El basural de Luján –conocido como “La Quema”– es el mayor vertedero a cielo abierto de la Argentina. Desde hace más de medio siglo acumula más de 12 hectáreas de basura, recibiendo en torno a 100‑120 toneladas de desechos diarios. Allí trabajan informalmente unas 200 personas que viven del basural (algunos cooperativizados), en condiciones precarias. El humo constante de la quema de residuos orgánicos, plásticos e industriales –entre ellos jeringas, gasas, químicos– genera graves daños ambientales: emisiones de metano y compuestos tóxicos al aire, filtraciones de lixiviados contaminantes al suelo y al acuífero, y proliferación de roedores e insectos. Los estudios médicos y testimonios locales muestran un aumento llamativo de enfermedades respiratorias crónicas, afecciones dérmicas y hasta casos de cáncer en las familias aledañas, especialmente en barrios populares como San Pedro y zonas aledañas. La situación actual vulnera derechos básicos de salud y ambiente sano, consagrados constitucionalmente, al exponer día a día a la población a “vapores cancerígenos” y plagas que afectan su calidad de vida.
Beneficios de terminar el Centro Ambiental y cerrar el basural
Terminar la obra de reconversión propuesta -el proyecto “Centro Ambiental Laudato Sí” – es fundamental para sanear este pasivo ambiental. Entre sus beneficios se destacan:
- Fin de la quema y relleno sanitario controlado: Se construirá un moderno relleno sanitario con celdas impermeabilizadas, eliminando la quema permanente. Esto acabará con la emisión de gases tóxicos (metano, dioxinas, etc.) y prevendrá filtraciones nocivas, reduciendo drásticamente la contaminación del aire y del agua.
- Planta de tratamiento y reciclaje: Incluirá una planta mecanizada de separación de residuos, donde se incorporarán los recuperadores locales con condiciones dignas. Es decir, los cartoneros pasarían de remover basura a operar equipos con seguridad, salarios formales, equipamiento adecuado (comedores, vestuarios, guardería para sus hijos) y acceso a derechos sociales. Este esquema sustenta un modelo circular: reciclar materiales útiles y compostar residuos orgánicos, en lugar de arrojarlo todo al aire libre.
- Mejora de la salud y calidad de vida: Al evitar humos tóxicos, moscas y roedores, disminuirán las enfermedades ligadas al basural (asma, bronquitis, erupciones, etc.). Como señala un informe independiente, cada paso de la reconversión está orientado a “incrementar la justicia ambiental” y generar un ambiente más saludable para miles de lujanenses.
- Formalización laboral e inclusión social: El préstamo BID que financia este plan exige un “Plan de Inclusión Social” (PISO) específico para los recicladores. Dicho plan contempla capacitación, salud, educación y alternativas económicas para que los recuperadores no pierdan ingresos. Por ejemplo, se prevé asistir a las familias de cartoneros con proyectos de desarrollo social y entrenarlos en las nuevas tareas de la planta. Así, la obra no sólo rescata al barrio de la contaminación, sino que convierte a quienes siempre sufrieron el basural en parte activa de la solución (como eco-operarios formales), promoviendo empleo digno.
El Centro Ambiental significaría erradicar el basural más crítico del país, reducir drásticamente la exposición sanitaria de la población y formalizar el tratamiento de residuos. Hasta organizaciones de salud pública y expertos ambientales coinciden en que es un paso clave para mejorar la calidad de vida en Luján.
Partes en conflicto y líneas de disputa
La controversia se centra en dos grupos irreconciliables: por un lado, la gran mayoría de vecinos de Luján (cooperativistas de reciclaje, asociaciones vecinales, iglesias populares) y las autoridades municipales y nacionales que impulsaron la obra; por otro lado, un pequeño grupo encabezado por Viviana Novelle (heredera de la familia Terrabusi) y sus aliados políticos.
Viviana Novelle es dueña de industrias agropecuarias (la huerta orgánica “Tallo Verde”, la ganadería “TerraGarba” y el haras La Picaza) y saltó al centro de la escena como principal opositora al proyecto. Ella y Carlos Reyes Terrabusi fundaron la ONG “Nuevo Ambiente” para presentar amparos contra el Centro Ambiental. Alegan supuestas fallas técnicas y reclaman el “derecho estético” de su huerta y lagunas recreativas vecinas. Sin embargo, varias evidencias indican que sus motivaciones son de índole privada: el relleno propuesto queda a escasas cuadras de sus emprendimientos, por lo que cualquier rastro de basura los afectaría directa y económicamente. De hecho, Novelle ha contado con el apoyo de dirigentes de derecha (por ejemplo, almuerzos con diputados de JxC y la CC) y colocó su haras como sede de eventos políticos nacionales (incluso recibió a Macri, Larreta y Santilli en 2022). Además, su trayectoria como “abogada socioambiental” ha estado ligada al agronegocio; por caso, en Chascomús vecinos la denunciaron por fumigaciones ilegales en sus campos, a pesar de presentarse como defensora ecológica. También cabe recordar que Novelle fue impulsora de juicios para evitar pagar el impuesto a las grandes fortunas Todo esto sugiere un claro conflicto de intereses: se presenta como garante de un supuesto ambiente libre de contaminación , pero en la práctica protege negocios particulares y patrimonio familiar.
A su lado figura la concejal Susana Busso (Coalición Cívica) y el abogado Jeremías Rodríguez, un activista opositor al gobierno local. Rodríguez ha adoptado una postura beligerante contra el proyecto: denunció públicamente que sería un “gran curro de Grabois” y difundió en redes que el Municipio paga enormes sumas a cooperativas vinculadas al movimiento de Juan Grabois. Se le acusa de propagar información falsa (por ejemplo, mezcla datos de obras distintas) para crear temor social. Medios de prensa locales incluso lo califican como “denunciante serial” o “mercenario político”, pues en varias ocasiones ha celebrado el paralizar de la obra (llegó a vanagloriarse de “dejar sin trabajo a cientos de familias recicladoras” tras un fallo judicial en 2023. Rodríguez mantiene estrecha relación con Busso y con Novelle; hay fotos públicas de ambos con él en eventos del PRO y CC. En conjunto, este pequeño grupo opositor articula reclamos judiciales y discursos mediáticos para frenar el proyecto.
En contraste, el vasto grueso de la comunidad lujanense apoya mayoritariamente el cierre del basural. Vecinos de barrios populares, empresarios de zonas residenciales y hasta sacerdotes locales se han unido en multitudes (incluso una peregrinación con misa en el mismo basural) para reclamar la puesta en marcha del Centro Ambiental. Vecinos del barrio San Pedro (registrado como barrio popular por ley nacional) alzan su voz contra la contaminación y exigen justicia ambiental: “Llevamos más de 20 años esperando una solución. Nuestros hijos conviven con el humo y las enfermedades respiratorias” apuntan en escritos colectivos. En definitiva, el enfrentamiento es claro: un puñado de frentistas influyentes intentan paralizar el proyecto contrario a la voluntad de miles de lujanenses que ven en él su única esperanza de alivio sanitario.
Obstáculos actuales a la obra
La obra de reconversión debió iniciarse ya en 2019, tras el convenio entre la Nación y la Municipalidad de Luján. En octubre de 2022 comenzaron los trabajos de saneamiento a cargo de la empresa EVASA, con financiamiento de un préstamo BID de USD 18 millones. Sin embargo, esta ejecución fue repetidamente detenida en tribunales. En abril de 2023 un juez federal de Quilmes dictó una medida cautelar que suspendió la obra, luego la Cámara Federal de San Martín ordenó reanudarla y más tarde el mismo juez Portocarrero (Mercedes) volvió a frenarla en diciembre. Finalmente, en 2024 la Cámara de San Martín habilitó continuar, pero el Tribunal Superior (Corte Suprema) aún no se había pronunciado de manera definitiva.
Estos vaivenes judiciales se basaron en reclamos legales presentados por la ONG Nuevo Ambiente y un puñado de vecinos. Se invocaron argumentos técnicos –por ejemplo, afirman que el predio de Sucre no cumple distancias mínimas legales con pozos de agua y escuelas cercanas– y se acusó al proyecto de omitir presuntas condiciones. Sin embargo, dichos argumentos han sido cuestionados por expertos: el Ministerio de Ambiente bonaerense ya otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2022, y existe un informe oficial que comprueba el cumplimiento de normas básicas. En la práctica, cada amparo interpuesto retrasó meses enteros la obra. De hecho, como advierte la Defensoría Pública Nacional (que terminó representando a los vecinos a favor del saneamiento), la detención judicial perjudica al barrio San Pedro, hoy desamparado tras años de incendio cotidiano.
Más aún, en mayo de 2024 el juez Portocarrero revirtió su propia cautelar y ordenó reiniciar las obras. Ese fallo destacó un punto clave: según los contratos de préstamo BID con la Nación, suspender indefinidamente la construcción podía provocar la cancelación del financiamiento. En sus palabras, paralizar ahora implicaría costos millonarios para el Estado y pondría en riesgo el Plan Federal de Erradicación de Basurales. En efecto, el BID exige avanzar con las obras para no bloquear los desembolsos. Sin embargo, pese a ese mandamiento judicial favorable, la obra no se reactivó plenamente. A mediados de 2025 los vecinos denuncian que el Gobierno nacional, encargado de ejecutar el proyecto, aún no da cumplimiento cabal a las resoluciones de la Corte Suprema.
Por todo lo antes mencionado, el impedimento principal sigue siendo el entramado legal generado por Novelle y sus aliados, cuyas acciones han vuelto inestable la operación del centro ambiental. Ellos han judicializado el conflicto con hasta cuatro amparos (y hasta querellas penales por supuestos residuos patológicos). Cada revés judicial, injustificado para la mayoría, se traduce en que hoy el basural sigue abierto –los camiones municipales continúan descargando allí a pesar de las órdenes de clausura– y la limpieza definitiva no avanza. Esto mantiene intactas las amenazas sanitarias que, precisamente, el nuevo centro busca erradicar.
Viviana Novelle (Terrabusi): perfil e intereses
Viviana Novelle se presenta al público como “abogada socioambientalista y emprendedora”, pero su biografía revela otro panorama. Heredera de la antigua fortuna de los Terrabusi (industria alimenticia), expandió el negocio familiar hacia el agro: preside Terragarba (ganadería) y posee la huerta orgánica “Tallo Verde”, además del haras La Picaza (polo). Aunque sus emprendimientos son de gran escala, Novelle se define en entrevistas como “una vecina que sufre los efectos del basural”. Sin embargo, diversos medios destacan la contradicción: no es una activista convencional, sino una empresaria poderosa. Ella misma buscó evitar pagar el impuesto a las grandes fortunas en 2022 Fue candidata a concejal en 2023 por la alianza opositora local.
Su férrea oposición al Centro Ambiental responde a que el proyecto se planificó junto a su terreno. Al ubicarse el relleno sanitario casi lindero a “Tallo Verde” y el hipódromo de La Picaza, Novelle usaría su poder de lobby para preservar sus intereses privados. Por eso denunció penalmente el proyecto ante la Justicia Ambiental (acusó inclusive penalmente por los residuos patógenos del basural). En medios nacionales llegó a declarar que el basural de Luján “contamina y mata” –lo cual es cierto– pero simultáneamente tildó de “negocio” el proyecto y acusó a autoridades de mentir sobre los costos. En su discurso mezcla denuncias ambientales con politiquería: por ejemplo, dijo en público que el gobierno “cobró millones para perforar pozos” mientras “nos quieren llenar el campo de mierda”.
Al analizar sus antecedentes, resulta claro que su pretendida defensa del ambiente es parcial. Vecinos de otras localidades recuerdan que Novelle realizó fumigaciones masivas en sus campos de Entre Ríos y Chascomús, incluso siendo señalada de hacerlo en forma ilegal. Además, en su paso por Juntos por el Cambio se asoció con figuras que históricamente han favorecido el agronegocio. Todo esto empaña su imagen de “guerrera ecológica”: varios opinan que Novelle actúa más bien para proteger el valor de sus tierras y negocios agropecuarios que por una verdadera vocación pública. En la práctica ha utilizado su posición privilegiada para entorpecer el único proyecto que mejoraría sustancialmente la salud pública de Luján. En definitiva, su papel en esta disputa es cuestionable: como heredera de gran fortuna con múltiples empresas agrarias, da la impresión de estar defendiendo sus propios privilegios bajo la bandera del “vecino preocupado”, lo cual la convierte en blanco de fuertes críticas por parte de organizaciones ambientales y ciudadanos comunes.
Jeremías Rodríguez: desinformación política
Jeremías Rodríguez es un abogado local ligado a la oposición política (asesor del diputado Bugallo y cercano a la CC en Luján). Se ha dedicado a atacar al intendente Boto y al proyecto del basural con acusaciones repetitivas. En 2023 presentó hasta cuatro denuncias penales contra Boto argumentando supuestos delitos ambientales e irregularidades en la obra. En los medios sostuvo que la planta de tratamiento era “un gran curro” y que el intendente “se lleva la plata” de convenios con cooperativas. Estas afirmaciones han sido tomadas con escepticismo: diversos periodistas locales lo describen como “denunciante crónico” y ponen en duda su rigor. Incluso él mismo publicó fotos celebrando la paralización de las obras, indicando que “se quedan sin trabajo 200 familias”, cuando en realidad la gestión pretende incorporarlas oficialmente. Un dato revelador es que Rodríguez fue visto junto a Busso y Novelle en un acto de Cambiemos, e incluso viajó en el helicóptero privado de Novelle a un congreso de la Coalición Cívica. Esto evidencia que opera más como agitador político que como experto técnico.
En suma, el abogado Rodríguez aporta poco análisis objetivo y en cambio multiplica la confusión: mezcla datos de convenios diferentes, habla de “fraudes ambientales” sin pruebas y difunde amenazas a jueces en redes sociales. Su rol en la disputa es polarizante: miente o exagera bajo un discurso agresivo para movilizar a sectores antagónicos. Sin embargo, la mayoría de los vecinos no se han dejado convencer por sus campañas. Al contrario, al calificar al proyecto como “negocio perverso” se enfrenta al consenso técnico que ve en la obra una solución necesaria. En definitiva, Rodríguez ha ganado notoriedad con denuncias sonoras, pero carece de sustento y sus afirmaciones muchas veces han sido desmentidas por datos oficiales.
Informes y financiamiento del BID
El Centro Ambiental Luján forma parte de un gran programa nacional financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El préstamo BID Nº 3249/OC-AR, vigente desde 2014, destina USD 150 millones a gestionar residuos en varias provincias; de ese total, unos USD 18 millones están destinados específicamente a la obra de Luján. Como toda operación BID, esto incluye obligatoriedad de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y planes de compensación social (PISO). De hecho, el Ministerio de Ambiente porteño publicó el Estudio de Impacto Ambiental de Luján (octubre 2022), donde expertos evalúan los efectos y proponen medidas mitigatorias obligatorias. Adicionalmente, se elaboró un Plan de Inclusión Social (PISO) para Luján, concebido con el BID para proteger a los recicladores. Este PISO incluye proyectos de salud comunitaria, educación y capacitación laboral. Por ejemplo, describe la construcción de oficinas, comedores y vestuarios para los recuperadores en la planta, y prevé proyectos de desarrollo humano para que mantengan ingresos dignos a pesar del cierre del basural. En resumen, los “informes del BID” marcan un camino: contemplan el saneamiento ambiental junto con la justicia social, asegurando que el proyecto no sólo beneficie a la tecnología, sino a las familias locales.
En los documentos judiciales también se alude al BID. En el fallo que ordenó reiniciar las obras, el juez destacó que los contratos de préstamo con el BID corren serio peligro si se interrumpe la obra. Es decir, una suspensión prolongada implicaría perder ese millonario crédito y obligaría al Estado a cubrir costes. Esto explica por qué la corte suprema de la Nación intervino en abril de 2025: ratificó que “la participación del BID es esencial” y ordenó avanzar con el centro para no dejar en el limbo miles de millones de dólares ni suspender el Plan Federal de Basurales. En definitiva, los informes y exigencias del BID respaldan el proyecto técnico y socialmente, y la falta de avance podría incluso bloquear apoyo financiero internacional.
Rol del Municipio de Luján
El municipio de Luján, liderado por el intendente Leonardo Boto (coalición Unión por la Patria), ha sido promotor principal del cierre definitivo del basural. Desde 2019 articuló con el Ministerio de Ambiente nacional la inclusión de Luján en el “Plan Federal de Erradicación de Basurales” del gobierno de Alberto Fernández. La comuna gestionó los permisos y licitó las obras, invitando a EVASA (empresa nacional) a ejecutar la planta y el relleno en la Estación Sucre. Además, participó activamente en las audiencias públicas y consultas ciudadanas necesarias para el EIA provincial. Internamente, movilizó a las cooperativas de recuperadores (muchas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos) para que sean parte del proyecto futuro. También respaldó las demandas judiciales a su favor: en 2024 la Municipalidad fue co-demandante junto con la Nación para levantar cautelares e insistió ante la Corte Suprema que se cumpliera el fallo de continuación.
Asimismo, el municipio ha llevado adelante campañas de concientización: por ejemplo, convocó a centros vecinales, congregó a la comunidad en misas en la vereda del basural y comunicó a diario el estado de la obra. Y cuando se dictó la orden judicial de suspender los residuos (Mercedes instruyó dejar de verter allí en 60 días), el municipio contestó que era imposible logísticamente y pidió tiempo extra, enfatizando su compromiso de reanudar los trabajos apenas judicialmente fuera posible. Entonces el intendente y su gestión han puesto recursos, personal y gestiones políticas para concretar el Centro Ambiental; todo hace pensar que desde la Intendencia se ven directamente beneficiados miles de vecinos y no hay obstrucción alguna.
Responsabilidad de la Justicia y del Gobierno Nacional
La reiterada paralización de la obra por decisiones judiciales ha generado fuertes críticas. Muchos observadores señalan que la Justicia federal otorgó amparos sin evaluar adecuadamente el interés público mayoritario. Sostienen que se privilegió la postura de un pequeño sector sobre la urgencia sanitaria de miles. En 2023 el juez Portocarrero indicó como fundamento la “preocupación ambiental” de los vecinos opositores, pero luego él mismo juzgó que esa justificación impedía a su criterio nuevos daños, creando una paradoja. Finalmente, en abril de 2025 la Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para aclararlo: ratificó el fallo de la Cámara Federal de San Martín que ordenaba terminar la obra. En su comunicado oficial, la Corte reafirmó “el derecho a un ambiente sano” y conminó al Estado nacional a finalizar el Centro Ambiental de Luján.
Sin embargo, tras esa sentencia la Nación no ha llevado la obra hasta sus últimas consecuencias. Organizaciones vecinales acusan al gobierno nacional de “incumplimiento efectivo” y de desoír los mandatos judiciales más recientes. En julio de 2025 vecinos y recicladores incluso redactaron cartas reclamando al subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, que reanude las obras de inmediato para cumplir la orden de la Corte. Alegan que la postergación solo perpetúa la contaminación: “Por primera vez había una esperanza concreta de transformación. No puede detenerse esta obra”, señalan. En este contexto, el silencio o la demora de las autoridades nacionales será entendido como una falta de compromiso con los derechos ambientales. Según tratados internacionales ratificados por Argentina (Acuerdo de Escazú) y la propia Constitución, las comunidades tienen derecho a procesos justos y efectivos que resuelvan estos conflictos.
Conclusión: salud vecinal y derechos ambientales
El basural de Luján es un problema de salud pública y justicia ambiental. Convertirlo de manera definitiva en un Centro Ambiental no es solo un proyecto técnico: es la reivindicación del derecho de los vecinos a vivir sin venenos en el aire y el agua. Retrasar esta obra equivale a legitimar que intereses particulares se impongan sobre el bienestar general. Viviana Novelle, con sus millonarios negocios agropecuarios, y los aliados políticos (como Busso y Rodríguez) han usado argucias legales para proteger sus propios privilegios, mientras la mayoría de los lujanenses padecemos las consecuencias del abandono. Resulta contradictorio que quienes dicen defender el ambiente –pero poseen tierras y empresas agrícolas– bloqueen la única solución propuesta.
Por el contrario, completar la obra beneficiará a todos: cerrará el vertedero a cielo abierto “La Quema”, dará trabajo digno a los recicladores, y eliminará las causas de numerosas enfermedades en Luján. Además, preservará los fondos del BID que Argentina necesita para ampliar estos proyectos en todo el país. Llegado este punto, la responsabilidad recae en el Estado: la Justicia Suprema lo ha mandado avanzar, y la salud de miles de personas exige que lo haga ya. Nada justifica que un puñado de influyentes siga entorpeciendo una obra reclamada por vecinas, trabajadores y médicos. Es hora de terminar con la contaminación de La Quema y empezar a construir un Luján más sano y sustentable para todos.
