La madrugada del 20 de septiembre, Florencio Varela se convirtió en escenario de un horror que estremece al país: Lara Gutiérrez (15 años), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron encontradas muertas, enterradas en el patio de una casa en Villa Vatteone. Habían desaparecido cinco días antes. La autopsia reveló torturas, quemaduras, mutilaciones. Tres femicidios, perpetrados con un ensañamiento que no deja dudas: sus cuerpos fueron utilizados como mensaje de terror en un contexto de narcocriminalidad.
El proceso judicial y los imputados
La justicia imputó a cuatro personas por homicidio agravado: dos jóvenes de 18 y 19 años, sorprendidos limpiando rastros de sangre, y una pareja vinculada al narcotráfico, entre ellos un hombre conocido como “Pequeño J”. La fiscalía investiga la conexión con redes narco y ajusticiamientos internos. Pero más allá de los expedientes y las pericias, el triple femicidio revela algo más profundo: la crueldad sobre los cuerpos de mujeres pobres, precarizadas, invisibilizadas.
No hay víctimas culpables
Desde el minuto cero, algunos medios reprodujeron el libreto patriarcal: que “eran prostitutas”, que “estaban metidas con narcos”. Una narrativa que intenta borrar la responsabilidad de los asesinos y del Estado, trasladando la culpa a quienes ya no pueden defenderse.
Decimos con fuerza: Lara, Brenda y Morena no murieron por sus decisiones, murieron por un sistema que las empujó a contextos peligrosos y que las abandonó sin protección. Ni la edad, ni el barrio, ni la pobreza justifican un femicidio. Las únicas responsables son las manos que las mataron y el Estado que las dejó a merced de la violencia.
La pobreza como condena
En los barrios populares, las mujeres viven expuestas a múltiples violencias: la económica, la institucional, la del crimen organizado y la machista. La precariedad no es un dato anecdótico: es el caldo de cultivo donde los femicidios se multiplican.
La juventud de Lara —apenas 15 años— muestra la crudeza de un Estado que no pudo garantizarle ni derechos básicos. El hambre, la falta de oportunidades y la ausencia de contención son las otras armas que matan a las pibas.
El desmantelamiento de las políticas de género
Este crimen ocurre en un país donde el propio gobierno desfinanció las políticas de género. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue reducido a una subsecretaría sin recursos, mientras se recortaron programas centrales como la Ley Micaela (capacitación en género para funcionarios), la Ley Brisa (reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios) y el Programa Acompañar (apoyo económico a mujeres en situación de violencia).
Entre 2023 y 2025, el presupuesto nacional destinado a políticas de género cayó más de un 60% en términos reales. En paralelo, el cierre de dispositivos territoriales dejó a miles de mujeres sin refugios, sin acompañamiento legal, sin líneas de contención. Los recortes de Milei no son neutros: cuestan vidas.
La consigna feminista es clara: cuando se desmantelan políticas de género, se multiplican los femicidios. El Estado, en lugar de proteger, ajusta. Y ese ajuste recae sobre los cuerpos de las mujeres más pobres.
La responsabilidad de los medios
Los medios que eligieron la estigmatización son parte del problema. Hablar de “vidas perdidas” o de “elecciones equivocadas” es invisibilizar que se trata de tres mujeres asesinadas en un contexto de violencia estructural.
Necesitamos un periodismo que informe sin prejuicios, con perspectiva de género, que no repita el “algo habrán hecho”. La prensa que revictimiza es cómplice de la cultura que naturaliza el femicidio.
Convocatoria: la bronca se transforma en movilización
Este sábado a las 17 horas, frente al Congreso Nacional, se convoca una marcha masiva bajo la consigna: “Por Lara, Brenda y Morena. Basta de femicidios. El Estado es responsable”.
Será una jornada de duelo, pero también de lucha. Porque cada marcha feminista es un grito colectivo que dice: no vamos a aceptar más muertes, no vamos a aceptar el ajuste sobre nuestras vidas, no vamos a aceptar la impunidad.
Las jóvenes asesinadas en Florencio Varela no son cifras. Son hijas, amigas, vecinas. Son el rostro de una violencia que se profundiza cuando los gobiernos recortan las políticas que podrían haberlas protegido.
Este sábado, el pañuelo verde y el pañuelo violeta volverán a encontrarse en la calle. Porque la memoria de Lara, Brenda y Morena merece justicia, y porque vivas nos queremos.
