Colaboración: Daniel Ruiz

El reciente caso de Necochea ha encendido las alarmas sobre la violencia juvenil potenciada por las redes sociales. En esta ciudad de la costa bonaerense, un adolescente de 15 años murió tras una pelea callejera contra otro joven, de 17, en un playón de estacionamiento frente al casino local. La confrontación ocurrió a medianoche y había sido acordada como un “mano a mano”, rodeada de varios otros chicos que filmaban con sus celulares y hasta alentaban la pelea sin que ningún adulto interviniera. En apenas minuto y medio de forcejeo y provocaciones, todo terminó trágicamente: el joven de 15 años recibió una puñalada a la altura de la ingle, que le cortó la arteria femoral provocándole una grave hemorragia. Pese a ser trasladado al hospital, falleció horas después debido al shock hipovolémico por la pérdida de sangre.

Las imágenes registradas por los propios adolescentes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Paradójicamente, esos videos terminaron siendo una pieza clave para la actuación de la Justicia, que logró identificar y detener al agresor de 17 años. El joven fue aprehendido poco después y derivado a un instituto de menores en Batán, imputado por homicidio calificado por el uso de arma blanca. Incluso, no se descarta que se formulen nuevas imputaciones contra otros partícipes, ya que la fiscalía analiza las grabaciones para determinar responsabilidades penales de quienes armaron o instigaron la riña. Este episodio ha servido como triste disparador para reflexionar sobre la escalada de violencia entre adolescentes, el papel de las redes sociales en estos conflictos, la falta de control adulto y qué pueden hacer la familia y las instituciones educativas para prevenir nuevas tragedias.

Peleas viralizadas: adolescentes que se citan por redes sociales

Lejos de ser un hecho aislado, el caso de Necochea se enmarca en una preocupante modalidad: grupos de adolescentes que se convocan mediante redes sociales para pelear en lugares públicos, a veces portando armas, mientras otros filman y difunden las imágenes. Autoridades de distintas provincias alertan que esta “nueva modalidad de violencia” ha ido en aumento. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia (Chubut) la Policía logró desactivar una pelea organizada vía Instagram entre chicos de 14 a 16 años que planeaban enfrentarse en una plaza, incluso habiendo llevado armas blancas caseras (facas) para usar en el duelo. Al intervenir, los agentes incautaron nueve cuchillos tipo faca que uno de los jóvenes tenía escondidos en su ropa y mochila. Según el informe policial, los adolescentes creaban cuentas falsas de Instagram para coordinar estos encuentros y eludir controles, cerrando y abriendo nuevos grupos constantemente. La situación llegó al punto de requerir un operativo especial con presencia policial en horarios de salida escolar, y charlas de concientización en los colegios de la zona para frenar estas convocatorias violentas.

Las estadísticas reflejan la magnitud del fenómeno. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, hubo al menos 260 adolescentes heridos en lo que va de 2024 por peleas callejeras organizadas a través de redes sociales. Muchas de estas grescas son difundidas bajo la etiqueta de “juntadas pilcheras”, encuentros convocados en redes (Instagram, WhatsApp, TikTok) donde centenares de jóvenes se reúnen —por ejemplo, en shoppings o plazas— y terminan en batallas campales. Un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires advirtió que estas juntadas ya provocaron episodios gravísimos: en un caso en un centro comercial se reunieron unos 300 adolescentes y el evento derivó en un caos con cuchillos, dejando cuatro chicos apuñalados. Javier Miglino, abogado especialista en niñez, describe el mecanismo de estas convocatorias: “Todo empieza con una invitación abierta en Instagram, WhatsApp o TikTok. Algún chico con muchos seguidores invita a una ‘juntada pilchera’ en un shopping… Basta con que uno le diga a otro ‘vos sos tal de Instagram que me bardéó el otro día porque soy de Mataderos’ o que surja una discusión trivial entre chicas para que se desencadene una confrontación. Esto es un problema que acaba de comenzar”. Es decir, pequeñas rencillas o provocaciones en redes pueden escalar rápidamente a la violencia física, en entornos donde los pares celebran o incitan la pelea mientras la registran en video.

Bullying y la escalada de conflictos juveniles

Detrás de estas peleas pactadas y viralizadas subyace con frecuencia el problema del bullying y la agresión entre pares. El acoso escolar tradicional y su variante virtual (ciberbullying) sientan un contexto de violencia grupal y hostigamiento sostenido que a veces deriva en enfrentamientos físicos. Argentina enfrenta una situación alarmante en este aspecto: se ubica entre los países con mayor prevalencia de bullying en el mundo, ocupando el quinto lugar global según la ONG Bullying Sin Fronteras. Un reporte de dicha organización contabilizó más de 50.000 casos de acoso grave en 2023, y las cifras han seguido en ascenso. De hecho, entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron al menos 140.000 casos graves de bullying y ciberbullying en el país, el récord histórico desde que hay mediciones. Las consecuencias pueden ser trágicas: en ese mismo período, se contabilizaron 111 muertes de jóvenes en Argentina vinculadas al bullying, ya sea por suicidios de víctimas acorraladas o hechos de violencia homicida entre adolescentes. Estos datos estremecedores revelan cómo la violencia entre adolescentes puede escalar hasta extremos fatales si no se interviene a tiempo.

El bullying se caracteriza por agresiones intencionales y reiteradas de uno o varios chicos contra otro compañero, en un marco de desequilibrio de poder. Muchas veces involucra testigos que alientan o guardan silencio, normalizando la violencia. La virtualidad amplifica el alcance del acoso: comentarios ofensivos, difusión de fotos humillantes, agravios en grupos de WhatsApp, suplantación de identidad en redes para hostigar, etc.. Esta dinámica de hostigamiento grupal crea un clima donde la agresividad se ve validada por la mirada de pares. Así, no es casual que varias peleas filmadas entre jóvenes muestren a grupos de espectadores vitoreando. En Necochea ocurrió exactamente eso: una veintena de adolescentes rodeando a dos contendientes, grabando con sus teléfonos y gritando para que continúen la riña. Ese rol de “público” pasivo o incluso cómplice es análogo al de los testigos del bullying que no frenan el abuso. Sin adultos presentes que actúen como freno, la presión del grupo puede alentar a los chicos a ir más allá de lo que harían individualmente, ya sea por buscar aprobación, por temor a ser considerados cobardes, o simplemente por la adrenalina del momento.

Distintos especialistas subrayan que los adolescentes replican patrones que ven en su entorno social. Si en la sociedad adulta abunda la agresividad para resolver conflictos, los chicos aprenden esas conductas. “Lo que sería una simple discusión en otra parte del mundo, en Argentina puede degenerar en un grave altercado con violencia. Ese comportamiento en los adultos se replica en niños y adolescentes bajo la forma de bullying… generando todo tipo de violencia”, advierte Javier Miglino, de Bullying Sin Fronteras. La influencia de las redes también aporta lo suyo: se cultiva la “cultura de la pelea filmada”, donde una gresca puede convertir a sus protagonistas en “famosos” virales por un día, obteniendo atención (aunque sea negativa) en Internet. Este fenómeno puede motivar a algunos jóvenes a buscar peleas a propósito, por “show” o estatus entre sus pares. En síntesis, el bullying y la violencia juvenil se retroalimentan con la dinámica de las redes sociales, haciendo urgente cortar este círculo vicioso antes de que cobre más víctimas.

Falta de control parental en la era de las redes

Un factor clave que emerge en estos casos es la ausencia de supervisión adulta en la vida digital y social de los adolescentes. Muchos padres y madres desconocen con quiénes interactúan sus hijos en redes, qué contenidos consumen o qué planes gestan online. En el episodio de Necochea, por ejemplo, resulta llamativo que un chico de 15 años estuviera en la calle a medianoche, inmerso en una pelea violenta, sin ningún adulto cerca que impidiera o siquiera supiera lo que sucedía. Lo mismo ocurre con las juntadas pilcheras organizadas en shoppings: centenares de menores congregados sin acompañamiento de sus padres. Esta falta de control y guía facilita que conflictos virtuales escalen en el mundo real.

Expertos en seguridad digital señalan que, aunque los jóvenes de hoy son nativos tecnológicos, eso no implica que sepan cuidarse solos en internet. “La familiaridad con la tecnología no equivale a saber protegerse”, resume Carolina Mojica, especialista de la firma Kaspersky. De hecho, los menores pueden exponerse a riesgos graves sin advertirlo: desde ciberacoso, hasta retos virales peligrosos, pasando por el contacto con desconocidos malintencionados. Por eso, la participación parental y el acompañamiento siguen siendo fundamentales para orientar y proteger a los chicos en la era digital. Diversos organismos recomiendan a las familias adoptar una actitud activa de control parental, que no significa espiar invasivamente la intimidad del adolescente, sino establecer reglas, diálogo y supervisión adecuados.

Algunas recomendaciones de especialistas para los padres incluyen:

• Conversaciones abiertas y frecuentes: Hablar con los hijos sobre cómo y con quién usan internet, qué hacen en redes sociales, fomentando un clima de confianza para que cuenten si algo los incomoda.
• Establecer reglas claras en conjunto: Acordar qué tipo de contenidos se pueden compartir, cómo reaccionar ante agresiones o mensajes sospechosos, y en qué casos deben pedir ayuda a un adulto.
• Monitoreo y acompañamiento activo: Interesarse por las plataformas, juegos y aplicaciones que utilizan; incluso compartir tiempo en línea con ellos para guiarlos, conocer su mundo digital y detectar eventuales señales de peligro.
• Predicar con el ejemplo: Los adultos deben usar responsablemente la tecnología, respetando las mismas normas que piden a sus hijos (por ejemplo, no abusar del teléfono durante las comidas, no fomentar agresiones en redes).
• Herramientas de control parental: Aprovechar funciones y aplicaciones que permiten filtrar contenidos inapropiados, limitar el tiempo de uso de pantallas y conocer la ubicación del menor, entre otras opciones.

En definitiva, el rol de la familia es insustituible para prevenir estas situaciones. Estar atentos a cambios de conducta, conocer el entorno de amistades (tanto físicas como virtuales) y poner límites sanos al uso de dispositivos y salidas es parte de la responsabilidad parental. Sin caer en la sobreprotección extrema, se trata de ejercer una presencia cercana y preventiva: saber a dónde van los hijos, con quién, y qué tipo de actividades realizan. Muchos episodios violentos entre chicos podrían evitarse si un padre o madre detecta a tiempo señales de alerta –por ejemplo, un hijo involucrado en peleas previas, o que consume y comparte videos violentos– e interviene buscando ayuda profesional o estableciendo consecuencias. La tarea no es fácil en tiempos donde la vida de los adolescentes transcurre tanto en el mundo físico como en el virtual, pero la comunicación y la vigilancia activa pueden marcar la diferencia entre una anécdota conflictiva y una tragedia.

El rol de las instituciones educativas

Frente a esta problemática, las escuelas y colegios también tienen una cuota importante de responsabilidad y acción. Los hechos de violencia entre alumnos, aunque ocurran fuera del horario escolar o en redes sociales, repercuten en la vida educativa y por lo general involucran a estudiantes de una misma comunidad. Por eso, las instituciones educativas no pueden desentenderse. En Argentina existe desde 2013 la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia Escolar, que obliga a las escuelas de todos los niveles a tomar medidas para prevenir y abordar la conflictividad social y el bullying en el ámbito educativo. Esta ley establece principios claros: rechazo a toda forma de violencia, hostigamiento o discriminación (inclusive la que se da virtualmente entre compañeros), fomento del diálogo como vía de resolución de problemas, y garantizar el derecho de todos los alumnos a una convivencia pacífica y segura. Asimismo, insta a cada institución a elaborar o revisar sus normas de convivencia internas, crear equipos especializados (o reforzar los existentes) para intervenir ante situaciones violentas, y establecer sanciones formativas que ayuden a los jóvenes a asumir responsabilidad por sus actos. En otras palabras, la ley proporciona un marco para que las escuelas pasen de la mera reacción punitiva a una estrategia proactiva integral contra la violencia entre estudiantes.

Un ejemplo concreto del rol escolar ante estas situaciones se vio en Corrientes, donde en 2022 se descubrió que alumnos de un colegio privado habían organizado peleas en el baño de la escuela, incluso recaudando dinero de apuesta para el ganador. La riña fue filmada y difundida por los propios estudiantes, provocando un escándalo cuando salió a la luz. ¿Cómo actuó la institución? Inmediatamente citó a los padres de todos los involucrados y aplicó sanciones disciplinarias contundentes: los alumnos recibieron 24 amonestaciones, una semana de suspensión y debieron realizar trabajos comunitarios como medida educativa. La apoderada legal de la escuela subrayó que el hecho era “inédito y muy grave”, contrario a los valores que promueven, y que ello los llevó a reforzar los sistemas de control y cuidado dentro del colegio. Este caso ilustra cómo una respuesta institucional rápida y firme, en coordinación con las familias, puede frenar a tiempo la escalada de violencia. Las sanciones tuvieron un carácter aleccionador más que expulsivo (acorde a la ley, que prohíbe medidas que excluyan al alumno definitivamente del sistema educativo), buscando reencauzar a los jóvenes y hacerles reflexionar sobre sus actos.

En general, el rol de las escuelas pasa por identificar tempranamente situaciones de acoso o enfrentamiento entre alumnos, ya sea en el patio, en las aulas o en el mundo virtual. Muchos conflictos que luego estallan en una plaza o en una esquina empiezan con hostilidades en la escuela o en chats de curso. Por ello, contar con gabinetes psicopedagógicos, docentes capacitados en mediación y protocolos anti-bullying resulta fundamental. Los docentes y directivos deben fomentar una cultura de la no violencia, promoviendo valores de respeto, empatía y diálogo. Actividades de concientización, talleres sobre uso responsable de redes sociales, y espacios donde los alumnos puedan expresar sus conflictos de forma constructiva son herramientas preventivas valiosas. Cuando pese a todo ocurren episodios de agresión, la institución debe intervenir sin demora, aplicando las sanciones que correspondan según su reglamento interno (siempre apuntando a lo formativo) y notificando a las autoridades competentes si se configura un delito. También es crucial acompañar a la víctima en caso de bullying o agresión, brindándole contención, y trabajar con el agresor para corregir esas conductas (muchos agresores a su vez arrastran problemas emocionales o contextos familiares violentos que la escuela puede ayudar a abordar junto con profesionales externos).

Finalmente, la articulación entre la escuela y otros actores comunitarios puede marcar la diferencia. En el caso de Comodoro Rivadavia mencionado, la policía se reunió con directivos escolares para coordinar charlas preventivas y aumentar la vigilancia en horarios críticos. Este tipo de acciones conjuntas –escuela, familia, fuerzas de seguridad y organismos de niñez– envían un mensaje claro a los jóvenes de que la violencia no será tolerada ni ignorada, y de que hay una red de adultos atentos. Al fin y al cabo, la escuela es un ámbito clave de socialización: si logra establecer un clima donde prevalezcan el diálogo y el respeto, esa cultura puede permear en la conducta de los alumnos fuera de sus muros.

En definitiva es necesaria una respuesta integral

El caso de Necochea, con la pérdida irreversible de una joven vida, expone crudamente los desafíos que nos plantea la violencia adolescente en tiempos de redes sociales. La solución no es simple ni mágica, pero sí está clara la necesidad de un enfoque integral: familias más involucradas, escuelas proactivas y un Estado presente. Los padres deben recuperar su rol indelegable de estar presentes en la vida de sus hijos, guiándolos y supervisándolos, especialmente en el mundo digital donde pasan tantas horas. Las instituciones educativas, por su parte, deben profundizar sus políticas de prevención del bullying y la violencia, haciendo cumplir las normas de convivencia y educando en valores de paz.

Asimismo, es importante que desde el Estado y la sociedad se promueva el uso responsable de las redes sociales. Las plataformas digitales no son en sí mismas las culpables –pueden ser herramientas positivas–, pero en manos inmaduras pueden amplificar conductas nocivas. Urge educar a los chicos en ciudadanía digital, para que comprendan las consecuencias de lo que publican o consumen en línea, y para que desarrollen empatía también en el ámbito virtual. Al mismo tiempo, corresponde evaluar si las empresas de redes y servicios de mensajería pueden hacer más para detectar y frenar contenido violento entre menores, aunque sabiendo que gran parte de la interacción ocurre en canales privados difíciles de monitorear sin invadir la privacidad.

En conclusión, prevenir la violencia entre adolescentes es responsabilidad de todos. Cada pelea evitada es potencialmente una vida salvada o un trauma menos. El caso de Necochea duele, pero debe servir de llamado de atención: no podemos normalizar que nuestros chicos se hieran o se maten por peleas convocadas como si fueran espectáculos. Detrás de cada video de una riña viral hay falta de diálogo, falta de límites y fallas en la contención adulta. Es imperativo trabajar para subsanar esas falencias. Si logramos que un adolescente piense dos veces antes de golpear, que un grupo de amigos opte por mediar en lugar de filmar, que un padre escuche a su hijo a tiempo, estaremos dando pasos firmes hacia comunidades más seguras y juveniles con futuro. La violencia no es un juego ni un destino inevitable: con educación, contención y presencia podemos cambiar el rumbo y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.