El 7 de octubre de 2025, Luna Giardina (26) y su madre Mariel Zamudio (50) fueron asesinadas a balazos en su casa de Villa Serrana, Córdoba, en un brutal doble femicidio. El autor fue su expareja, Pablo Rodríguez Laurta, un uruguayo de 39 años que tras el ataque secuestró a su hijo de 5 años y huyó Laurta fue detenido al día siguiente en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, antes de lograr cruzar al Uruguay con el niño La policía logró interceptarlo gracias a un operativo coordinado entre Córdoba y Entre Ríos y la activación de la Alerta Sofía (alerta de búsqueda de menores), rescatando al niño ileso.
Tras su captura, Laurta fue imputado por doble femicidio y secuestro, quedando a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Córdoba. Además, se investiga su conexión con la desaparición de un chofer de Uber, Martín Palacios (49), quien lo habría trasladado días antes: el auto de Palacios apareció incendiado cerca de Córdoba y se teme que también haya sido víctima de Laurta. Incluso se indaga si Laurta estuvo involucrado en el incendio intencional de una iglesia evangélica horas antes, donde murieron dos niñas, dado que solía asistir a esa congregación cercana al lugar del crimen.
¿Quién es Pablo Laurta? Su perfil y actividad en redes
Laurta no era un desconocido: es oriundo de Montevideo, Uruguay, y se presentaba como “empresario de medios digitales” de 39 años. Es señalado como fundador y administrador de “Varones Unidos”, una página y comunidad ultraderechista y antifeminista en redes sociales. En ese espacio, Laurta publicaba extensos textos donde se victimizaba y atacaba a su expareja, acusándola falsamente de “secuestrar” a su hijo y denunciando una supuesta “justicia feminista” en su contra. En una publicación titulada “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, llegó a mostrarse a sí mismo y a su hijo como víctimas de “un sistema corrupto”. Estos mensajes en redes estaban cargados de discurso de odio misógino, relativizando la violencia de género y justificando comportamientos abusivos.
En redes, Laurta buscaba proyectar la imagen de un “padre amoroso” e injustamente privado de su hijo, mientras tildaba a Luna de “falsa denunciante”. Sin embargo, esa fachada se derrumbó trágicamente con sus actos: terminó asesinando a Luna y a la madre de ella, y poniendo en grave peligro a su propio hijo. Sus antecedentes evidencian un historial violento: tenía denuncias previas por violencia de género en Córdoba y Uruguay, e incluso contaba con antecedentes penales por otros delitos en su país.
Antecedentes de violencia y acoso a la víctima
Luna Giardina y Pablo Laurta mantuvieron una relación de varios años, marcada por violencia física y psicológica ejercida por él. Hace tres años, estando la pareja en Uruguay, Luna lo denunció tras un episodio en que Laurta intentó estrangularla. En su denuncia, Luna detalló que desde el comienzo de la relación Laurta la controlaba y maltrataba: no le permitía trabajar ni usar teléfono o redes sociales, y hasta la golpeaba con excusas (por ejemplo, dándole “cachetadas que según él no eran golpes” incluso estando ella embarazada). También expresó su miedo por las publicaciones violentas que él hacía en internet, donde justificaba femicidios y acusaba a la Justicia de favorecer a las mujeres. De hecho, Luna advirtió que Laurta había compartido una noticia de un hombre que mató a su exesposa, comentando: “Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes”. Esta escalofriante frase evidenciaba la peligrosidad de Laurta y su predisposición al crimen.
Temiendo por su vida y la de su hijo, Luna escapó de Uruguay a fines de 2024 y regresó a su provincia natal de Córdoba para rehacer su vida lejos de él. Allí obtuvo medidas de protección: llegó a tener un botón antipánico brindado por las autoridades argentinas debido a las amenazas de Laurta. No obstante, Laurta continuó acosándola a distancia mediante campañas difamatorias en redes y finalmente la localizó tras meses de acecho. En octubre de 2025 viajó clandestinamente a la Argentina para consumar su plan: se alojó bajo identidad falsa cerca de la frontera y luego se trasladó hasta Córdoba, presuntamente con ayuda del chofer de Uber ahora desaparecido. El sábado 7 de octubre, Laurta irrumpió armado en la vivienda de Luna y disparó sin piedad contra ella y su madre, asesinándolas. Luego se llevó al pequeño de cinco años, Pedro, iniciando la huida que terminaría con su arresto horas después.
Fallas en la protección: una víctima doblemente vulnerada
A pesar de las reiteradas denuncias de Luna tanto en Uruguay como en Argentina, y de las señales de alarma sobre la peligrosidad de Laurta, el sistema no logró evitar el fatal desenlace. Luna fue “doblemente vulnerada”: primero por la violencia machista de su expareja y luego por las deficiencias de la respuesta institucional. Si bien contaba con un botón antipánico en Córdoba, no llegó a activarlo a tiempo durante el ataque. Esto sugiere que las medidas de protección resultaron insuficientes o no se implementaron con la rapidez necesaria para salvar su vida.
Además, Laurta aprovechó vacíos y demoras judiciales: habría utilizado el discurso de ser un padre perjudicado para entablar peleas legales por la custodia del niño, acusando falsamente a Luna de impedimento de contacto e incluso de “alienar” al hijo en su contra. Este tipo de maniobras dilataron las intervenciones firmes en su contra y pusieron en duda la palabra de la víctima, algo que desgraciadamente sucede cuando los agresores se presentan como víctimas de denuncias “falsas”. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención efectiva recién tras el femicidio, a través de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género a cargo del caso. Con la tragedia consumada, la Justicia actuó rápidamente para capturar a Laurta, pero la prevención falló: Luna y Mariel quedaron desprotegidas a pesar de haber buscado ayuda.
Esta revictimización evidencia las fallas del sistema judicial y policial en atender con seriedad las denuncias de violencia de género. Luna había alertado sobre el peligro que corría, pero las instituciones no lograron frenar al agresor antes de que cumpliera sus amenazas. Su historia refleja la urgencia de que las denuncias por violencia machista sean investigadas sin minimizar el riesgo, y de que no se desestimen las acusaciones de las víctimas bajo el prejuicio de que son “falsas” o exageradas. Lamentablemente, discursos como el de Laurta –que pintan a la mujer como mentirosa y al violento como “padre ejemplar injustamente separado de su hijo”– aún encuentran eco y pueden influir en decisiones judiciales equivocadas.
El falso “Síndrome de Alienación Parental” (SAP)
En este contexto surge la discusión sobre el llamado “Síndrome de Alienación Parental” (SAP), un término que agresores como Laurta suelen esgrimir para deslegitimar a sus exparejas. Es importante aclarar de forma simple que el SAP no existe como entidad científica reconocida. Se trata de una teoría pseudocientífica propuesta en los años 1980 por el psiquiatra Richard Gardner, quien jamás presentó evidencia empírica sólida que la respalde. Ningún manual de psiquiatría o psicología oficial incluye el SAP: fue excluido del DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) de la APA y tampoco figura en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS. En otras palabras, no cumple con criterios clínicos de validez ni es aceptado por la comunidad médica y psicológica mundial.
¿Por qué entonces se habla del SAP? En la práctica, es un concepto de origen judicial, no médico, que algunos abogados o peritos han utilizado sobre todo en disputas de custodia de hijos. La idea del supuesto “síndrome” es que un progenitor (típicamente la madre) “lava el cerebro” del niño para ponerlo en contra del otro progenitor, a tal punto que el menor rechaza el vínculo sin causa real. Esta noción ha sido empleada en tribunales para desacreditar denuncias de abuso o violencia: cuando un niño o niña expresa miedo o rechazo hacia su padre/madre acusado de maltrato, se alega que todo es manipulación del otro progenitor y que el abuso no existió. El peligro de esto es enorme: se invalidan los testimonios de los menores, se revictimiza tanto al niño como al progenitor protector, y muchas veces se termina garantizando impunidad al verdadero agresor.
Hoy por hoy, organismos internacionales y colegios profesionales rechazan de plano el SAP. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, comités de la ONU sobre derechos del niño, entre otros, han advertido que el SAP carece de sustento científico y no debe usarse en la justicia. En Argentina, la Federación de Psicólogos lo calificó de “teoría falsa” y alertó que su uso en tribunales solo favorece la impunidad de abusadores y vulnera los derechos de la niñez. Incluso la Defensoría del Pueblo ha emitido declaraciones indicando que esta “falaz teoría” se utilizó para negar delitos de abuso y debe erradicarse de los procesos legales.
En resumen, no existe un “síndrome” clínico de alienación parental reconocido. Cuando un hijo o hija rechaza el contacto con uno de sus padres, casi siempre hay razones de fondo reales: puede haber sufrido violencia, haber presenciado maltratos, o sentirse inseguro por actitudes del progenitor. Descalificar ese temor atribuyéndolo a manipulación es ignorar el interés superior del niño, principio que debe primar siempre. Lo correcto ante estos casos es investigar interdisciplinariamente la situación familiar –con psicólogos, trabajadores sociales, jueces especializados– para determinar por qué el menor no quiere ver al progenitor y cómo protegerlo, en vez de aplicar una etiqueta sin base científica. Recordemos que el derecho del niño a su seguridad e integridad está por encima de cualquier reclamo del adulto. En palabras simples: primero se debe garantizar que la niña o niño esté protegido y escuchar su voz, antes que forzarlo a un régimen de visitas con alguien a quien le teme.
Femicidios en Argentina en 2025: una cifra alarmante
El caso de Luna Giardina y Mariel Zamudio desgraciadamente engrosa las estadísticas de femicidios en Argentina. El año 2025 está siendo particularmente trágico en materia de violencia de género. Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1º de enero y el 29 de septiembre de 2025 se registraron 178 femicidios en Argentina, lo que equivale a aproximadamente un femicidio cada 36 horas. Esta cifra refleja un grave problema social que requiere urgentes políticas de prevención y protección.
Cada número encierra una historia de vidas arrebatadas y familias destruidas: de esos casos, un importante porcentaje de víctimas habían denunciado previamente a su agresor, y al menos 149 niños y niñas quedaron sin madre en lo que va del año. Córdoba, escenario del doble femicidio de Luna y Mariel, es una de las provincias conmocionadas por estos hechos recientes. Organizaciones civiles y entidades de derechos humanos señalan que la falta de respuestas efectivas del Estado contribuye a que la violencia machista escale hasta sus peores consecuencias.
En lo que va de 2025, además del caso de Córdoba, se han conocido otros episodios extremos, incluso triple femicidios y casos con múltiples víctimas en un mismo hecho. La estadística fría duele: si la tendencia continúa, el año cerraría con una de las cifras más altas de la década. Ante esta realidad, colectivos como Ni Una Menos insisten en la urgente implementación de políticas públicas integrales, desde la educación y concientización hasta la asistencia y refugio de mujeres en riesgo, además del pleno cumplimiento de leyes existentes (como la Ley 26.485 de protección integral) y la capacitación obligatoria en perspectiva de género (Ley Micaela) en el Poder Judicial.
No es el primer caso y no será el último
El caso de Pablo Laurta expone con crudeza varias problemáticas entrelazadas: por un lado, los discursos antifeministas que intentan invisibilizar la violencia de género bajo la excusa de “denuncias falsas” o teorías sin sustento como el SAP; por otro, las fallas institucionales para proteger a las víctimas incluso cuando ellas toman valientemente la iniciativa de denunciar. Luna Giardina hizo todo lo posible por salvarse a sí misma y a su hijo: denunció, huyó, pidió ayuda. Aun así, el sistema no llegó a tiempo. Su femicidio y el de su madre nos obligan a reflexionar sobre la importancia de creer en las víctimas, actuar con celeridad ante sus alertas, y priorizar siempre la seguridad de los niños y niñas envueltos en contextos de violencia doméstica.
Finalmente, desmontar mitos como el del síndrome de alienación parental es parte de esta lucha: significa reconocer que los derechos de las infancias y de las mujeres a vivir libres de violencia están por encima de cualquier interés. Un progenitor verdaderamente amoroso jamás pondría en riesgo a su hijo ni le arrebataría a su madre. Por ello, la sociedad y la justicia deben enfocarse en proteger a quienes sufren violencia en lugar de dar crédito a teorías que solo sirven a los agresores. Cada femicidio evitable nos debe interpelar a profundizar los esfuerzos para que Ni Una Menos sea, de una vez por todas, una realidad y para que los niños crezcan en entornos seguros, libres de miedo y de violencia.
