En una maratónica sesión que comenzó el miércoles 17 de diciembre de 2025 y terminó en la madrugada del día 18, la Cámara de Diputados trató el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo. La propuesta oficialista incluyó un Capítulo XI con el artículo 75, que buscaba derogar dos leyes aprobadas por el Congreso unos meses antes: la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Ese capítulo también arrastraba otras medidas polémicas como la eliminación de la “zona fría” y la eliminación de la actualización automática de las asignaciones universales y familiares.
- Ley de Financiamiento Universitario (27.795): establece un régimen de financiamiento para las universidades nacionales, los hospitales universitarios y las actividades de investigación y extensión. La norma obliga al Estado a destinar partidas específicas para universidades, actualizar los fondos con una fórmula que combina índice de precios al consumidor, variación del dólar y de las tarifas públicas, y contempla becas estudiantiles y recomposición salarial.
- Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793): declara la emergencia en discapacidad hasta 2026, reconoce derechos de las personas con discapacidad y autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas para garantizar prestaciones, rehabilitación y asistencia. La justicia calificó de “discriminatoria” la suspensión de la norma por decreto y ordenó su inmediata aplicación.
La Casa Rosada justificó la derogación alegando que estas leyes generan gastos que comprometerían el déficit cero y que el Congreso no asignó una fuente de financiamiento. La oposición denunció que incluirlas en el presupuesto era una maniobra “extorsiva” para obligar a aprobar un paquete de recortes.
El desarrollo del debate y cuándo sigue
El Presupuesto 2026 se votó por capítulos. En la votación general el proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, cuando se discutió el Capítulo XI, la oposición unida (Unión por la Patria, Frente de Izquierda, algunos legisladores de bloques provinciales y radicales disidentes) logró rechazarlo con 123 votos negativos, frente a 117 afirmativos de los libertarios y sus aliados, y 2 abstenciones. Para conseguir la media sanción en general, el oficialismo decidió retirar el capítulo polémico y enviar el presupuesto al Senado sin ese paquete de recortes.
Tras la media sanción, el proyecto continúa su trámite en el Senado. El oficialismo anticipó que intentará reintroducir la derogación de estas leyes en la Cámara Alta, pero no tiene garantizados los votos. Además, en caso de que el Senado apruebe el presupuesto sin el capítulo XI, la Casa Rosada no descarta vetar la ley o retrasar su envío porque sostiene que el texto aprobado “vulnera el déficit cero”. La discusión podría retomarse a fines de diciembre o en el primer período extraordinario de 2026.
¿Quiénes votaron y cómo?
Votación general del Presupuesto 2026
| Bloques y alianzas | Posición y votos | Comentario |
|---|---|---|
| La Libertad Avanza (LLA) | A favor | El bloque del presidente Javier Milei consiguió el apoyo de sus 95 diputados. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque, defendió el presupuesto como clave para el equilibrio fiscal. |
| PRO, UCR, Innovación Federal y otros aliados (Fuerza del Cambio) | A favor | Se sumaron al oficialismo en general. El PRO y la UCR fueron claves para llegar a 132 votos. |
| Unión por la Patria (UP) | En contra | El principal bloque opositor (peronismo) denunció el ajuste y votó negativamente. Germán Martínez acusó al oficialismo de “perversidad” por el capítulo XI. |
| Frente de Izquierda | En contra | Rechazó el presupuesto y denunció el ajuste. |
| Provincias Unidas (Lousteau y aliados) | Abstenciones | Prefirieron abstenerse en general, cuestionando la “extorsión” de votar por capítulos. |
Votación particular del Capítulo XI (artículo 75)
| Resultado | Número de votos | Quiénes votaron |
|---|---|---|
| Afirmativos | 117 | La Libertad Avanza y sus aliados más cercanos (mayoría del PRO y sectores de la UCR). Algunos diputados oficialistas admitieron votar a favor pese a no estar de acuerdo con todos los artículos. |
| Negativos | 123 | Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Provincias Unidas y varios legisladores de bloques provinciales (Catamarca, Tucumán, Salta, Neuquén, Corrientes y Chaco) que sorpresivamente se opusieron. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó la inclusión del artículo 75 como “extorsiva”. |
| Abstenciones | 2 | Corresponden a diputados aliados que se negaron a votar a favor de la derogación pero tampoco quisieron pronunciarse en contra; entre ellos se menciona al entrerriano Darío Schneider. |
Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) eran considerados aliados, pero varios de sus diputados votaron en contra del capítulo XI, lo que generó reproches desde la Casa Rosada.
¿Cómo afecta esto al pueblo?
La votación es significativa porque mantiene vigentes leyes que protegen derechos sociales:
- Financiamiento universitario – Mantener la ley asegura que las universidades públicas, los hospitales universitarios y la investigación científica reciban fondos actualizados y previsibles. También garantiza becas estudiantiles y salarios para docentes y no docentes indexados por la inflación. Su derogación habría dejado a las universidades sin mecanismo de actualización, profundizando el deterioro salarial y obligando a ajustar servicios, carreras y programas de extensión. Los estudiantes y trabajadores universitarios, y la comunidad que depende de hospitales universitarios, habrían sido los más afectados.
- Emergencia en discapacidad – La ley declara la emergencia y obliga al Estado a financiar prestaciones y ayudas para personas con discapacidad, permitiendo reasignar partidas para cubrir terapias, rehabilitación, ayudas técnicas y programas de inclusión. Al suspenderla por decreto, el Gobierno había sido demandado; un juez federal advirtió que la suspensión era “discriminatoria” y ordenó su inmediata aplicación. Su derogación habría dejado sin cobertura a cientos de miles de familias y a instituciones que brindan servicios de rehabilitación. Además, hubiera eliminado la facultad del Ejecutivo para reasignar fondos ante emergencias.
- Otros derechos – En el mismo capítulo se pretendía eliminar la zona fría, un régimen que subsidia las tarifas de gas en las zonas más frías del país, y se buscaba suprimir la actualización automática de las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo. El rechazo del capítulo protege estos beneficios, que son vitales para familias de ingresos bajos.
- Equilibrio fiscal vs. derechos sociales – El Gobierno argumenta que estas leyes dificultan la meta de déficit cero y representa un gasto de “cinco puntos del PBI”. La oposición sostiene que el costo es marginal en comparación con beneficios fiscales otorgados a otros sectores y que el ahorro pretendido recae sobre sectores vulnerables.
En síntesis, el revés legislativo refleja la tensión entre la estrategia fiscal del gobierno libertario y la demanda social por mantener derechos conquistados. La continuidad de la ley de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad garantiza recursos para la educación pública y la atención de personas con discapacidad, preservando servicios esenciales para la población. El debate continuará en el Senado, donde el oficialismo intentará reabrir la discusión, pero sin un acuerdo amplio el resultado podría repetirse y obligar al Poder Ejecutivo a buscar otras vías para su política de ajuste.
