El Congreso habló y lo hizo con una contundencia que no deja dudas: 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. Con esa mayoría calificada, la Cámara de Diputados rechazó el veto total de Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Fue un golpe político demoledor contra un Presidente que cree que con un decreto puede pasar por encima de derechos fundamentales.
La ley había sido sancionada para dar respuesta a una crisis real: familias que no pueden sostener terapias, instituciones educativas y de rehabilitación al borde del cierre, profesionales mal pagos y un Estado que, lejos de acompañar, ajusta. Pero Milei, con el Decreto 534/2025, la barrió de un plumazo bajo un único argumento: “no hay plata”.
Ese mantra del déficit cero, repetido como dogma, se transformó en una política cruel: recortar la vida de los más vulnerables. Lo que hoy quedó demostrado en Diputados es que la democracia tiene antídotos contra el autoritarismo fiscal.
Lo que ya había dicho la Justicia y que ahora refrendó el Congreso
Días atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto en un caso puntual: dos niños con discapacidad que quedaban sin tratamientos. Su fallo fue claro: lo de Milei fue discriminación. La salud, la educación y la rehabilitación no pueden subordinarse al ajuste.
El juez recordó que la Constitución y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a garantizar prestaciones básicas, y que el Jefe de Gabinete tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias. Es decir: había recursos, pero Milei eligió no usarlos.
Ese razonamiento judicial hoy tiene un correlato político: 172 diputados y diputadas ratificaron que la ley debe estar vigente y que el veto de Milei fue un abuso de poder.
Por qué el veto de Milei es inconstitucional
- Constitución Nacional, art. 75 inc. 22 y 23: manda al Congreso a priorizar derechos de niñez y personas con discapacidad. Milei hizo lo contrario.
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378, jerarquía constitucional por Ley 27.044): obliga a garantizar apoyos, accesibilidad y rehabilitación. El veto desfinancia esas obligaciones.
- Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849): interés superior de la niñez. Milei lo ignoró.
- Convención Americana de DDHH (art. 26, Ley 23.054): prohíbe retrocesos en derechos sociales. El veto fue regresivo.
- Leyes 24.901 y 26.816: establecen prestaciones y empleo protegido. Con el veto, quedaron en el aire.
Además, el principio de progresividad prohíbe retroceder en derechos sociales. Milei lo quebró deliberadamente.
Lo que viene: la definición en el Senado
Con el voto de Diputados, la ley avanza un paso crucial. Pero todavía falta el Senado, que deberá reunir también dos tercios para insistir en la sanción original. Si lo consigue, la ley quedará promulgada y Milei no podrá vetarla otra vez. Si no lo logra, el veto seguirá vigente.
Hoy, entonces, la Ley de Emergencia en Discapacidad todavía no está en vigor de manera general, aunque el precedente judicial de Campana protege a la familia que litigó y abre la puerta a nuevos amparos.
El significado político y social de la votación
Lo que ocurrió en Diputados no es un simple trámite parlamentario. Es un mensaje directo al Poder Ejecutivo: el Congreso no va a dejar que el Presidente se lleve puesto a los más vulnerables con un decreto. Es, además, un pronunciamiento institucional contra una forma de gobernar que confunde “austeridad” con abandono estatal.
Milei habla de “gasto” cuando en realidad se trata de la vida de miles de personas. Cada terapia no cubierta, cada institución cerrada, cada familia endeudada para sostener tratamientos es la consecuencia concreta de su decisión política. Lo que hoy hicieron los diputados fue decirle en la cara: los derechos no se vetan, la discapacidad no se ajusta, la dignidad no se negocia.
Lo que está en juego
El Senado tiene ahora la responsabilidad de terminar de derrumbar el veto presidencial y devolverle vigencia plena a la Ley 27.793. No se trata de una discusión técnica ni de una pulseada fiscal: se trata de si Argentina es capaz de cumplir su propia Constitución y los tratados internacionales que la obligan a proteger a las personas con discapacidad.
Milei quiso imponer un país donde la dignidad es un lujo y los derechos dependen de un Excel. El Congreso empezó a demostrar que no todo se compra ni se vende, que la vida no se ajusta y que la democracia tiene memoria y herramientas para poner límites.
¿Estarán nuestros representantes en el Senado a la altura?
