), abrir escuelas de todos los niveles, centros de salud especializados y hasta piletas y canchas deportivas en los barrios populares. Este amplio plan social mejoró notablemente la calidad de vida de la población jujeña de menores recursos. Sala pertenece al Partido por la Soberanía Popular y estuvo afiliada a espacios como el Frente Para la Victoria, reflejando su identificación con el peronismo de izquierda.
Antecedentes y contexto de la detención
El 16 de enero de 2016, pocos días después de que asumiera Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, Milagro Sala fue arrestada durante una protesta social (“campamento” en la Plaza Belgrano) en reclamo de diálogo con el gobierno provincial. La causa penal inicial fue por “instigación a cometer delitos” e “entorpecimiento del tránsito”, delitos leves, y la Fiscalía no llegó a acusarla por falta de pruebas claras. Sin embargo, inmediatamente se le iniciaron múltiples causas sucesivas (hasta una decena) por hechos en años previos, en muchos casos por asuntos ya sobreseídos, para mantenerla detenida. En diciembre de 2016 un tribunal jujeño la condenó en un juicio “exprés” a 3 años de prisión en suspenso por daños en un “escrache” al gobernador; en enero de 2019 fue condenada a 13 años de prisión en la causa “Pibes Villeros” (fraude a la administración pública y extorsión), sentencia que la Corte Suprema ratificó en 2022. Cabe destacar que estos juicios fueron criticados por múltiples irregularidades (pruebas no admitidas, acusaciones difusas, inasistencia de la defensa).
Durante todo este proceso, Milagro Sala permaneció privada de libertad: primero en la cárcel de Alto Comedero (Jujuy) y luego bajo prisión domiciliaria (parcial) con pésimas condiciones de habitabilidad. La justicia jujeña inicialmente negó su excarcelación pese a recomendación internacional, y hasta finales de 2018 incluso se le aplicaron sanciones como aislamiento y restricción de visitas. En diciembre de 2022, tras 6 años y medio detenida, la Corte Suprema confirmó la condena de 13 años en “Pibes Villeros” y Sala quedó a la espera de definir si cumplirá la pena en prisión común.
Derechos violados en su detención
Diversos organismos y expertos han señalado que la detención de Sala viola garantías constitucionales e internacionales básicas. En primer lugar, se considera arbitraria. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó en octubre de 2016 que “la detención de la Sra. Milagro Sala es arbitraria” y pidió que sea liberada inmediatamente. Este informe agregó que el Estado montó un “entramado de acusaciones consecutivas” para prorrogar indefinidamente su prisión, impidiendo que ejerciera adecuadamente su derecho a la defensa en un contexto de perjuicio al principio de independencia judicial.
En cuanto a derechos específicos, se han vulnerado múltiples garantías del debido proceso. Por ejemplo, Amnistía Internacional señaló que la detención infringió los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (libertad personal y debido proceso) y los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (protección contra detención arbitraria, juicio justo e inocencia hasta prueba contraria). En palabras simples, se violó la presunción de inocencia, la posibilidad de un juicio imparcial y la necesidad de fundamentos legales claros para la prisión preventiva. En 2016 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también pidió informes al Estado argentino, subrayando que el procesamiento penoso de Sala no permitía defenderse correctamente (según la normativa de la ONU).
Además, durante su cautiverio se han registrado frecuentes atropellos contra sus derechos personales. Su salud se deterioró gravemente en la cárcel por falta de atención médica: la CIDH finalmente ordenó su arresto domiciliario por razones humanitarias en 2017 justamente para proteger su vida. Pese a esa orden, la provincia tardó años en cumplirla. Incluso en momentos de gran dolor personal a Sala se le negaron derechos básicos. Por ejemplo, organizaciones denunciaron que le impidieron acompañar a sus seres queridos en las peores crisis. En 2022 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación advirtió que las autoridades jujeñas ignoraron la recomendación de no trasladarla intempestivamente por su salud, y que durante ese traslado se le impidió acceder a asistencia psicológica, mientras su esposo (enfermo terminal) sufrió una fuerte descompensación. De modo similar, en enero de 2023 falleció su hijo Sergio Chorolque Sala (37 años) en Jujuy. Organismos de derechos humanos señalaron que en esos momentos la provincia le negó permisos para estar junto a él ni asistir a su velorio, violentando su derecho a la vida familiar y a la asistencia en situación de calamidad.
Recomendaciones y pronunciamientos internacionales
Pese a estos atropellos, tanto la comunidad internacional como el propio Estado argentino (desde organismos nacionales de DDHH) intervinieron señalando violaciones y pidiendo acciones. En octubre de 2016 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria instó “urgente” al Gobierno a que libere a Sala, explicando que su detención carece de base legal y vulnera estándares del Pacto de Derechos Civiles. En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en diciembre de 2016 su “profunda preocupación” por la prolongada prisión preventiva. En un comunicado la CIDH urgió al Estado argentino –especialmente a la provincia de Jujuy– “a tomar acciones urgentes” en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU. La CIDH enfatizó que “la presunción de inocencia es la regla general” y que la prisión preventiva solo puede extenderse por un plazo razonable.
Tras una visita de supervisión, en julio de 2017 la CIDH emitió una Medida Cautelar en favor de Sala, exigiendo medidas alternativas a la prisión preventiva. Solicitó “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad” de Sala y sugirió opciones menos restrictivas: arresto domiciliario u otras medidas alternativas (como tobillera electrónica). Además, el Gobierno argentino (a través de la Secretaría de DDHH) reconoció la validez de estas recomendaciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llegó a pedir con “carácter urgente” al Poder Ejecutivo que cumpliera con lo ordenado por la CIDH en materia de arresto domiciliario, para proteger la vida y la salud de Sala.
El propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos también intervino. En noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado sustituir la prisión preventiva de Sala por “cualquier otra medida alternativa… menos restrictiva” (por ejemplo, el arresto domiciliario en su propia vivienda). Este fallo de la Corte IDH fue categórico al señalar que no tenía sentido mantenerla en un contexto donde no había riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio. En resumen, todos estos organismos internacionales coincidieron en que la detención de Sala era injusta y que debían aplicarse medidas humanitarias alternativas. Sin embargo, la Justicia provincial de Jujuy incumplió sistemáticamente esas órdenes: meses después un fiscal local exigió que Sala volviera a un penal común, pese a la prohibición expresa de la Corte IDH. Sólo en diciembre de 2018, luego de reiteradas denuncias, la provincia finalmente le concedió el arresto domiciliario por motivos de salud.
Responsables políticos y persecución judicial
El caso Sala ha sido interpretado como parte de una abierta persecución política por parte del gobierno de Jujuy. Quienes señalan este hecho destacan que el propio gobernador Gerardo Morales impulsó maniobras para controlar el Poder Judicial local antes de encarcelarla. Apenas asumió, Morales designó nuevos jueces en la Suprema Corte de Jujuy acorde a su fuerza política, lo que según denuncias le sirvió para garantizar fallos favorables y encarcelar a Sala. En el ámbito judicial, el Fiscal General de Jujuy (Estado Provincial) Mariano Miranda –funcionario directamente vinculado al gobernador– promovió varias denuncias contra ella y exigió incluso su ingreso a cárceles comunes. Por ejemplo, Miranda imputó a Sala, a su esposo Raúl Noro y a otro dirigente por “instigación”, y luego denunció al fiscal de turno Darío Osinaga por “abuso de autoridad” cuando éste no avanzó con esas acusaciones sin pruebas. Estas acciones, coordinadas desde el poder político provincial, reflejan una clara responsabilidad de las autoridades jujeñas en la prolongada privación de libertad de Sala.
Contrastando, la justicia nacional (Corte Suprema) ha refrendado muchas decisiones de Jujuy. Por ejemplo, en diciembre de 2022 la Corte Suprema confirmó por unanimidad la condena de 13 años contra Sala, pese a que organismos de DDHH la calificaron de “juicio plagado de irregularidades” y de “lawfare” (persecución política). Esta ratificación ayudó a legitimar el fallo local y fue celebrada públicamente por el gobernador Morales. En cambio, los órganos internacionales de justicia han señalado lo contrario: “el Estado argentino impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala” según la ONU, y la CIDH-CorteIDH condenó el uso excesivo de la prisión preventiva. En suma, mientras la justicia provincial y, en último término, la nacional (Corte Suprema) siguieron adelante con su encarcelamiento, las instancias internacionales lo repudiaron y exigieron su reversión.
Logros sociales y espacio político de Milagro Sala
Más allá del proceso judicial, es importante destacar la trayectoria social de Sala en Jujuy. Como líder de Tupac Amaru, militó por los sectores populares desde los años 2000. Bajo su gestión, la organización implementó programas de asistencia social comunitaria similares a cooperativas: construyó miles de viviendas sociales de calidad (incluso con piletas), generó puestos de trabajo a través de cooperativas de construcción y fábricas locales, y abrió centros educativos y de salud en los barrios más necesitados. Estos logros evidencian el impacto positivo de su acción política sobre los jefes de hogar y familias humildes de Jujuy.
Milagro Sala se ubica claramente dentro del peronismo de izquierda y el kirchnerismo popular. Oficialmente integra el Partido por la Soberanía Popular y se vinculó a coaliciones como el Frente Para la Victoria y Unidos y Organizados. Siempre reivindicó la militancia en movimientos sociales de base. Para muchos, su caso representa una de las historias más emblemáticas de lucha social y persecución política en Argentina; las organizaciones de derechos humanos sostienen que “los hechos que causaron su detención inicial formaban parte del ejercicio de sus derechos humanos” (libertad de expresión y protesta), por lo que exigieron su liberación inmediata.
Conclusión
En definitiva, la detención de Milagro Sala se considera ampliamente arbitraria e injusta. Ha transcurrido casi una década desde su privación de libertad en un proceso judicial cuestionado que, según instancias internacionales, vulnera garantías básicas (no detención arbitraria, juicio justo, defensa plena). Sus derechos han sido violados desde el comienzo: la ONU y la CIDH denunciaron un “lawfare” judicial contra ella, y pidieron medidas humanitarias que Jujuy ignoró. Además, la provincia violó incluso normas internacionales vinculadas al cuidado de su salud y vida.
Por todo ello, Sala es considerada por muchos presa política: su encarcelamiento forma parte de una estrategia de hostigamiento político. El gobierno nacional, en foros internacionales, ha admitido que Sala fue detenida “arbitrariamente”. El gobernador Morales y sus funcionarios provinciales han sido señalados repetidamente como responsables de esta persecución. La situación de Sala contrasta con el espíritu constitucional y los compromisos internacionales de Argentina, que prohíben la detención injustificada y garantizan un juicio justo. Es por esto que cientos de organizaciones (Amnistía Internacional, ONU, CIDH, CELS, entre otras) llevan años denunciando este caso como un atropello de derechos humanos. Dada la gran importancia de los valores que se juegan —debido proceso, integridad física, libertad de expresión—, su historia seguirá siendo observada de cerca por la sociedad, que exige justicia conforme a la ley argentina e internacional.
Fuentes: Informes de Amnistía Internacional y de la ONU, comunicados oficiales del Estado argentino, notas de prensa de La Nación, Página/12 y Buenos Aires Herald, y datos verificados de organismos de DDHH.
