La moratoria previsional es un mecanismo legal que permite a quienes alcanzan la edad jubilatoria (65 años los varones, 60 las mujeres) pero no cuentan con los 30 años de aportes requeridos completar sus aportes adeudados y acceder a la jubilación. En la práctica, esto se hace mediante un plan de pago: al jubilarse, se descuenta un porcentaje del haber en cuotas de hasta 120 meses para saldar la deuda previsional. Esta herramienta, vigente desde 2005 en diferentes versiones, ha sido respaldada por varias leyes: por ejemplo, la Ley 27.705/2023 (Plan de Pago de Deuda Previsional) autorizó en marzo de 2023 dos años de moratoria, y el Senado aprobó en junio de 2025 la prórroga (Ley 27.792) por otros 2 años (aunque el Poder Ejecutivo la vetó poco después). También existen reglamentaciones específicas, como el régimen de casas particulares (Ley 26.844/2013) que incorpora a las empleadas domésticas al sistema jubilatorio, y moratorias anteriores (por ejemplo, la lanzada en 2005 por Néstor Kirchner, que integró a 3,5 millones de hombres y mujeres al sistema). En conjunto, estas normas reconocen que muchos trabajadores quedaron al margen del sistema por años de informalidad, desempleo o trabajo de cuidado, y buscan corregir esa inequidad.
- Cobertura actual: El sistema previsional argentino cuenta con alrededor de 7,8 millones de beneficios (septiembre de 2024). De ese total, una porción mayoritaria proviene de moratorias. Por ejemplo, el boletín estadístico de ANSES indica que el 64% de los jubilados del SIPA accedieron mediante moratorias. Chequeado señala que aproximadamente el 59,5% de las jubilaciones/pensiones (4,3 millones de 7,2 millones) se otorgaron por moratoria. Desde 2005 hasta la fecha el número de beneficios totales creció un 130% (de 3,1M a 7,2M en 2024) gracias al aporte de estas políticas.
- Años de aporte: En palabras del especialista Rafael Rofman, “solo cerca de un 25% de quienes llegan a la edad jubilatoria tienen 30 años de aportes”. En otras palabras, sin la moratoria nueve de cada diez futuros jubilados entrarían sin cumplir el requisito legal. Esta dura estadística confirma que la moratoria fue un “parche” necesario para incluir al 75% de la población que de otra manera quedaría excluida del sistema.
- Género y vulnerabilidad: La moratoria benefició especialmente a las mujeres. Según datos oficiales, el 73% de las mujeres jubiladas accedió por moratoria (frente al 46% de los hombres) y, en total, el 74% de los beneficiarios moratoria son mujeres. Como subraya la abogada Silvana Capece, sin este instrumento solo 3 de cada 10 hombres y apenas 1 de cada 10 mujeres lograrían hoy jubilarse. Por ejemplo, más del 76% de las trabajadoras de casas particulares (empleadas domésticas) están en la informalidad y sin la moratoria quedarán fuera del derecho a jubilarse. En suma, la moratoria redujo notablemente la pobreza y la indigencia entre los adultos mayores y mejoró la equidad de género –en 2014 se destacaba que el 73% de quienes accedieron a la jubilación con moratoria eran mujeres.
- Impacto fiscal: Su costo fiscal es marginal. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que ampliar la moratoria a 220.000 nuevos beneficiarios implicaría apenas un 0,08% del PBI. El propio decreto presidencial de vetar el proyecto de extensión detalla que la moratoria costaba $156.000 millones (0,02% PBI) en 2025 y $1,17 billones (0,12% PBI) en 2026. En contraste, la suspensión del programa “evitaría la incorporación de más de 462.000 nuevos beneficiarios”. Estos números son irrisorios frente a la magnitud de la exclusión que corrigen.
Debate actual: modelo Milei y respuestas
En su reciente gestión, el gobierno de Javier Milei cuestiona abiertamente la moratoria. Voceros oficiales han afirmado que “las moratorias rompieron el sistema previsional” y proponen beneficios solo para quienes aportaron 30 años completos. De hecho, Milei decidió no prorrogar la Ley 27.705 (que venció el 23/3/2025) y vetó la ley de prórroga (27.792) que había sido sancionada por el Congreso. Además, el Ejecutivo estudia un “esquema dual” de aumentos, donde solo los jubilados con 30 años de aportes reciban los incrementos completos, dejando afuera a los alcanzados por la moratoria.
Este discurso ha desatado críticas. En primer lugar, el supuesto ahorro fiscal es casi simbólico (0,08–0,19% del PBI). En segundo lugar, la alternativa oficial –la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)– entrega apenas el 80% de la jubilación mínima y solo a quienes superen riguroso filtro socioeconómico, lo que en la práctica equivale a elevar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años sin garantizar un ingreso digno. Como señala la socióloga Luci Cavallero, sin la moratoria “siete de cada diez hombres y nueve de cada diez mujeres” no podrán jubilarse. En definitiva, el modelo liberal vigente penaliza a los más vulnerables (por ejemplo, en el trabajo no registrado “a las empresas se les perdona… y a las personas se las penaliza impidiéndoles la jubilación”), mientras preserva privilegios de quienes aportaron toda su vida.
La evidencia empírica y técnica refuta la idea de que la moratoria “regale” jubilaciones: era un derecho por contribuciones impagas y surgió de reconocer una realidad de informalidad extrema. Solo cerca del 25% de los trabajadores llega a los 30 años de aportes, de modo que sin este mecanismo el sistema previsional sería profundamente excluyente. Por ello, mantener la moratoria es defender la cobertura universal del sistema. Como muestran los expertos, esta política social redujo la pobreza adulta mayor y amplió la redistribución del ingreso. En suma, bajo el argumento fiscal irrelevante, se sacrifica la dignidad de millones de trabajadores que brindaron su esfuerzo a lo largo de la vida laboral.
Legado de Amado Boudou y la protección de la vejez
Entre quienes promovieron y sostuvieron una jubilación digna se destaca Amado Boudou. Durante su gestión como titular de ANSES (2003-2010) y luego como vicepresidente (2011-2015), impulsó políticas clave de inclusión previsional. Como él mismo recuerda, en 2003 había alrededor de 3 millones de jubilados y pensionados, y “entre todos hicimos un gran esfuerzo para llegar a los 7 millones que hay hoy”. Es decir, bajo su influencia se duplicó el alcance del sistema previsional. Además, Boudou encabezó “la recuperación del sistema previsional público y de reparto que permitió jubilarse a millones de trabajadores y trabajadoras”. En ese marco se reinstaló la movilidad jubilatoria, se lanzó la Tarjeta Argenta y se avanzó en la equiparación del haber mínimo.
En definitiva, Boudou también defendió expresamente los derechos de las trabajadoras de casas particulares y amas de casa, logrando que miles de mujeres consiguieran el derecho a jubilarse pese a años de trabajo doméstico no remunerado. Como señaló en un acto de ATE, “cuando vimos que el 70% de los jubilados de la moratoria eran mujeres, pudimos interpretar que esta era una política correcta en términos de igualdad”. Gracias a esa visión se sancionaron regímenes especiales (Ley 26.844/2004) y planes de pagos que incorporaron a estas trabajadoras al sistema. Por estas razones –y más allá de su actual persecución política– Amado Boudou es considerado entre los líderes políticos que más aportaron a dignificar la vejez en la Argentina reciente.
La moratoria previsional es una garantía social esencial que articula justicia y solidaridad intergeneracional. Sus fundamentos legales (Leyes 27.705/2023, 26.844/2013, decretos de inclusión de 2005, etc.) y su impacto positivo están ampliamente documentados. Sacarla del sistema profundiza la desigualdad: favorecerá a una minoría aportante mientras deja afuera a decenas de miles de adultos mayores vulnerables. En contraste, mantenerla costaría casi nada al Estado y afirmaría el derecho de millones a jubilarse. Por ello, defender la moratoria jubilatoria no es un capricho político: es una causa de peso social y económica. Es apuntalar el consenso de que la vejez con dignidad debe ser un derecho para todos, tal como lo promovieron históricamente figuras como Amado Boudou.
