Contexto e importancia de la conmemoración
Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, fecha establecida en 1988 como la primera dedicada a una cuestión de salud global. En este día, personas de todo el mundo se unen para generar conciencia, apoyar a quienes viven con VIH y recordar a quienes fallecieron por causas relacionadas al SIDA. Año tras año, la jornada destaca la situación actual de la epidemia, recordándonos que el VIH sigue presente y que es imprescindible aumentar los esfuerzos y la financiación para combatirlo. También es un llamado a reducir el estigma y la discriminación asociados al virus, elementos que aún hoy dificultan el acceso a la salud de muchas personas. En 2024, por ejemplo, el lema global elegido fue “Sigamos el camino de los derechos”, enfatizando que la protección de los derechos humanos es clave para mejorar la salud y la respuesta al VIH. Esta perspectiva resulta fundamental, ya que una sociedad informada y libre de prejuicios puede ayudar a prevenir nuevas infecciones y asegurar una mejor calidad de vida para las personas con VIH.
Legislación vigente en Argentina: una respuesta integral y basada en derechos
Argentina cuenta con un marco legal actualizado y progresivo en materia de VIH/SIDA. En junio de 2022 se aprobó la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis (Ley 27.675), reglamentada el 1° de diciembre de 2022. Esta norma reemplazó a la ley de SIDA de 1990, incorporando un enfoque moderno de salud pública, género y derechos humanos. La ley 27.675 declara de interés público nacional los medicamentos, vacunas, tratamientos y herramientas de prevención relativas al VIH y otras infecciones, garantizando su acceso universal, oportuno y gratuito a toda la población. El Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación y puede coordinar con laboratorios públicos para asegurar la producción local de insumos críticos.
Un aspecto innovador de la ley es su mirada social. Por un lado, establece un régimen de jubilación especial para personas con VIH o hepatitis B/C que se encuentren con impedimentos laborales: quienes tengan 50 años o más, con 20 años de aportes y al menos 10 años desde el diagnóstico, pueden acceder a una jubilación anticipada. Además, crea una pensión no contributiva vitalicia para personas en situación de vulnerabilidad social, la cual incluye cobertura de salud mediante el Programa Federal Incluir Salud. Estas prestaciones reconocen el impacto que el VIH puede tener en la vida laboral y económica de las personas, brindando una red de protección estatal.
La ley también refuerza la protección contra la discriminación. Se prohíbe explícitamente solicitar o realizar la prueba de VIH (u otras ITS) en los exámenes médicos preocupacionales y durante la relación laboral, práctica previamente usada para excluir a personas con VIH de ciertos empleos. Todas las instituciones que realicen chequeos laborales deben exhibir cartelería informando esta prohibición y los canales para denunciar su incumplimiento. Igualmente, la ley prohíbe criminalizar a las personas por su estado serológico, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.
En cuanto a la salud integral, la normativa adopta un enfoque de respuesta integral: promueve la prevención combinada, el diagnóstico temprano, el tratamiento continuo y la asistencia interdisciplinaria (médica, psicológica, social y legal). Presta especial atención a las mujeres y personas gestantes viviendo con VIH, garantizando acceso a información, opciones seguras de parto (favoreciendo el parto vaginal cuando es posible) y suministro gratuito de fórmula láctea para evitar la transmisión vertical. Asimismo, se conformó una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis de carácter intersectorial (Estado, sociedades científicas y organizaciones civiles) para asesorar y consensuar políticas públicas. En resumen, Argentina ha adoptado una ley “integral y profundamente protectora” —en palabras de activistas— que busca derribar prejuicios y desigualdades, y garantizar la mejor calidad de atención y derechos para las personas con VIH.
Estadísticas recientes del VIH/SIDA en Argentina
Según datos oficiales del Ministerio de Salud, se estima que 140.000 personas viven con VIH en Argentina (2023). La epidemia en el país se concentra principalmente en la población adulta joven y en la transmisión sexual. Los últimos boletines epidemiológicos revelan que aproximadamente el 69% de las personas con VIH son varones cisgénero, 30% mujeres cisgénero y alrededor de 1% personas trans. La vía de transmisión predominante es la sexual: en los varones cis, un 99% reportó haberse infectado mediante relaciones sexuales sin protección (siendo el 68% por relaciones con otros varones, 30% con mujeres y 1% con personas trans). En las mujeres cis, el 98% de las infecciones se atribuyen a relaciones sexuales sin protección (principalmente con varones). Estas cifras confirman que la transmisión sexual, especialmente en contextos sin protección, sigue siendo el motor de la epidemia en Argentina.
En cuanto a la incidencia, tras el impacto de la pandemia de COVID-19 en la notificación de casos, se observa una tendencia reciente al aumento de diagnósticos. En 2023 se notificaron 6.588 nuevos casos de VIH, un número ligeramente superior al registrado en 2019 (6.311 casos, último año pre-pandemia). El promedio anual de diagnósticos nuevos en el bienio 2022-2023 ronda las 6.400 notificaciones por año, recuperando e incluso superando las cifras previas a la pandemia. La tasa nacional de nuevos diagnósticos se estimó en 14,1 por 100.000 habitantes en 2023, con tasas más altas entre varones (20,1) que entre mujeres (8,3). Es importante destacar que cerca de 13% de las personas con VIH desconoce su infección – es decir, aproximadamente 1 de cada 8 personas viviendo con el virus no ha sido diagnosticada aún. Este dato subraya la necesidad de intensificar las estrategias de testeos y diagnóstico temprano, ya que identificar a tiempo a quienes viven con VIH permite vincularlos al tratamiento y evitar diagnósticos tardíos. De hecho, aún alrededor del 45% de los nuevos diagnósticos ocurren en etapa avanzada de la infección, reflejando un desafío pendiente en llegar más temprano a esas personas.
En términos de población afectada por edad, el grupo etario con mayor proporción de casos nuevos sigue siendo el de 25 a 34 años, que concentra cerca del 37% de los diagnósticos recientes. Sin embargo, preocupan las tendencias en jóvenes: en adolescentes de 15 a 19 años la tasa de nuevos casos creció de 1,4 a 1,8 (por 100.000) entre 2016-2017 y 2022-2023, y también se observó un incremento –aunque en números absolutos pequeños– en menores de 10 a 14 años. Estos datos indican la necesidad de reforzar la educación sexual integral y la prevención en población joven, para revertir el aumento de infecciones en nuevas generaciones.
Desafíos actuales: recortes presupuestarios y riesgo de retroceso
A pesar de los avances legales y programáticos, Argentina enfrenta desafíos en la implementación de sus políticas de VIH, especialmente ligados a la disponibilidad de recursos. En el presupuesto nacional 2025 se prevé un ajuste del 27% en términos reales para el programa de VIH, ITS, hepatitis y TB del Ministerio de Salud. Diversos expertos y organizaciones han alertado que estos recortes presupuestarios pueden traducirse en faltantes de insumos críticos y un freno a las estrategias de prevención, con el consiguiente riesgo de aumento de casos. De hecho, durante 2024 ya se reportaron episodios de desabastecimiento que generan preocupación: el Estado distribuyó una cantidad limitada de preservativos (solo 4 millones para todo el país) y hubo stock intermitente de medicamentos antirretrovirales clave. Por ejemplo, se registró la entrega insuficiente de Nevirapina (fármaco crucial para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo en partos pre-término), y escasez de ciertos esquemas de tratamiento antirretroviral de primera línea, obligando a modificar terapias en curso. También se interrumpió temporariamente la provisión de Azidotiadina (AZT) intravenosa en algunos hospitales, medicación utilizada durante el parto para evitar la transmisión perinatal. Sumado a esto, hubo faltantes en reactivos de laboratorio para carga viral y CD4, fundamentales tanto para confirmar nuevos diagnósticos como para el seguimiento de pacientes en tratamiento.
Organizaciones como la Fundación Soberanía Sanitaria han calificado esta situación como un “abandono tácito de la política de prevención”, advirtiendo que disminuir la entrega de insumos (como condones, pruebas diagnósticas o profilaxis) debilita gravemente la respuesta al VIH. La reducción en la disponibilidad de preservativos gratuitos, por ejemplo, puede afectar la protección en poblaciones de alto riesgo, mientras que la falta de medicamentos para PrEP (profilaxis pre-exposición) o PEP (profilaxis post-exposición) –estrategias preventivas que Argentina ofrece de forma gratuita según la Ley 27.675– deja sin cobertura a personas que intentan activamente evitar la infección. Asimismo, la incertidumbre en la provisión de antirretrovirales amenaza con interrumpir tratamientos en curso o retrasar el inicio en nuevos pacientes, lo que no solo perjudica la salud individual sino que aumenta la probabilidad de transmisión del virus (una persona con carga viral detectable tiene más chance de transmitir el VIH que alguien en tratamiento eficaz).
Los recortes también tienen un impacto a largo plazo: cada nueva infección no prevenida y cada tratamiento discontinuado implicarán costos humanos y económicos mayores en el futuro. Por ello, ONUSIDA y otros organismos enfatizan que mantener e incluso incrementar la inversión en la respuesta al VIH es esencial para no perder lo ganado. En síntesis, la situación presupuestaria actual plantea el riesgo de un retroceso en los logros alcanzados: sin los recursos suficientes, podría revertirse la tendencia de control de la epidemia y encenderse nuevamente las alarmas de crecimiento de casos.
Prevención del VIH: estrategias actuales y recomendaciones
Para frenar al VIH/SIDA, la comunidad científica y las autoridades sanitarias coinciden en un enfoque de prevención combinada, que aborde múltiples frentes. En Argentina se cuentan con las siguientes estrategias preventivas principales:
- Uso del preservativo (condón): Sigue siendo la herramienta más accesible y efectiva para evitar la transmisión sexual del VIH y otras ITS. Se promueve el uso correcto y consistente del preservativo externo (masculino) y el preservativo interno (femenino) en todas las relaciones sexuales de riesgo. El Ministerio de Salud distribuye preservativos de forma gratuita en hospitales, centros de salud y campañas comunitarias –aunque, como se mencionó, la cantidad provista debe ser adecuada para cubrir la demanda nacional.
- Educación sexual integral (ESI): La ESI, establecida por ley en Argentina (Ley 26.150), brinda a niños, niñas y adolescentes conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, incluidas las formas de prevenir el VIH. Una educación basada en información científica y sin prejuicios desde edades tempranas ayuda a que los jóvenes adquieran prácticas sexuales más seguras y entiendan la importancia del cuidado (uso de métodos de barrera, consentimiento, etc.). Fortalecer la ESI en escuelas y espacios juveniles es clave para reducir nuevas infecciones en poblaciones adolescentes, dado el aumento observado en ese grupo.
- Pruebas de VIH y diagnóstico temprano: Aumentar la oferta y la accesibilidad de los testeos de VIH es una prioridad. Se recomienda que toda persona sexualmente activa conozca su estatus serológico haciéndose pruebas periódicas, especialmente si tuvo prácticas de riesgo. En Argentina, el test de VIH es voluntario, gratuito, confidencial y está disponible en hospitales públicos y centros de testeo comunitarios. Las pruebas rápidas permiten obtener resultados en minutos. Detectar a tiempo una infección por VIH posibilita iniciar tratamiento temprano, lo que mejora la salud de la persona y reduce a casi cero la posibilidad de transmitir el virus a otros (gracias a la supresión viral). Dado que un 13% de personas con VIH ignora su situación, intensificar las campañas de testeo (por ej., en el Día Mundial del SIDA muchas organizaciones ofrecen pruebas gratuitas en plazas y eventos) es una estrategia central.
- Profilaxis pre-exposición (PrEP): Consiste en que personas HIV-negativas en alto riesgo de adquirir el virus tomen un medicamento antirretroviral preventivo todos los días. En Argentina, la PrEP está disponible de forma gratuita para quien la necesite, gracias a la Ley 27.675. Estudios muestran que la PrEP reduce en más del 99% la probabilidad de infección por VIH cuando se toma correctamente. Actualmente se recomienda principalmente a poblaciones con mayor incidencia (por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres sin uso regular de preservativo, personas con parejas seropositivas no suprimidas, trabajadores sexuales, etc.). La expansión de la PrEP, junto con consejería y seguimiento médico, es una de las estrategias modernas más efectivas para prevenir nuevas infecciones.
- Profilaxis post-exposición (PEP): Es un tratamiento antirretroviral de urgencia que se brinda a personas HIV-negativas que han tenido una situación de riesgo de infección (por ejemplo, una relación sexual sin protección con pareja de estado desconocido, o si se rompió el preservativo). La PEP consiste en una combinación de fármacos que debe iniciarse cuanto antes, idealmente dentro de las 2 a 24 horas posteriores a la exposición (máximo 72 horas), y tomarse diariamente por 28 días. En el país, la PEP también es provista gratuitamente en el sistema de salud público. Es importante usarla solo en situaciones excepcionales y no como estrategia regular, dado que su eficacia depende de la prontitud y adherencia al esquema completo. Tanto la PrEP como la PEP amplían las opciones preventivas más allá del preservativo, ofreciendo herramientas adicionales de protección para distintos escenarios.
- Prevención de la transmisión perinatal: Argentina ha logrado reducir significativamente la transmisión del VIH de madre a hijo (<2% de riesgo) mediante un protocolo que incluye testeo universal a embarazadas, tratamiento antirretroviral durante el embarazo, cesárea programada si la carga viral de la madre es detectable, uso de AZT intravenoso en el parto y fórmula infantil gratuita para evitar la lactancia materna (ya que puede transmitir el virus). Estas medidas, sostenidas por políticas públicas, buscan prácticamente erradicar los casos pediátricos de VIH. No obstante, requieren financiamiento continuo para asegurar medicamentos (como la Nevirapina o la AZT mencionadas) y seguimiento de las madres y sus bebés.
En conjunto, estas estrategias componen una respuesta preventiva integral. Los especialistas enfatizan que ninguna medida aislada es suficiente; el éxito reside en combinar la educación, el acceso a insumos de prevención, las nuevas herramientas biomédicas y la promoción activa del testeo y tratamiento. Un ejemplo de abordaje integral es la campaña I=I (Indetectable = Intransmisible), que difunde cómo una persona con VIH en tratamiento eficaz no transmite el virus, incentivando tanto la adhesión a la terapia como la reducción del estigma hacia quienes viven con el virus. En definitiva, Argentina dispone hoy de múltiples opciones de prevención gratuitas y efectivas –desde preservativos hasta PrEP/PEP–, pero su impacto depende de que las personas las conozcan y puedan acceder a ellas sin barreras geográficas, económicas ni culturales.
El rol de las políticas públicas: acompañamiento, tratamientos y lucha contra la estigmatización
La batalla contra el VIH/SIDA no se gana solo con medicamentos, sino también con políticas públicas sostenidas que aborden los aspectos sociales de la epidemia. Argentina ha sido históricamente un país pionero en la región en cuanto a políticas y marcos normativos sobre VIH. La respuesta estatal –gratuita y masiva– permitió, por ejemplo, que hoy más del 65% de las personas con VIH se atiendan en el sistema público de salud, recibiendo allí controles y tratamientos. Actualmente unas 70.000 personas reciben terapia antirretroviral (TARV) a través del sector público, lo que refleja el enorme compromiso estatal en brindar tratamiento sin costo. Este acceso ha transformado al VIH en una enfermedad crónica manejable: con TARV, la expectativa y calidad de vida de las personas con VIH mejoró drásticamente, y la terapia actúa además como herramienta de prevención al reducir la carga viral a niveles indetectables.
Mantener y ampliar estos logros requiere voluntad política y recursos continuos. Las organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales subrayan la importancia de que ningún paciente quede sin sus medicamentos. Esto implica asegurar compras y stocks suficientes de todas las drogas antirretrovirales, incluso las menos comunes (como formulaciones pediátricas o medicamentos para casos de resistencia). Asimismo, es vital fortalecer el sistema de salud para ofrecer un acompañamiento integral: no basta con entregar pastillas, se necesita brindar soporte psicológico, nutricional, social y combatir las condiciones que agravan la vulnerabilidad (por ejemplo, la pobreza o la falta de vivienda en personas con VIH). La nueva ley 27.675 va en esa línea al reconocer el derecho a la seguridad social y prestaciones especiales para quienes lo requieran.
Otro pilar de la respuesta pública es la lucha contra la estigmatización. Aún persisten mitos y prejuicios en torno al VIH que pueden derivar en discriminación laboral, sanitaria o social. Por ejemplo, hay casos de personas con VIH que han enfrentado obstáculos para acceder a un empleo o han sufrido violación de la confidencialidad de su diagnóstico. Las políticas públicas deben velar por hacer cumplir las leyes antidiscriminatorias (como la prohibición de test de VIH para ingresos laborales) y promover campañas masivas de información para derribar el estigma. La voz de las personas viviendo con VIH es fundamental en este proceso: en cada Día Mundial del SIDA muchos de ellos alzan la voz para visibilizar sus realidades y exigir sus derechos. Argentina cuenta con organizaciones y redes de personas con VIH activas que trabajan junto al Estado en este sentido.
Finalmente, las políticas deben estar respaldadas por evidencia y adaptarse a los tiempos. Esto incluye fortalecer la vigilancia epidemiológica (contar con datos actualizados de nuevas infecciones, para identificar brotes o poblaciones desatendidas) y apoyar la investigación científica en VIH. También exige coordinar esfuerzos entre nación, provincias y municipios para llegar a todo el territorio, así como incorporar la perspectiva de diversidad: diseñar acciones específicas para poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, usuarios de drogas, trabajadores sexuales, adolescentes, etc., asegurando que nadie quede atrás en la respuesta.
En conclusión, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA nos invita a reflexionar sobre cuánto se ha avanzado en Argentina en materia de VIH y cuánto trabajo resta por hacer. El país ha demostrado un fuerte compromiso mediante leyes inclusivas, estadísticas transparentes y programas gratuitos de prevención y tratamiento. No obstante, mantener estos logros requiere sostener las políticas públicas en el tiempo, con la debida asignación de recursos y voluntad política, incluso en contextos económicos difíciles. Redoblar los esfuerzos en prevención, garantizar el acceso universal al tratamiento y eliminar el estigma asociado al VIH son objetivos inseparables para poner fin a la epidemia. En esta fecha simbólica, Argentina refuerza su compromiso con una respuesta integral: una respuesta donde ciencia, derechos humanos y decisión estatal van de la mano para que, más temprano que tarde, el VIH/SIDA deje de ser una amenaza para la salud pública.
