Otra decisión que contribuyó a construir la dura derrota que sufrió el Gobierno Nacional en la Provincia de Buenos Aires este domingo.
El 6 de agosto de 2024, Javier Milei tomó una decisión que pasó rápido en los medios pero que tiene consecuencias profundas hasta hoy: disolvió por decreto el INADI, el organismo creado en 1995 para recibir denuncias y diseñar políticas contra la discriminación. Lo hizo derogando la Ley 24.515 y trasladando sus funciones al Ministerio de Justicia, aunque ese ministerio nunca dio una respuesta real de cómo reemplazar lo que el INADI hacía.
La justificación oficial fue que el instituto era “ineficiente” y “un gasto inútil”. Pero lo que se perdió es mucho más que un edificio o una línea telefónica: se perdió la única ventanilla nacional donde una persona podía denunciar si la discriminaban por su género, color de piel, orientación sexual, discapacidad o simplemente por ser pobre. El propio decreto de Milei reconocía que había casi 8 mil actuaciones abiertas y que el organismo tenía 44 delegaciones en el país. Todo eso quedó en el aire.
Un retroceso enorme
Más de un año después, las consecuencias son visibles:
- Se cortó la línea 168.
- Miles de personas se quedaron sin respuesta.
- Se desarmaron equipos técnicos en todo el país.
- Hubo despidos masivos, incluso del cupo laboral travesti-trans.
- Las capacitaciones en escuelas, las campañas de sensibilización en barrios y el Mapa Nacional de la Discriminación quedaron paralizados.
El impacto es concreto: hoy no existe un organismo nacional especializado donde reclamar por discriminación. Y eso es grave, porque los casos siguen pasando todos los días, aunque ahora cueste más que se visibilicen.
¿Dónde se da la discriminación?
No siempre aparece en forma de insulto o agresión explícita. Muchas veces se esconde en excusas que parecen “neutras”:
- Inmobiliarias: “no alquilamos a extranjeros”, “sin niños”. Y cuando la que busca alquilar es una mujer, las preguntas se vuelven invasivas: si piensa quedar embarazada, si tiene cuota alimentaria, si está separada o si vive sola con hijos.
- Entrevistas laborales: descartan a alguien “por la edad”, “por el barrio de residencia” o “porque está embarazada”.
- Boliches: imponen “requisitos de estética” para entrar.
- Hospitales o escuelas: comentarios degradantes hacia personas con discapacidad.
Todas esas situaciones, aunque se disfracen de “reglas de convivencia” o “política comercial”, son actos discriminatorios. Antes podías llamar al INADI y te orientaban. Hoy la respuesta estatal es fragmentada y depende de la suerte de cada persona de encontrar un canal en su jurisdicción.
Lo que quedó en pie
Aunque el INADI ya no exista, la Ley 23.592 (antidiscriminatoria) sigue vigente y es la principal herramienta legal. Se complementa con la Constitución Nacional (arts. 16 y 75 inc. 22) y los tratados internacionales de derechos humanos.
1. Acción civil por discriminación (Ley 23.592, art. 1)
- Permite pedir judicialmente que cese el acto discriminatorio y reclamar daños y perjuicios.
- Ejemplo: una inmobiliaria que niega un alquiler por nacionalidad o por ser madre sola.
- Se tramita en juzgado civil/comercial con abogado/a.
- Patrocinio gratuito en:
- Defensorías del Pueblo provinciales o municipales.
- Ministerio Público de la Defensa.
- Clínicas jurídicas universitarias (UBA, UNLP, UNC).
2. Acción penal (Ley 23.592, arts. 2 y 3 + Código Penal)
- Cuando la discriminación incluye amenazas, hostigamiento, lesiones o incitación al odio.
- La ley agrava la pena si un delito común se comete por odio racial, religioso o discriminatorio.
- Ejemplo: pintadas de odio contra una comunidad, agresiones racistas.
- Se denuncia en fiscalía o comisaría. En CABA: línea 0800-33-FISCAL (347225).
3. Ámbito contravencional (CABA y algunas provincias)
- El Código Contravencional de CABA sanciona actos discriminatorios en espacio público.
- Ejemplo: un boliche que no deja entrar por identidad de género.
- Se denuncia en el Ministerio Público Fiscal de CABA (online, app o teléfono).
4. Defensorías del Pueblo (administrativas, con mediación)
- No sancionan, pero pueden mediar, presionar y acompañar.
- Útiles en educación, salud, vivienda, servicios públicos o consumo.
- Ejemplo: hospital que se niega a brindar un ajuste razonable a persona con discapacidad.
- Canales:
- CABA: 0800-999-3722
- PBA: 0800-222-5262
- Municipales: cada ciudad tiene la suya.
5. Defensa del Consumidor (trato indigno en servicios o alquileres)
- La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor protege contra el “trato indigno” (art. 8 bis).
- Ejemplo: una inmobiliaria que pide más requisitos a una mujer sola que a un varón.
- Canales de denuncia:
- CABA: defensa del consumidor local.
- Nación: denuncias.consumidor.gob.ar
Lo que está en juego
El cierre del INADI no sólo dejó sin respuestas a miles de personas. También manda un mensaje político: para este gobierno, los derechos contra la discriminación no son prioridad.
Argentina supo ser pionera en reconocer la igualdad como principio constitucional y en ratificar tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, al cumplir 13 meses sin el organismo, ese piso de protección se debilitó.
- No hay estadísticas nacionales actualizadas.
- No hay políticas públicas consistentes.
- No hay un lugar al que recurrir con confianza.
Mientras tanto, las víctimas de discriminación siguen defendiéndose solas frente a inmobiliarias, boliches, oficinas públicas o empresas.
Un ajuste que golpea derechos
En un país con tanta desigualdad, cerrar el INADI no fue sólo un ajuste burocrático. Fue dejar sin protección a quienes más necesitan del Estado: las personas discriminadas todos los días en el trabajo, en la calle o al buscar un techo.
La promesa de “eficiencia” terminó en silencio oficial y en soledad ciudadana.
Más de un año después, la discriminación sigue ahí, pero el Estado ya no.
