El 1 de septiembre de 2022 Argentina quedó al borde de una tragedia institucional: un hombre intentó asesinar a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntándole con una pistola a centímetros de la cara y gatillando el disparo, que milagrosamente no salió. El arma Bersa calibre .32 estaba cargada con cinco balas y se encontraba en condiciones operativas; de hecho, peritajes posteriores demostraron que podía disparar correctamente (fue accionada con éxito 51 veces en pruebas). Aquel jueves por la noche, mientras Cristina saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio en Recoleta, el atacante —Fernando Sabag Montiel, de 35 años, con vínculos en grupos ultraderechistas— se mezcló entre la multitud y apuntó a la cabeza de la mandataria. Gatilló dos veces, pero ninguna bala salió de la recámara. En un instante, militantes que formaban parte del cordón de seguridad improvisado alrededor de Cristina reaccionaron y redujeron al agresor. Su pareja, Brenda Uliarte, quien lo había acompañado a la escena con la intención de filmar el asesinato, se escabulló entre la gente pero fue detenida al día siguiente. La imagen del arma a centímetros del rostro de Cristina, finalmente sin detonar, quedó grabada en la memoria colectiva. Aquella “bala que no salió” evitó una pérdida irreparable, pero dejó al descubierto el grado de violencia política al que se había llegado en el país.
Irregularidades y pruebas perdidas en la investigación
La conmoción inicial pronto dio paso a la indignación por las fallas en la investigación judicial del caso. Desde el primer momento se registraron irregularidades alarmantes y posibles negligencias que comprometieron evidencia clave. Por ejemplo, el teléfono celular del atacante —potencial fuente de información sobre sus contactos y motivaciones— fue manejado de forma absolutamente descuidada por el juzgado de instrucción. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, encargada del caso en Comodoro Py, ordenó peritar el celular de Sabag Montiel sin el protocolo adecuado: en su propio despacho (donde incluso se había cortado la luz), sin aislarlo de la red móvil, y luego envió el aparato encendido, sin cadena de custodia y en un sobre roto a otra dependencia. El resultado fue desastroso: el teléfono apareció reseteado de fábrica, y nunca pudieron recuperarse los mensajes ni comunicaciones del agresor. Así se perdió información crucial que quizás habría arrojado luz sobre con quién se contactó en los días previos y si recibió instrucciones para el ataque. Este quiebre en la custodia de la prueba clave suscitó fuertes críticas y sospechas sobre una posible negligencia –o peor aún, encubrimiento– por parte de la justicia. De hecho, el manejo del celular de Montiel fue tan irregular que la propia jueza Capuchetti enfrenta un expediente en el Consejo de la Magistratura y un posible juicio político por destrucción de evidencia en este caso.
Otros hechos agravaron la percepción de omisiones deliberadas. La detención de Brenda Uliarte, identificada como cómplice, se demoró inexplicablemente casi 24 horas pese a que estaba vigilada tras el atentado, dándole margen para intentar escapar. Según denunciaron los abogados de Cristina, agentes de la Policía Federal tardaron tres horas en acudir a capturarla luego de que el juzgado ordenara seguir sus pasos, y la joven casi logra huir: apenas fue posible detenerla gracias a que otro organismo alertó que Uliarte se estaba moviendo cuando debía estar localizada. Además, se rechazaron múltiples medidas de prueba solicitadas por la querella (los representantes legales de Cristina) y no se profundizaron líneas de investigación surgidas del propio expediente. Un ejemplo fue la tardía citación de Hernán Carrol, un dirigente ligado a espacios de derecha (Nueva Centro Derecha) con conexiones políticas de alto nivel, cuyo nombre apareció en la causa de forma inquietante: Sabag Montiel le había enviado una nota manuscrita a la jueza indicando que Carrol sería la persona encargada de asignarle un abogado defensor y pagarle los honorarios. Pese a lo sugestivo del dato –Carrol tenía lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, líderes opositores, y además tenía contacto con Uliarte–, la jueza tardó un mes en llamarlo a declarar. Solo incautó uno de sus dos teléfonos, y para entonces todos sus datos habían sido borrados. La falta de reflejos (o voluntad) para preservar esa evidencia permitió que potencialmente se evaporaran pistas sobre instigadores o financistas.
También se detectaron anomalías en la pesquisa de otras conexiones. Una de las más graves involucra al entonces diputado opositor Gerardo Milman (del partido PRO). Varios indicios apuntaban hacia él: semanas antes del ataque, Milman había presentado en el Congreso pedidos de informes sobre la seguridad de Cristina, insinuando la posibilidad de un atentado que él interpretaba de antemano como un “auto-atentado”. Más estremecedor fue el testimonio de un testigo que declaró haber escuchado a Milman decir dos días antes del atentado la frase: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”. En lugar de investigar a fondo esta “pista Milman”, la jueza Capuchetti prácticamente la paralizó: se puso del lado del propio Milman. A pedido del diputado, denunció al testigo que lo había incriminado, sembrando dudas sobre su versión. Asimismo, se negó a secuestrar los celulares de las dos asesoras que acompañaban a Milman en aquella ocasión clave, pese a que ambas colaboradoras incurrieron en contradicciones y falsedades al declarar. Con el paso del tiempo, se supo que esos teléfonos terminaron misteriosamente “reseteados” mientras estaban en manos de personas del entorno de Milman: según trascendió, habrían sido borrados en una oficina ligada a Patricia Bullrich antes de que pudieran ser peritados. Solo en 2023, muy tarde, Capuchetti ordenó analizar un celular que Milman entregó voluntariamente –un aparato nuevo, adquirido después del atentado– y encima lo hizo con un patrón de búsqueda tan limitado que de más de 600.000 archivos solo surgieron tres mensajes de interés. En uno de ellos, paradójicamente, una de las asesoras de Milman le advertía que iba a “contar la verdad” en la TV, dando a entender que había algo importante oculto. A pesar de todas estas alarmas, la línea de investigación política quedó virtualmente estancada. La jueza incluso llegó al extremo de remover el apellido “Milman” de la carátula de la causa, reemplazándolo por el de una denunciante anónima sin relevancia, maniobra que la querella interpretó como un intento de diluir la pista. Estas omisiones y dilaciones siembran la percepción de impunidad: pareciera que hubo “falta de voluntad” real para investigar a quienes pudieron alentar o facilitar el atentado, más allá de los ejecutores materiales.
Quiénes son los acusados y en qué estado está la causa
A tres años del hecho, la causa judicial sigue sin esclarecer completamente quiénes estuvieron detrás del atentado, aunque los autores materiales ya están identificados y enfrentando la justicia. El agresor que empuñó el arma, Fernando Sabag Montiel, y su pareja Brenda Uliarte –ambos vendedores ambulantes de algodón de azúcar conocidos como la “Banda de los Copitos”– fueron procesados y enviados a juicio oral acusados del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Junto a ellos se procesó también como partícipe a Gabriel Nicolás Carrizo, considerado el jefe del pequeño grupo, aunque su rol exacto en la planificación fue debatido en el proceso. El juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 6 de Buenos Aires, comenzó en julio de 2024 y en la actualidad se encuentra en su etapa final. Durante las audiencias, la fiscalía presentó evidencia contundente de la premeditación del ataque por parte de Sabag Montiel y Uliarte: por ejemplo, difundió un audio enviado por Sabag a Uliarte cinco días antes del hecho donde describe fríamente el plan de mezclarse entre la multitud, sacar el arma (“fierro”) y disparar para generar pánico. “Yo la quería matar y ella quería que muera”, confesó Sabag Montiel sobre Cristina, reconociendo que ambos actuaron con pleno conocimiento y voluntad homicida. Peritajes psicológicos descartaron que se tratase de personas “locas” o inimputables: sabían perfectamente lo que hacían.
En los alegatos finales del juicio, la fiscala federal Gabriela Baigún solicitó penas de 19 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Brenda Uliarte, considerándolos coautores plenamente responsables de la tentativa de magnicidio agravada. Planteó que actuaron con alevosía y violencia política de género (por el odio especial hacia una mujer líder) al intentar asesinar a la Vicepresidenta. Otra fiscala, Mariela Labozzetta, especializada en violencia contra las mujeres, reforzó esta mirada describiendo el ataque como un posible intento de femicidio político: Sabag, un hombre frustrado y con delirios de grandeza, se sintió con derecho a “castigar” a una mujer que ejercía el poder de manera que desafiaba el orden patriarcal, desplegando una violencia disciplinadora a la vista de todos. Por su parte, la querella de Cristina Kirchner (sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal) pidió penas de 15 años para cada uno de los dos acusados principales, compartiendo la acusación de tentativa de homicidio agravado. Sorprendentemente, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la absolución de Gabriel Carrizo, al considerar que no había pruebas suficientes de su participación directa en el plan. De hecho, Carrizo recuperó la libertad durante el proceso oral. Esta decisión estuvo en línea con la instrucción de la propia Cristina a sus abogados: que no acusen a nadie sin pruebas sólidas, para no hacer de la justicia un arma política como –según ella– hicieron con su persona. Se espera que en las próximas semanas el tribunal dicte sentencia contra Sabag Montiel y Uliarte, cerrando así el capítulo judicial respecto a los autores materiales del atentado.
Las pistas ignoradas: ¿hubo autores intelectuales detrás?
Si bien los tres integrantes de la denominada “banda de los copitos” afrontan la instancia del juicio oral, permanece abierta la incógnita de si hubo autores intelectuales o apoyos externos en el intento de magnicidio. La investigación judicial, tal como fue conducida, no avanzó sobre posibles instigadores, financistas ni cómplices más allá del círculo inmediato de Sabag Montiel y Uliarte. Esta situación ha sido fuertemente criticada por la propia Cristina Kirchner y su espacio político, que sienten que la causa quedó incompleta. A fines de 2022, los abogados de la Vicepresidenta habían reclamado sin éxito que se ampliaran las imputaciones para abarcar una posible asociación ilícita detrás del ataque, dado que ciertos chats y evidencias sugerían que los acusados no actuaron en aislamiento sino jactándose de “alterar el orden público y forzar la renuncia del presidente” con su acción. Por ejemplo, en el teléfono de Carrizo se halló un mensaje escalofriante enviado horas después del atentado: “Recién intentamos matar a Cristina”, escribió, lamentando que el disparo hubiera fallado. A la luz de tales indicios, la querella planteó que Carrizo debía ser considerado coautor (y no mero partícipe secundario) y que todos los acusados podían haber formado parte de un plan mayor para desestabilizar al gobierno. Sin embargo, la jueza Capuchetti rechazó agregar esa figura legal, esgrimiendo formalidades procesales: dijo que las imputaciones ya estaban “consolidadas” y que la querella no las había apelado en su momento. Esta decisión de no profundizar líneas de investigación más amplias abonó la idea de un encapsulamiento deliberado del caso en los “lobos solitarios” apresados, sin buscar a posibles cerebros o apoyos logísticos.
Cristina Kirchner y sus abogados sostienen que la Justicia mostró desinterés en llegar hasta las últimas consecuencias. Cuando a mediados de 2023 el fiscal de instrucción Carlos Rívolo (quien había quedado a cargo de la pesquisa tras la semi-recusación de Capuchetti) pidió elevar a juicio únicamente el tramo contra Sabag, Uliarte y Carrizo, la Vicepresidenta denunció públicamente que eso era “un acto de consagración de la impunidad”. Criticó que se pretendiera cerrar la investigación sin incluir a figuras como Gerardo Milman o los agitadores del grupo ultraderechista Revolución Federal, a quienes ella acusa de estar detrás del intento de magnicidio. Revolución Federal, de hecho, había sido identificada tempranamente por su retórica violenta anti-Kirchner (varios de sus miembros fueron detenidos en 2022 por incitación al odio) y por la relación directa de Sabag Montiel y Uliarte con algunos de sus integrantes. No obstante, ninguna de esas conexiones derivó en imputaciones formales en la causa principal. La elevación a juicio se hizo “parcialmente”, dejando esas pistas en expedientes separados que en los hechos quedaron paralizados. «No hay práctica más clara para buscar la impunidad en causas complejas que partirlas en pedacitos. Lo que queda sin juzgar nunca se investiga más«, protestó Cristina en una carta abierta, señalando que Comodoro Py tiene un triste historial de cajonear las investigaciones residuales. Según ella, “ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato” en profundidad, y ahora buscan dar por concluido el caso con una rapidez inusitada que contrasta con la lentitud crónica de la justicia en otros expedientes. En efecto, al mandar a juicio solo a los autores materiales, la jueza Capuchetti dejó pendiente (y virtualmente congelada) la llamada “pista política” del caso. Recién en 2025, con el juicio oral ya en marcha y a pedido de la querella, se dispuso tardíamente peritar un teléfono del diputado Milman, aunque –como vimos– aquello arrojó magros resultados por haberse hecho sobre un aparato nuevo y con criterios limitados. Al día de hoy, no hay ningún “autor intelectual” identificado ni mucho menos procesado, pese a que abundan elementos que sugieren al menos instigación indirecta. La propia exposición de testigos durante el juicio oral exhibió un “muestrario del odio” imperante en ciertos círculos: desfilaron personas vinculadas a espacios libertarios y de ultraderecha que en los meses previos difundieron amenazas e ideas violentas contra Cristina. Todos negaron haber tenido conexión concreta con el ataque, pero la atmósfera de sus mensajes (pedían “pasar a la acción”, “exterminar al kirchnerismo”, etc.) coincidía con el caldo de cultivo que posibilitó que Sabag Montiel y Uliarte se sintieran “invitados a matar a CFK”. Queda flotando en el aire, entonces, la pregunta: ¿Fue realmente un acto aislado de dos fanáticos, o hubo intereses mayores celebrando en las sombras que alguien hiciera el “trabajo sucio”? Por lo pronto, la falta de avances para despejar esa duda resulta en sí misma un signo preocupante de impunidad.
La “bala judicial”: del atentado fallido al fallo contra Cristina
Resulta imposible analizar el intento de magnicidio sin contextualizarlo en una escalada de persecución político-judicial contra Cristina Kirchner. Apenas tres meses después del atentado fallido, la exmandataria fue condenada en la causa “Vialidad” a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, acusada de corrupción en la obra pública. Ese fallo condenatorio –dictado el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº2 y confirmado en 2025 por la Corte Suprema– fue vivido por el kirchnerismo como la consumación de lo que la bala no pudo lograr. La propia Cristina había advertido en aquellos días: “Me quieren presa o muerta”. Y en efecto, en junio de 2025 la Corte coronó esa sentencia polémica, que sus seguidores consideran parte del lawfare (guerra judicial) para proscribirla políticamente. Es decir, lo que Fernando Sabag Montiel no consiguió con su pistola, lo concretó el sistema judicial al despojar a CFK de sus derechos políticos. Por eso, al cumplirse 3 años del ataque, Cristina Kirchner atraviesa un momento histórico insólito: aguarda el veredicto contra quienes quisieron matarla, mientras ella misma se encuentra condenada, detenida (bajo modalidad de prisión domiciliaria) y virtualmente apartada de la escena electoral. La imagen de este contraste brutal quedó plasmada en la consigna que muchos militantes repiten: “La bala que no salió… el fallo que sí salió”. En palabras de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, “Falló el atentado, falló (la ley) Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola”. Es la convicción de que hubo una continuidad de propósito entre la violencia física y la violencia institucional: eliminar a Cristina Kirchner –sea del mundo o de la política– por representar un proyecto contrario a ciertos poderes establecidos. “Lo que algunos llaman lawfare”, describe la periodista Irina Hauser, “*tiene algo en común con el atentado
