El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue establecido por la ONU en 1999 en homenaje a las hermanas Mirabal (víctimas de la dictadura de Trujillo, asesinadas el 25 de noviembre de 1960). En esta jornada se denuncia la violencia basada en el género (femicidios, violencia sexual, doméstica, psicológica, económica, etc.) y se exige su erradicación en todos los países. El objetivo es visibilizar las desigualdades y discriminaciones estructurales que afectan a las mujeres y diversidades, recordando que en muchos lugares la vida de una mujer o persona trans sigue corriendo peligro por su género.
Derechos reconocidos en materia de género
En Argentina existen varios derechos consagrados por la ley que protegen a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT+. Entre ellos destacan:
- Igualdad y no discriminación: La Constitución Nacional obliga al Estado a “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato… en particular respecto de… las mujeres”. Además, la jerarquía constitucional incluye tratados como la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que prohíben toda discriminación de género.
- Vida sin violencia: La Ley 26.485 de Protección Integral promueve “el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia”, y establece políticas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en la familia, el trabajo, la escuela y otros ámbitos. Esta ley reconoce derechos específicos como integridad física, salud, educación, dignidad e igualdad, y ampara a las víctimas garantizando acceso gratuito a la justicia y asistencia (art. 2º y 3º).
- Identidad de género: La Ley 26.743 establece que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género” y al libre desarrollo personal conforme a ella. Esto permite que toda persona trans pueda cambiar sus datos registrales (nombre, sexo) sin trámites judiciales ni requisitos médicos, garantizando así su dignidad y derechos.
- Paridad política: La Ley 27.412 impone paridad de género en las listas electorales nacionales, alternando mujeres y varones en las candidaturas. Gracias a esto, al menos el 50% de los cargos legislativos debe ser ocupado por mujeres, promoviendo su participación política.
- Inclusión laboral trans: La Ley 27.636 (Diana Sacayán – Lohana Berkins) establece medidas de acción positiva para favorecer el acceso al empleo formal de personas travestis, transexuales y transgénero. Reconoce sus derechos a la igualdad, la no discriminación, el trabajo digno, la educación y la identidad de género.
- Capacitación en género: La Ley 27.499 (Ley Micaela) obliga a que toda persona que trabaje en los tres poderes del Estado reciba capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres. Esto busca cambiar la cultura institucional y mejorar la atención a las víctimas.
Estos derechos y políticas públicas reflejan compromisos nacionales e internacionales (Constitución, leyes e instrumentos de DD.HH.) para reducir la brecha de género.
Situación actual en Argentina
Pese a estas leyes, la violencia de género sigue siendo una grave crisis en Argentina. Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de 2025 se registraron 228 casos de femicidios, travesticidios o transfemicidios (191 femicidios directos, 25 vinculados, 4 travesticidios y 8 instigaciones al suicidio). Es decir, aproximadamente un femicidio cada 35 horas. En lo que va del año decenas de niñas y niños quedaron sin madre, y cientos de mujeres sobrevivieron a intentos de femicidio. Estas cifras oficiales o de observatorios civiles evidencian que la violencia extrema no da tregua. Cada año marchas como “Ni Una Menos” reivindican justicia y exigen políticas efectivas para que ninguna vida más sea arrebatada por el machismo.
Retrocesos bajo el gobierno de Milei
Desde diciembre de 2023 la gestión de Javier Milei ha impulsado múltiples medidas que ponen en riesgo estos derechos. En enero de 2025 el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la eliminación de la figura de “femicidio” del Código Penal, argumentando una falsa igualdad. El femicidio (desde 2012 tipificado como asesinato de una mujer por violencia de género) conlleva prisión perpetua; quitar esta norma sería un paso atrás en la protección de mujeres. Al mismo tiempo, el gobierno suprimió el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, y degradó la línea 144 de asistencia (quitándole jerarquía y presupuesto). Estas líneas de ayuda y organismos especializados ayudaban a víctimas de violencia, y hoy quedaron desfinanciados. Además, el discurso oficial de Milei critica la “ideología de género” como algo negativo, deslegitimando los derechos de las mujeres y las minorías sexuales que ya están plasmados en la ley. Por ejemplo, en la ONU Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución para intensificar la prevención de la violencia contra mujeres y niñas; este aislacionismo diplomático refleja el giro ideológico del gobierno.
Organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian que estas medidas aumentan la vulnerabilidad de mujeres y disidencias. Al desmantelarse políticas públicas claves, se debilita la prevención y asistencia a víctimas. En suma, las acciones del gobierno de Milei van en detrimento de los derechos reconocidos: en lugar de reforzar la igualdad real, proponen una “igualdad formal” que ignora las necesidades concretas.
Por todo lo antes mencionado
El 25 de noviembre recuerda que la violencia de género es un problema estructural que debe combatirse con educación, justicia y políticas públicas integrales. La Ley 26.485 y otras normas garantizan derechos que aún deben cumplirse a fondo. En un país que ya tiene leyes avanzadas, resulta aún más grave cuando el Estado abandona su rol protector. Según expertos y observatorios, la falta de medidas efectivas (o su retroceso) se refleja en los altos índices de femicidio actuales. Por eso, numerosas voces exigen preservar y ampliar los derechos de género, sostener los recursos para la prevención y atención, y rechazar discursos que culpabilizan a las víctimas. La sociedad civil recuerda que sin igualdad real no hay democracia plena: restituir las políticas de género y aplicar las leyes vigentes es esencial para que las mujeres y diversidades puedan vivir sin miedo y con plenos derechos.
