En estos momentos se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación un insólito ateneo antivacunas impulsado por dirigentes alineados con el nuevo gobierno de Javier Milei. La diputada María Inés “Marilú” Quiroz, representante por Chaco (PRO) y cercana al oficialismo, organizó para el 27 de noviembre una jornada titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas”. En los hechos, se trata de un evento con participación de activistas antivacunas y expositores negacionistas que buscan “poner en duda la eficacia, la seguridad y la importancia de la obligatoriedad de las vacunas”. Esta iniciativa ha generado un fuerte repudio de parte de la comunidad médica y científica, que la califica de tendenciosa, desinformativa y peligrosa para la salud pública. Resulta alarmante que funcionarios del gobierno de Milei avalen o permitan este tipo de actividades, ignorando décadas de evidencia científica sobre la importancia de la vacunación.
El propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem –sobrino del ex mandatario Carlos Menem y aliado político de Milei– tiene responsabilidad directa en el asunto. Menem habilitó la realización del evento en una sala del Congreso a pesar de los reclamos de numerosos especialistas y legisladores para que no se autorizara el uso del auditorio para difundir teorías antivacunas. Es una barbaridad que el recinto legislativo, máxima tribuna de la democracia, sea usado para promover el negacionismo científico y socavar políticas sanitarias fundamentales. A continuación, presentamos un informe con sustento científico y jurídico sobre por qué las vacunas son obligatorias en la Argentina, cuántas vidas salvan cada año y cómo lograron erradicar enfermedades mortales, contrastando estos hechos con la campaña antivacunas propiciada desde el entorno de Milei.
Vacunación obligatoria en Argentina: fundamento legal y sanitario
La vacunación en Argentina es gratuita y obligatoria conforme al marco legal vigente. Ya en 1884 la Ley 1420 de educación establecía la obligatoriedad de vacunar a los niños en edad escolar, y desde entonces las inmunizaciones han sido una política de Estado sostenida por distintos gobiernos. En 1983 se aprobó el decreto-ley 22.909, que definió un “régimen general para las vacunaciones contra las enfermedades prevenibles”, otorgando al Ministerio de Salud la facultad de determinar el Calendario Nacional de Vacunación. Esta normativa fue actualizada por la Ley 27.491 de 2018, aprobada por unanimidad en el Congreso y promulgada en 2019, que reafirma el carácter obligatorio de todas las vacunas del calendario para “todos los habitantes” de la República. La ley define a la vacunación como “un bien social” y prioriza la salud pública por sobre el interés particular. Asimismo, garantiza la gratuidad de las vacunas y declara “intangibles” los fondos para su adquisición y distribución, reconociendo la vacunación como una política de Estado esencial.
En palabras del reconocido infectólogo Eduardo López, “en la Argentina la vacunación es un derecho y una obligación establecida por ley nacional”, por lo que medidas como eliminar la obligatoriedad “no son aplicables” en nuestro país. Esto significa que vacunarse no es solo una decisión individual, sino un deber cívico y una responsabilidad colectiva respaldada por leyes nacionales. El objetivo es proteger tanto al individuo como a la comunidad, alcanzando la llamada inmunidad de rebaño: cuando la mayoría está inmunizada, se corta la circulación de patógenos y se protegen incluso aquellos que no pueden vacunarse (por edad o por motivos de salud). Por eso las vacunas obligatorias se exigen para el ingreso escolar, trámites de DNI, certificados prenupciales, etc., según establece la Ley 27.491. Lejos de ser un “capricho” estatal, estas exigencias legales buscan garantizar altas coberturas de vacunación y prevenir brotes epidémicos.
Desde una perspectiva jurídica, además de la Ley de Vacunas, nuestra Constitución Nacional (arts. 41 y 42) y la Ley de Salud Pública enmarcan el deber del Estado de proteger la salud colectiva. La Corte Suprema argentina ha sostenido en fallos que el bienestar común puede justificar ciertas obligaciones sanitarias, como la vacunación, por encima de libertades individuales absolutas, siempre que exista base científica y proporcionalidad. Dado que las vacunas salvan vidas y evitan la propagación de enfermedades gravísimas, la obligatoriedad está ampliamente justificada tanto científica como legalmente.
Importancia de las vacunas: evidencia científica y vidas salvadas
Las vacunas representan uno de los mayores logros de la ciencia y la salud pública a nivel mundial. Pocos avances sanitarios han tenido una eficacia y un impacto tan contundentes. Se estima que, desde la creación del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la década de 1970, la vacunación ha salvado al menos 154 millones de vidas en el mundo (el equivalente a 6 vidas salvadas por minuto durante los últimos 50 años). Cada año, previene entre 3,5 y 5 millones de muertes adicionales por enfermedades infecciosas que antes causaban estragos. Son cifras abrumadoras que dan cuenta del rol insustituible de las vacunas en la prolongación y mejora de la calidad de vida humana.
En la Argentina, la introducción sistemática de vacunas desde mediados del siglo XX cambió para siempre el panorama sanitario. En los años 60 aún se padecían epidemias de poliomielitis, viruela, sarampión, difteria y otras enfermedades infecciosas que cobraban miles de vidas, especialmente infantiles. Gracias a campañas masivas de vacunación, esas enfermedades fueron retrocediendo drásticamente. Un hito histórico fue la erradicación de la viruela a nivel mundial en 1980, tras una cruzada vacunatoria global sin precedentes. La viruela, que llegó a matar a cientos de millones de personas a lo largo de la historia, desapareció de la faz de la Tierra gracias a una vacuna.
Otra historia de éxito es la de la poliomielitis: esta enfermedad viral causaba parálisis y muerte; en la Argentina produjo grandes brotes en las décadas de 1940-50. La vacuna Salk (inactivada) desde 1957 y luego la Sabin oral lograron un control efectivo. El último caso de polio en nuestro país se detectó en 1984, y en 1994 la Organización Panamericana de la Salud certificó a todo el continente americano como “libre de poliovirus salvaje”. Desde entonces no hemos tenido polio paralítica, un logro enorme de la vacunación.
Asimismo, la vacuna contra el sarampión (introducida en los 60) redujo dramáticamente los casos. Para el año 2000, el sarampión endémico fue declarado eliminado de las Américas. Lo mismo ocurrió con la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, eliminados regionalmente en 2015. Otras incorporaciones, como las vacunas contra la difteria, tos convulsa (coqueluche) y tétanos (DTP), contra la tuberculosis (BCG), la hepatitis B, Hib, paperas, varicela, meningococo y más recientemente HPV y neumococo, han ido ampliando la protección. De hecho, Argentina pasó de tener solo 6 vacunas obligatorias para niños en 1983 a un Calendario Nacional con 20 vacunas gratuitas para todas las etapas de la vida en la actualidad. Esta expansión ha prevenido innumerables muertes y discapacidades: por ejemplo, la introducción de la vacuna antineumocócica y la rotavirus en 2015 evitó decenas de miles de hospitalizaciones y muertes por neumonía y diarreas infantiles cada año.
Gracias a las vacunas, hoy en día muchas enfermedades peligrosas están en mínimos históricos. El tétanos neonatal, que mataba a recién nacidos en zonas rurales, fue eliminado mediante la vacunación de embarazadas. La fiebre amarilla ya no causa estragos en el Litoral gracias a la vacunación en áreas de riesgo. La hepatitis B dejó de transmitirse de madre a hijo desde que se vacuna a todos los bebés al nacer. En suma, vacunarse ha sido tanto un acto de supervivencia personal como de solidaridad social, resultando en comunidades más saludables y longevas. “Han salvado millones de vidas, erradicado enfermedades como la viruela o la polio, controlado otras y mejorado la calidad de vida de millones de personas en el mundo”, sintetiza un artículo explicativo de Chequeado. La evidencia científica es contundente: la seguridad y eficacia de las vacunas está demostrada rigurosamente, y los supuestos argumentos contra ellas han sido refutados una y otra vez con estudios serios.
Retroceso inadmisible: el peligro de la baja cobertura y el movimiento antivacunas
Pese a esta historia de éxitos, en los últimos años las tasas de vacunación en Argentina han mostrado un preocupante descenso. Diversos factores –desde las dificultades logísticas en la pandemia de COVID-19 hasta la difusión de desinformación antivacunas en redes sociales– han llevado a que la cobertura de algunas vacunas de calendario cayera por debajo del 50% en 2024, cuando lo recomendable es superar el 95%. Esta caída histórica en la vacunación infantil y adolescente abre la puerta al regreso de enfermedades que estaban bajo control. De hecho, ya se han encendido alarmas por rebrotes de sarampión y coqueluche (tos convulsa) en nuestro país, enfermedades que hacía décadas no circulaban gracias a la inmunización.
La comunidad científica argentina está profundamente preocupada por este escenario. Las principales sociedades médicas –incluyendo infectólogos, pediatras, vacunólogos, epidemiólogos, virólogos y microbiólogos– han advertido que las actuales tasas de vacunación “son alarmantemente bajas” y que “enfermedades que habían sido controladas gracias a la inmunización están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes, como el sarampión y la coqueluche”. En este contexto, darle espacio a discursos antivacunas no es solo irresponsable, es francamente peligroso. Un pronunciamiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires –que representa a miles de profesionales de la salud– alertó que el evento convocado en el Congreso “puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o generar dudas respecto al valor de las vacunas; lo que resulta de enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas”. Señalaron que enfermedades antes completamente controladas por las vacunas “están re-emergiendo como problemas sanitarios de peso (v.g. sarampión, tos convulsa, hepatitis A, etc.)”.
Los médicos advierten que dejar de vacunar o debilitar los programas de inmunización tendría consecuencias catastróficas y rápidas. El Colegio de Médicos bonaerense, en su carta al Ministerio de Salud, enumeró algunos de los escenarios de un mundo sin vacunas:
- Resurgimiento de epidemias: patologías altamente contagiosas como poliomielitis, sarampión, difteria, coqueluche y rubéola volverían a circular de forma masiva. Muchas de ellas podrían alcanzar niveles epidémicos, revirtiendo décadas de control. Por ejemplo, un solo caso de polio importado podría propagarse entre miles de niños no vacunados y causar parálisis nuevamente.
- Pérdida de la inmunidad colectiva: al caer la cobertura, se perdería la protección comunitaria que hoy protege a los más vulnerables. Bebés demasiado pequeños para vacunarse, pacientes inmunosuprimidos (por cáncer u otras enfermedades) y personas que no respondieron a alguna vacuna quedarían expuestos sin defensa. Cadenas de contagio que antes se cortaban rápidamente se mantendrían activas, infectando a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones.
- Aumento de morbilidad y mortalidad: habría un brutal incremento de casos graves, internaciones y muertes prevenibles. Reaparecerían complicaciones temibles: la poliomielitis provocando parálisis permanentes; el sarampión causando encefalitis letal en algunos niños; la rubéola en el embarazo generando malformaciones congénitas; la meningitis bacteriana dejando sordera o daño neurológico, entre otras tragedias. En síntesis, colapsarían años de progreso sanitario y muchas vidas se perderían innecesariamente.
Frente a ese panorama, promover dudas infundadas sobre las vacunas es atentar contra la salud pública. No es casualidad que la Organización Mundial de la Salud haya catalogado a la vacilación vaccinal (vaccine hesitancy) como una de las 10 principales amenazas para la salud mundial en 2019. Si Argentina bajara la guardia en vacunación, rápidamente podríamos ver brotes como los que hoy sufre EE.UU. en comunidades anti-vacunas. “Los especialistas coinciden en que [dejar de vacunar] puede abrir la puerta a la reaparición de enfermedades que estaban bajo control. (…) Las vacunas erradicaron la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la hepatitis y otras patologías que diezmaron poblaciones… No podemos retroceder”, enfatizó el epidemiólogo Hugo Pizzi ante el avance de discursos antivacunas en el hemisferio norte. No podemos permitir un retroceso semejante en la Argentina.
La campaña antivacunas del Mileismo: personajes sin aval médico y argumentos refutados
En este contexto crítico, resulta indignante que autoridades y figuras vinculadas al gobierno de Javier Milei estén impulsando una campaña antivacunas o, cuanto menos, dando aire a posturas extremistas carentes de sustento. La diputada Marilú Quiroz, organizadora del evento en el Congreso, no pertenece al ámbito de la salud ni cuenta con formación científica –de hecho, su perfil público la describe como empresaria del turismo de Chaco–, pero aun así se arroga la autoridad de “debatir” la seguridad de las vacunas. Quiroz se autodefine como “no antivacunas” pero rechaza la vacunación obligatoria, repitiendo latiguillos libertarios. “Yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta, no me pueden ir a buscar con la policía para que me vacunen”, declaró recientemente, deslizando que las campañas de inmunización serían una imposición autoritaria. La diputada incluso sugirió que en lugar de vacunarnos deberíamos “promover la salud tomando sol, caminando descalzo, comiendo sano y mirando cosas que te hagan bien”, al tiempo que sembró sospechas afirmando que “la ANMAT no es sinónimo de seguridad”. Estas declaraciones dejan en evidencia un alarmante grado de ignorancia científica: ni la vitamina D por tomar sol ni el “andar descalzo” van a proteger a un niño del sarampión o la polio; las vacunas sí lo hacen, y cuentan con la aprobación de ANMAT luego de exhaustivos estudios. Que una legisladora confundida en estos temas organice una charla “científica” es un despropósito mayúsculo.
El evento promovido por Quiroz es particularmente preocupante por los “expertos” invitados y el temario. Entre los panelistas se anunció al médico chaqueño Oscar Botta, miembro de la organización negacionista “Médicos por la Verdad”, disertando sobre la supuesta relación entre “vacunas de calendario y autismo”. También figura una charla titulada “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”, a cargo de la dra. Viviana Lens, que promete contenido más cercano a la pseudociencia conspirativa que a la medicina. Cabe recordar que Médicos por la Verdad es un grupo marginal internacional conocido por difundir información falsa sobre COVID-19 y vacunas: en 2020 el Colegio de Médicos de España les abrió un expediente por violar el código de ética y generar alarma social negando la pandemia y rechazando medidas básicas de salud. Sus teorías –que van desde negar la eficacia de las vacunas hasta sostener disparates como que están “envenenadas” o modifican el ADN– han sido desmentidas rotundamente por la evidencia científica y repudiadas por las asociaciones médicas serias.
El viejo mito que relaciona vacunas con autismo es un ejemplo claro de estas falacias refritas. Dicho planteo proviene de un estudio fraudulento publicado en 1998 por Andrew Wakefield en The Lancet, que insinuaba una conexión entre la vacuna triple viral (SRP) y el autismo. Aquel trabajo fue luego refutado en múltiples investigaciones, la revista retiró la publicación y Wakefield fue sancionado por uno de los fraudes más infames en la historia de la medicina. Decenas de estudios epidemiológicos grandes (en distintos países y poblaciones) han confirmado que las vacunas NO causan autismo. Sin embargo, la mentira sigue circulando en círculos conspirativos “inmune” a los hechos, y es preocupante que ahora se le brinde una plataforma en el propio Congreso de la Nación.
Otro indicio inquietante fue la reciente visita a Argentina de Robert F. Kennedy Jr., conocido activista antivacunas en EE.UU., quien ocupa un cargo sanitario en la nueva administración Trump. Lejos de expresar reparos, Javier Milei lo recibió con honores en Casa Rosada, en lo que muchos interpretaron como un aval implícito a sus posturas extremas. Estos gestos y alianzas internacionales hacen temer un viraje oscurantista en la política de inmunizaciones local. Hasta el momento, el Ministerio de Salud nacional (que Milei mantuvo tras idas y vueltas) ha salido a reafirmar que “las vacunas del calendario son seguras y eficaces” y que se trabaja por mejorar las coberturas, tratando de llevar tranquilidad. Pero la puesta en duda pública de las vacunas por parte de dirigentes oficialistas mina esa labor.
En definitiva, los principales promotores de la campaña antivacunas actual –sea la diputada Quiroz u otros voceros extraoficiales– carecen de respaldo en la comunidad médica. Ninguna sociedad científica seria avala sus dichos; por el contrario, son activamente repudiados por profesionales de la salud. Además, no presentan evidencia sólida que sustente sus afirmaciones alarmistas; se apoyan en teorías conspirativas, datos fuera de contexto o testimonios aislados fácilmente refutables. Por ejemplo, exhiben casos de supuestos “daños por vacunas” sin probar relación causal, ignorando que los eventos adversos graves son extremadamente infrecuentes (del orden de 1 en un millón) y que el riesgo de la enfermedad es miles de veces mayor. Omiten también mencionar que gracias a la vacunación se previenen ciertos tipos de cáncer (como el de cuello uterino por HPV o el de hígado por hepatitis B) y discapacidades permanentes. En suma, sus argumentos no resisten el menor escrutinio científico, y es por eso que “las sociedades científicas firmantes rechazamos la realización de este evento por considerarlo inequitativo y propenso a difundir falsos conceptos que pueden favorecer la vacilación vacunal, poniendo en riesgo la prevención de enfermedades potencialmente mortales”.
Repudio unánime de la comunidad médica y científica
El rechazo a la movida antivacunas en el Congreso ha sido contundente y transversal. Por un lado, legisladores de distintas bancadas (sobre todo de la oposición) exigieron formalmente a Martín Menem la suspensión de la jornada. Miembros de la Comisión de Salud como los diputados Pablo Yedlin, Mónica Fein, Daniel Gollán, entre otros, enviaron una carta al titular de la Cámara advirtiendo que “la temática y el enfoque difundidos constituyen un dispositivo de desinformación sanitaria incompatible con los compromisos del Congreso”. Señalaron que prestar un espacio institucional a teorías contra la vacunación implicaría validar el negacionismo científico desde el Estado, algo gravísimo. Lamentablemente, estos pedidos fueron desoídos por la nueva mayoría libertaria en Diputados, que permitió que la actividad se realice.
Por otro lado, las principales sociedades científicas y colegios médicos del país expresaron públicamente su repudio. Una carta abierta al Congreso firmada por la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) junto a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Virología, la Asociación de Microbiología y la Sociedad Argentina de Medicina, entre otras, solicitó cancelar el evento “por atentar contra la salud pública”. En el comunicado conjunto, las entidades advirtieron que actividades así “con mensajes basados en el negacionismo científico, generan un riesgo significativo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas”, subrayando la reaparición de enfermedades eliminadas. Reforzaron “la importancia de sostener el compromiso del país con la salud pública y de reconocer a las vacunas como un bien fundamental para la comunidad, tal como establece la Ley 27.491”. La comunidad médica fue clara: dar tribuna a discursos antivacunas en un ámbito del Estado es inadmisible, y pidieron a las autoridades que entren en razón.
Asimismo, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito I) emitió un comunicado durísimo en el que calificó la jornada de “tendenciosa, inequitativa y favorable a generar falsos conceptos”, con el riesgo de inducir vacilaciones en la comunidad a la hora de decidir vacunarse. En su carta al ministro de Salud, el Dr. Rubén Tucci (presidente del Colegio) afirmó que avalar este tipo de encuentros en un ámbito parlamentario “induce al negacionismo científico”, y enfatizó que “resulta imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la Salud Pública, reconociendo a las vacunas como bien fundamental para la comunidad, conforme lo garantiza la Ley de Vacunas (Ley 27.491)”. Esta última frase es muy significativa: recuerda que la propia Ley 27.491 –aprobada por todo el arco político– consagra el valor de las vacunas para la comunidad, y por ende cualquier discurso que atente contra ellas va contra el espíritu de nuestras leyes y políticas sanitarias.
Colegas de Quiroz en el Congreso también expresaron su estupefacción. “Es inaceptable que estemos debatiendo esto en pleno siglo XXI”, comentó un diputado opositor, “como si la Tierra fuese plana o las vacunas no hubiesen demostrado ya su eficacia”. Médicos y científicos de renombre (incluyendo ex ministros de Salud) manifestaron en redes su preocupación y recordaron que poner en duda las vacunas pone en peligro vidas. En resumen, el consenso científico y sanitario es unánime en repudiar esta campaña antivacunas. Sólo pequeños sectores aislados y sin respaldo profesional apoyan esas ideas, y lamentablemente hoy encuentran eco en funcionarios encumbrados.
Ciencia vs. negacionismo: no debemos bajar la guardia
La vacunación obligatoria en Argentina tiene un sólido sustento científico, histórico y jurídico. Gracias a las vacunas, nuestro país y el mundo han conseguido hazañas extraordinarias: erradicar la viruela y la polio, controlar el sarampión, reducir la mortalidad infantil, prolongar la expectativa de vida y prevenir sufrimientos incalculables. Hitos que costó décadas alcanzar pueden perderse rápidamente si cala hondo el mensaje irresponsable de los antivacunas. Permitir que desde el gobierno de Milei se aliente o legitime siquiera tangencialmente este discurso es gravísimo. La salud pública no puede supeditarse a ideologías extremas ni a teorías conspirativas refutadas.
Es fundamental que la ciudadanía esté informada: las vacunas son víctimas de su propio éxito –al haber reducido tanto la presencia de ciertas enfermedades, algunas personas olvidan lo terribles que eran. Pero basta mirar la historia o brotes recientes para comprender que, sin vacunas, estaríamos enterrando a miles de niños por enfermedades ahora prevenibles. Como advirtió el Dr. Hugo Pizzi, “no podemos olvidar lo que sufrió la humanidad en el pasado… No podemos retroceder”.
Por ello, resulta pertinente exigir a las nuevas autoridades nacionales responsabilidad y apego a la evidencia. Hacer política sanitaria basada en la ciencia no es opcional, es un deber indelegable. Cualquier funcionario que promueva la anti-vacunación carece de idoneidad y pone en riesgo la vida de la gente. La sociedad argentina en su conjunto –desde los colegios médicos hasta las familias en cada barrio– debe reafirmar su compromiso con el calendario de vacunación. Las vacunas salvan millones de vidas y son imprescindibles en el mundo moderno, y Argentina no será la excepción. En lugar de abrir la puerta al oscurantismo, el gobierno debería concentrarse en mejorar las coberturas de vacunación, recuperar las cifras óptimas que supimos tener y combatir la desinformación con campañas educativas.
En conclusión, la “jornada científica” antivacunas auspiciada por sectores del mileísmo merece el más enérgico rechazo. No es más que una tribuna de pensamiento mágico y negacionista que atenta contra la salud de todos. Afortunadamente, la voz de la comunidad médica y científica se ha alzado fuerte, recordándonos que vacunarse es un acto de solidaridad, de amor por la vida y de respeto al prójimo. Entre la ciencia y el negacionismo, no puede haber medias tintas: Argentina debe estar del lado de la ciencia, de Pasteur, Sabin y Milstein, no del lado de los charlatanes. Mantengamos firme la defensa de las vacunas, porque en ello nos va –literalmente– la vida.
