En la Argentina de hoy, justicia para Julieta Prandi: el pasado 13 de agosto de 2025, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La sentencia lo halló autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, además de violencia psicológica, económica y amenazas contra su ex esposa, Julieta Prandi. La Justicia también lo incluyó en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.
Este fallo no es solo una victoria judicial: es, sobre todo, un acto de reconocimiento del principio fundamental —que en nuestra Constitución y los tratados internacionales está consagrado como derecho humano— de que «no» significa no, siempre, en cualquier relación, casada o no.
Violencia intrafamiliar, femicidios y abuso sexual en la pareja: la urgencia de intervenir
- En 2024 se registraron 228 víctimas directas de femicidio y 19 vinculadas; es decir, una mujer murió cada 35 horas por violencia de género en el país.
- Solo entre el 1° y el 29 de abril de 2025, ya van 94 femicidios, con un aumento respecto al mismo período de 2024. También hubo 143 intentos de femicidio, el número más alto desde 2021.
- En la Ciudad de Buenos Aires, en 2024 fueron 17 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 13 fueron catalogados como femicidios; el 76 % de los casos tuvieron vinculación previa entre víctima y agresor.
- A nivel nacional, el 86 % de las víctimas femeninas conocían a su agresor, siendo pareja o ex pareja en el 59 % de los casos, y casi la mitad convivía con él.
- En materia de abuso sexual en la pareja, una de cada dos mujeres sufrió violencia alguna vez en manos de su pareja actual o anterior.
Estos datos alarmantes prueban dos cosas: la violencia machista sigue arraigada en los espacios íntimos -donde el Estado debe intervenir con mayor fuerza -, y muchos de estos crímenes son invisibilizados sin políticas públicas urgentes.
Leyes vigentes y el retroceso institucional bajo el gobierno de Javier Milei
Argentina cuenta con la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que define como violencia no solo la física, sino también la psicológica, sexual, simbólica, económica y patrimonial, y obliga al Estado a garantizar políticas y asistencia a las víctimas.
Sin embargo, desde diciembre de 2023, la gestión de Javier Milei viene desguazando esa protección: eliminó el Ministerio de las Mujeres y la Subsecretaría de Género y Violencia, recortó el presupuesto de programas esenciales como el Acompañar y redujo considerablemente el personal de la Línea 144.
Peor aún, impulsó una reforma que busca eliminar la figura de femicidio como agravante en el Código Penal, debilitando una de las herramientas más simbólicas y efectivas para enfrentar el crimen por razones de género.
Este retroceso institucional y simbólico ignora las cifras y las urgencias que atraviesan femicidios, intentos de femicidios y abusos intrafamiliares. La respuesta estatal debería estar fortaleciendo redes estatales de apoyo, no desmantelándolas.
La condena de Claudio Contardi debe leerse como un precedente en la justicia a pesar de un gobierno misógino y una reafirmación de derechos: el “no” de una mujer siempre debe ser respetado, independientemente de si está casada, separada o bajo cualquier condición relacional.
Pero esa victoria judicial no nos puede distraer del drama mayor: la violencia de género sigue cobrándose vidas a un ritmo aterrador. Y el gobierno, lejos de fortalecer las herramientas para prevenirla, las está desarticulando.
Desde una mirada constitucional y de derechos humanos, debemos exigir que la Ley 26.485 deje de ser letra en papel y se convierta en realidad concreta: con presupuesto, atención, fiscalías especializadas, refugios y campañas educativas. Y repudiar toda política que, directa o indirectamente, legitime discursos o acciones de odio hacia las mujeres.
Es responsabilidad de todos sostener activa la defensa de esos derechos, exigir justicia y construir diariamente un país donde no haya impunidad ni silencio ante un “no” vulnerado.
